Los senadores del radicalismo mendocino también le dicen «no al 2×1» de la Corte y presentan un proyecto en la Legislatura provincial

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Continúa el repudio a la decisión del nefasto fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora se suma el bloque de Senadores de la  Unión Cívica Radical de Mendoza que firmaron un proyecto de declaración que tiene por objeto expresar el desacuerdo al criterio del voto mayoritario en el fallo emitido por la Corte, en el que se aplica el cómputo del 2×1, en beneficio de los condenados en los delitos de lesa humanidad, ya que consideran que el mismo afecta la sensibilidad social y política, al involucrar a todos los órganos del Estado.

El proyecto presentado en la Legislatura provincial, fue firmado por  21 senadores radicales, pertenecientes al frente Cambia Mendoza.

Entre ellos: HÉCTOR QUEVEDO, ARNANDO CAMERUCCI, JUAN CARLOS JALIFF, MARCELO RUBIO, VERONICA BESABE, MIGUEL BONDINO, MARIANA CAROGLIO, NORMA CORSINO, RAÚL FERRER, DANIELA GARCIA, EDUARDO GINER, ERNESTO MANCINELLI, JOSÉ ORTS, JORGE PALERO, MARÍA QUIROGA, MARCOS RECHE, MARISA RUGGERI, CLAUDIA SALAS, WALTER SOTO Y  JORGE TEVES.

Fundamentos

Reproducimos  a continuación el texto del documento de los legisladores del radicalismo mendocino:

«El presente proyecto de declaración tiene por objeto expresar el desacuerdo al criterio del voto mayoritario en el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el que se aplica el cómputo del 2×1, en beneficio de los condenados en los delitos de lesa humanidad.  Entendiendo que el mismo afecta la sensibilidad social y política, al involucrar a todos los órganos del Estado.

Adhiriendo en esta oportunidad a lo  expresado por la disidencia donde sostienen que no se ha dado ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad. Por el contrario, existe una consistencia en la definición, calificación y persecución de este tipo de delitos que se ha mantenido en diversos precedentes y más aún, puede decirse, como se lo ha señalado en diversos pronunciamientos institucionales de esta Corte como cabeza del Poder Judicial, que se trata de una política de estado, afirmada por los tres poderes, en diversas épocas, de modo que constituye parte del contrato social de los argentinos.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del siguiente proyecto de declaración».

 

Mendoza, 4 de mayo del 2017

 

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