El escándalo por un posible caso de corrupción de un inspector de cauce de Irrigación derivó en una denuncia penal por parte del Honorable Tribunal Administrativo. En concreto, el «castigo» casi fue un chas chas en la cola ante semejante caso de supuesta malversación de fondos públicos: se decidió suspender por 60 días al inspector Alejandro Currenti, al que se lo emplazó para devolver los fondos no invertidos con intereses (solo un milloncito de pesos, es decir, el valor de un TV Smart de 55 pulgadas). Además, se le corrió vista al Tribunal de Cuentas para que intervenga.
Son varias las irregularidades por las que había resistencia a aprobar la rendición de cuentas que presentó Alejandro Currenti. Se hablaba de un desmanejo de recursos públicos por 30 millones de pesos pero según consta en la resolución del Honorable Tribunal Administrativo, se lo ha emplazado a devolver 1.3 millones de pesos más intereses por irregularidades en obras realizadas en el departamento de Guaymallén.
«El Honorable Tribunal Administrativo (HTA) del Departamento General de Irrigación decidió hoy suspender por 60 días al Inspector de Cauce Alejandro Currenti, y que tenga que devolver los fondos de remanentes no invertidos, con intereses desde el 04/10/22, fecha de la última entrega que se hizo a la Inspección de Cauce», manifestaron desde Irrigación.
Pero además de ello, se decidió también hoy darle intervención al Honorable Tribunal de Cuentas y a la UFI (Justicia Penal) competente, con remisión de lo actuado ante el procedimiento administrativo irregular.
Lo que se investiga es la posible irregularidad cometida en el manejo de, al menos, tres obras financiadas por el DGI. La Inspección de la discordia en Corralitos presentó un déficit en sus últimos dos balances que reconoce un agujero de $22 millones en el 2022 y de $12 millones en el año 2023. Pero las irregularidades que se están ventilando no se terminan solo en la manera en que se manejaron recursos por parte de esta Inspección. Se sospecha que Irrigación le otorgó fondos a Currenti para que construyera la sede en Corralitos, pero Currenti la terminó edificando en un terreno de su propiedad y firmó un comodato que le permitiría utilizar las instalaciones que le pagó el Estado (galpones, infraestructura , etc) en beneficio propio. Todo eso deberá ser investigado en sede penal.
Por último, atento a la magnitud del escándalo, el Departamento General de Irrigación intentó despegarse de Currenti aclarando que los inspectores de cauce son designados por los propios regantes. «En Mendoza hay 137 Inspecciones de Cauce. Sus titulares, los Inspectores, no son empleados de Irrigación. Son usuarios del agua elegidos democráticamente por el resto de los regantes, y durante 4 años administran el agua en la etapa final del sistema», explicaron desde el Tribunal Administrativo que integran los cinco Consejeros que representan las cuencas hídricas de la provincia y el Superintendente.
Es decir Alejandro Gennari (río Mendoza), Eloy Guerrero (Tunuyán Inferior), Omar Sorroche (Tunuyán Superior), Gustavo Ruiz (Diamante), Gustavo Villegas (Atuel) y Sergio Marinelli, respectivamente.
Las tareas que habitualmente realiza una Inspección de Cauce son administrar el recurso hídrico, lo que implica obras de riego, limpieza de cauces, mantenimiento y adquisición de bienes de uso y a ello se suma otros gastos de la propia administración de las Inspecciones.
Fuente MDZ
