Si bien el 2023 será de elecciones, desde el Ejecutivo provincial, no hacen caso a lo que se dice en los pasillos de la Casa de Gobierno, “No hagamos nada que así ganamos en la próximas elecciones”, pero en pos de dejar la bases de algo nuevo, pero viejo, vuelven a sacar de archivo un proyecto como Cerro Amarillo de exploración, que no utilizará ninguna de las sustancias químicas prohibidas por la legislación vigente la 7722, que podría ampliar la matriz productiva y generar empleo en medio de la crisis generalizada que afecta al país y a la provincia, donde no hay grandes opositores a la actividad, dado que se evalúa el expediente desde foja cero, y algunos ya ni están en la legislatura cuando esto inició allá por el 2006, como el caso de Ana Sevilla y Guillermo Carmona grande opositores y aliados de Pérez en su momento.
Con la premisa que ingresó por la cámara Alta un viernes pasadas las 15 horas, la ratificación a una resolución de la dirección de minería y de la dirección de protección ambiental del 2014 por la cual se otorga la declaración de impacto ambiental al Proyecto que podría avanzar con los votos sin mayores problemas y poca resistencia por la falta de conocimiento de un expediente que acumula más de 800 fojas y más de 17 años de manoseo, y que de aprobarse deberá pasar la barrera de la cámara Baja, encabezada por el diputado díscolo del frente Cambia Mendoza, el sancarlino Difonso, aliado del massismo y gran opositor a temas mineros, con la mira puesta en objetivos personales, se suma además quien deberá tomar partido para el debate, quien aspira a ser Intendente de las Heras después de radicar su domicilio hace poco menos de un año… el presidente de la cámara Baja.
Por ahora, después de 17 años desde su presentación formal por parte de unos de los dueños, e investigadores del INIGLIA (autoridad de aplicación de los glaciares, Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), según reza a foja 17, los legisladores prefieren no hacer declaraciones, algunos amordazados en pos de no perder el poco caudal de votos unen las alianzas que en marzo/23, esperan que se hagan visibles las jugadas que haga Cornejo, a ver si cuajan o se disuelven, otros que aun ni saben cómo llegaron a levantar la mano desde sus bancas, y otros hasta tanto no conozcan el expediente en detalle, el cual lleva casi 2 siglos en la Legislatura, y se puede leer husmeando un poco en el sistema que utilizan diariamente de uso público.
La ley provincial 7722 exige, en su art. 3 que, para cualquier proyecto de minería metalífera, para cada una de las fases de cateos, prospección, exploración, explotación, o industrialización, la DIA debe ser ratificada por ley, pero es necesarios mencionar sobre la idoneidad y competencias reservadas los profesionales que cada legislador o, sus equipos de asesores, pueda tener en los temas de minería y ambiente, a sabiendas que no existen matriculados en forma legítima en esta rama en la provincia, la verdadera cuestión es ¿qué organismo mide o evalúa las competencias reservadas los profesionales de cada legislador y sus equipos? ¿en manos de quién queda la última palabra de un proyecto de inversión y desarrollo de Mendoza? ¿aplica para todos esto en la industria?
Independientemente de estos procesos legales técnicos, dependerá además de las consultas que se tienen que hacer al respecto. Para aprobarlo, se necesita mayoría simple de ambas cámaras, y contemplar los filtros de EIA (Estudio de Impacto Ambiental), el cual analizadas cada foja el mismo, fue aprobado en su momento, pero fue realizado por una universidad foránea de Cuyo, una de San Luis y aprobada por el actual director de Minería de Mendoza, según reza a foja N° 808.
El proyecto se encuentra fuera la cuenca del Río Atuel y de la cuenca del Río Malargüe, entonces no existe ninguna «potencial afectación» al agua utilizada para consumo humano o usos productivos de Malargüe, San Rafael y General Alvear, no requieren proceso de tratamiento con ninguna de las sustancias químicas prohibidas solo es necesario un proceso físico de separación por flotación, que no encuentra impedimento alguno.
Es fundamental destacar si realizará nuevamente la consulta pública de los expedientes y llamar a una audiencia pública, según la ley nacional 25675 y el art. 41 de CN, en pleno mundial, en un periodo extraordinario, contando los días para fin de años una provincia con los sueldos más bajo de Cuyo, con más del 43% de desocupación, 5ta en accidentes labores, generadora de más residuos que los países asiáticos.
