El Senado de Mendoza trató y aprobó el pasado martes un proyecto de Resolución presentado por Lucas Ilardo, presidente del bloque justicialista, que tiene por objeto solicitar informes al Gobierno, a través de la Secretaría de Ambiente y del ministerio de Gobierno, sobre la asignación de 12.000 hectáreas de terrenos fiscales a la firma El Azufre S.A. que proyecta un centro de esquí en Malargüe.
Al mismo tiempo, el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez aclaró algunos aspectos relacionados con el tema, como por ejemplo que no se puede exigir todavía un estudio de impacto ambiental hasta que la empresa no haya presentado su proyecto.
El funcionario detalló en Radio Nihuil que «Potreros de Cordillera (el terreno en cuestión) es una fracción de tierras de frontera que tiene una regulación específica. Fue el Estado nacional el que le dio la posesión a Mendoza en 1969. Por ende, jamás uno puede transmitir un mejor derecho del que tiene».
Ibañez especificó que «la provincia, aparte de las leyes nacionales, tiene un convenio firmado por José Octavio Bordón con la Nación para darle curso a las 52.000 hectáreas de la zona. Lo que fomenta ese acuerdo es la radicación de personas, actividades, emprendimientos con el fin de poblarlas…. Este convenio y las leyes establecen finalidades que tienen algún tipo de preferencias como turísticas o agrícolas.».
«La facultad de la Provincia es asignar el terreno y darle prioridad a aquellos que comiencen a desarrollar proyectos vinculados a estas finalidades», amplió el ministro.
No obstante, el PJ mendocino elevó el tema al Congreso Nacional mediante un proyecto de Declaración presentado por el diputado nacional Adolfo Bermejo junto a sus pares Marisa Uceda y Eber Pérez, pidiendo un informe al Gobernador Suarez acerca de la entrega de 12.000 hectáreas en Malargüe.
El legislador del peronismo mendocino expresa su preocupación en el escrito que le envía al presidente de la Cámara y manifiesta: » Los predios antes mencionados son lugares de veranadas de productores caprinos y ovinos del Departamento de Malargüe y forman parte de las nacientes del Río Grande y zona de ganadería trashumante, una actividad ancestral y cultural que se adapta al ambiente, y el Estado debe proteger. El impacto ambiental de esta actividad no se compara con el generados por un emprendimiento turístico».
En ese marco, Bermejo explica los peligros de instalar un centro de sky en esa zona porque está «expuesta a gases volcánicos, avalanchas, lahares, deslizamientos y terremotos volcánicos, flujo piroclástico y la precipitación de cenizas. En la zona se encuentra el Volcán Peteroa, que registró actividad recientemente, en el año 2018.»
Además, asegura: «Hasta el momento no se verifica que la asignación y el destino del área hayan tenido sus trámites administrativos por la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, el Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial y se encuentren ajustados al marco normativo provincial establecido Ley N° 8051 Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo y Ley N° 8999 Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, que permita definir de modo democrático las actividades actuales y futuras de la zona afectada».
«El Estado Nacional y provincial deben proteger a las comunidades que desarrollan su actividad económica en el Departamento desde siempre», resalta el escrito, y agrega: «Surge de los considerandos del propio decreto que los inversores beneficiarios se han hecho de cesiones de derechos de los puesteros».
Por último, el Diputado Nacional Adolfo Bermejo asegura: «Es por todo esto que manifestamos nuestra preocupación por esta asignación gratuita a una inversora privada y solicito el acompañamiento de mis pares a este proyecto de declaración».
