Desde el gremio de judiciales pidieron el fracaso de la conciliación obligatoria que dictó el gobierno provincial. Con esta conciliación el gobierno buscaba ganar tiempo y debilitar la lucha de los empleados judiciales, que tuvieron en paro todas las oficinas del poder judicial durante casi un mes.
La presentación del fracaso de esta conciliación la hizo el Secretario General del gremio, Ricardo Babillón, luego de que el Administrador General de la Corte, Enzo Rizzo, no quisiera sentarse a negociar en el auditorio de la Subsecretaría de Trabajo, donde habían sido citadas ambas partes.
La Corte y el representante de la subsecretaría dijeron que la misma fracasó dado que Babillón pretendía realizar la misma con su tribuna presente (refiriéndose a otros trabajadores judiciales que habían ingresado como oyentes), hecho que ocurre normalmente con otros sindicatos como ATE.
Desde la Corte salieron a criticar la medida tomada por parte del sindicato dado que supuestamente la propuesta que había elaborado con el Ministerio de Hacienda de la provincia “era superadora”. Lo cierto es que lo que se modifica en la propuesta del gobierno es que se toma enero y no diciembre como base para los aumentos del 11% propuestos para abril, mayo y junio, al tiempo que se le suma un ítem para ciertas clases (de la 8 a 23); a cambio de esto se sacaba otro ítem de los aumentos, por lo cual había que realizar un descuento. “Pero era superadora” insisten desde el gobierno.
Ante esta situación un grupo de trabajadores judiciales volvió a reclamar en el cuarto piso del Palacio de Justicia, en horas de la siesta; mientras del gremio anunciaron nuevas medidas de fuerzas para después de terminada la feria judicial (13 de julio).
En ese contexto, el gobernador Alfredo Cornejo cuestionó este miércoles la actitud de los gremios del Poder Judicial y pidió que “reflexionen” porque son los únicos sindicatos de la provincia que están en conflicto social.
“Los gremios del sector público y privado no están en conflicto social. Han tenido sus paritarias, están trabajando y no hay paros en Mendoza en ninguna otra actividad”, destacó el mandatario, quien de todas maneras reconoció que existe “un problema de pérdida de salario en el sector público y fundamentalmente en el sector privado”.
Los dos gremios judiciales (empleados y funcionarios) fueron los únicos que no aceptaron las ofertas salariales y encabezaron un plan de lucha que incluyó paros que resintieron el servicio de Justicia. Actualmente rige una conciliación obligatoria, pero los sindicatos solicitaron que se dicte su fracaso porque la propuesta oficial no los convenció.
“El conflicto de los gremios judiciales está fuera de contexto. No comprenden que el Estado puede pagar determinados sueldos, como sí lo comprende el resto de los gremios”, afirmó Cornejo. Y agregó: “Le pido que reflexionen los dirigentes gremiales, tienen que estar abiertos al acuerdo”.
El Gobernador apuntó principalmente contra el gremio de los empleados judiciales, encabezado por Ricardo Babillón. Según expresó en una conferencia de prensa, el propio sindicato presionó para que la Suprema Corte solicitara la conciliación obligatoria, pedido que fue aceptado por la Subsecretaría de Trabajo.
“Fueron a la conciliación y porque no fue en un auditorio para que entraran todos sus compañeros, se retiraron. La verdad que uno piensa es si es sólo un conflicto salarial”, enfatizó Cornejo. En tal sentido, pidió a los representantes sindicales que “tengan predisposición al diálogo, a escuchar y a escucharse”.
“Aspiramos a un entendimiento, pero tenemos una política salarial: no podemos dar más salario que la recaudación. Ese es nuestro límite. No hay mala fe. No es que nos estamos guardando en el bolsillo, lo que no hay, no hay, por eso hay que escucharse para poder llegar a un acuerdo”, dijo.
Por último, se refirió al regreso de las negociaciones paritarias, programadas para la semana próxima. “Tenemos toda la predisposición de llegar a un acuerdo con todos los gremios, incluidos los judiciales, en las mismas condiciones”, comentó Cornejo.
La respuesta de Babillón no tardó en llegar y en diálogo con El Sol remarcó que el Gobernador “tendrá que ver a quien tiene en su círculo que le está vendiendo algo que no es y que la única intención que tiene es perjudicar al sistema judicial“.
Mientras tanto, el gobierno de Alfredo Cornejo quiere sacar un decreto para sanciones de suspensión y posibles exclusiones de las tutelas sindicales a los trabajadores públicos. Babillón respondió que la iniciativa del gobierno mendocino “es una movida más para intentar sancionar los derechos sindicales y evitar el libre ejercicio del derecho sindical”.
Con información de El Sol, Agencia Farco y Prensa Obrera
