«La venganza será terrible» debe haber pensado el oficialismo mendocino y sobre todo el gobernador Alfredo Cornejo. Los episodios de la reciente Apertura de las Sesiones Ordinarias, en donde el peronismo se mantuvo crítico ante la situación de la provincia y la gestión, sumada a las movilizaciones sindicales y políticos en la puerta de la Legislatura, puedan haber sido una de las causas de la actitud del mandatario provincial. Hoy se dio a conocer que Cornejo vetó una ley aprobada por unanimidad en la legislatura de Mendoza y cuyo autor es el camporista Lucas Ilardo. Se trata de una norma que establecía que en caso de accidentes menores se debía despejar la vía pública rápidamente.
De esta manera Cornejo desacreditó una ley gestada desde la actividad parlamentaria y que fue votada tanto por el oficialismo como la oposición. Al enterarse de la noticia, el diputado del bloque FPV Lucas Ilardo no demoró en mostrar su indignación y señaló desde las redes sociales: «LA SOBERBIA. Cuando el gobernador cree saber más q 38 senadores,48 diputados, el titular d vialidad y los jefes de tránsito d los municipios», escribió en su cuenta de Twitter, haciendo referencia al veto de la ley.
La Cámara de Diputados había dado el pasado 12 de abril una sanción final al proyecto de ley, iniciativa del diputado Lucas Ilardo (FPV), que modificaba el artículo 121 de la Ley de Tránsito de Mendoza, que reforma el procedimiento que rige los accidentes viales, a fin de que una vez demarcado el conflicto se proceda a quitar los obstáculos de las vías de circulación, y así evitar las molestias que pudieran ocasionar.
En este sentido, la iniciativa aclaraba que de no ser posible, se debería realizar la señalización del accidente con las balizas de los intervinientes, hasta que la autoridad se haga cargo del procedimiento.
En los fundamentos de la norma se indicaba desde la Ley de Ilardo que es corriente notar el caos que ocasionan los vehículos que participan de accidentes de tránsito al obstaculizar el paso, todo ello sumado a la espera de la autoridad correspondiente para que realice los procedimientos pertinentes al caso, ocasiona congestionamientos en las calles y retraso y molestias por estas situaciones.
Era de destacar que soluciones como la propuesta por el diputado Ilardo, ya se habían adoptado en Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires, sin obstruir el rigor de la investigación accidentológica.
Sin embargo, según los fundamentos del decreto firmado por Cornejo y que tiene fecha del 26 de abril, «el valor de la acción sancionatoria de cualquier Juez Vial pierde objetividad necesaria ya que no va a contar con actos únicos e irrepetibles que le permitirían no solamente una clara interpretación del suceso sino además la determinación de correspondencia de daños surgidos del propio siniestro», al haber sido los vehículos desplazados de la vía pública.
Asimismo, asegura que «el valor pericial se pierde si no se efectúa sobre el campo mismo de los hechos y contando siempre con la disposición final de los vehículos intervinientes post-impacto. Al modificar la escena, la valoración entra en un terreno probalístico (SIC) «.
También, según el decreto, «de ponerse en práctica la modificación cuestionada, desaparecerían del plano de análisis de los jueces administrativos viales, con la consecuente catarata de apelaciones que ello traería aparejado».
Asimismo, Cornejo le da la razón a la ley de que en muchas ocasiones los incidentes viales causan molestias y obstaculizan la normal circulación vehicular «pero no es menos cierto que desestimar la escena como parte del juzgamiento, librando y depositando en los ciudadanos obligaciones que no le son inherentes, tales como aportar los datos y realiza la intervención que el Estado debe realizar, raya en obligaciones ciudadanas que luego van a ser muy cuestionadas».
Otro de los fundamentos es que es la Policía Judicial quien debe cuidar y conservar todos los elementos que tengan que ver con el delito, o en este caso incidente vial y asegura que en caso de promulgar la ley, se causarán mayores inconvenientes, por lo que Cornejo decidió vetar el proyecto y remitir uno que salve las falencias que, para el Gobierno provincial, existen.
En tanto, el director de Seguridad Vial de la provincia de Mendoza, Leonardo Yapur, afirmó a MDZ radio que la ley se vetó porque es un «mamarracho».
«Parece copiada y pegada. Recomendamos el veto para no obstaculizar el procedimiento actual vigente y porque esta ley carece de argumentos válidos. Nos parece que fue apresurada su sanción y que se debió consultar a los especialistas en seguridad vial antes de proceder», explicó Yapud.
«No podemos dejar de lado toda la cuestión probatoria, que el juez necesita para resolver; vamos a presentar un proyecto superador. Vamos a hacer que intervengan los municipios en accidentes de este tipo en lugar de la Policía. Hay que preservar la escena del accidente, hacer un croquis, conocer el estado de los conductores; no es tan sencillo. Es mentira que esto se aplique en otras ciudades o provincias», agregó Yapur.
