Se aprobó discutido proyecto para atraer inversiones: la postura de Negre sobre la Ley de Contratación Público-Privada

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Con el fin de atraer las inversiones que el Gobierno esperaba al acordar con los holdouts, el oficialismo consiguió aprobar en el Senado este miércoles un proyecto de ley que regula el sistema de Participación Público-Privada (PPP), que obtuvo 48 votos a favor y 13 en contra.

El proyecto, que ahora deberá tratar la Cámara de Diputados, propone un régimen de contratación para fomentar la inversión de empresas privadas en obras de infraestructura y servicios en sociedad con el Estado, para lo cual fija una serie de obligaciones, sanciones por incumplimiento y formas de ejecución.

La sesión fue presidida por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, dado que Gabriela Michetti se encuentra ejerciendo la presidencia por el viaje de Mauricio Macri a la Asamblea de las Naciones Unidas.

Como miembro informante, el senador Carlos Espínola (Frente para la Victoria-PJ) señaló que “la participación pública y privada permite aprovechar la experiencia, facilidades y financiamiento del sector privado, incentivando los proyectos de infraestructura a largo plazo”.

“Es una herramienta que podría permitirnos concretar más obras de infraestructura”, señaló, y se refirió puntualmente a su provincia, Corrientes, donde dijo que les permitiría “llevar adelante obras grandes, como por ejemplo nuevos puentes, autovías, nuevos puertos y generación de energías sustentables”.

Además, el presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte destacó que el proyecto oficial fue “enriquecido” durante el debate, donde sufrió alrededor de 30 modificaciones, entre las que mencionó que “se ha incorporado a la AGN como un organismo de contralor externo”.

A su vez, el radical Alfredo Martínez señaló que “este es un proyecto que solicitaba el Poder Ejecutivo para poder generar trabajo”, mientras que su par Silvia Elías de Pérez destacó que la futura ley “descentraliza las decisiones, es federal y transparente”.

Sin embargo, parte de la oposición advirtió que la futura ley compromete la soberanía y la jurisdicción nacionales, y pronosticó que no se podrá cumplir el objetivo de atraer inversiones. Tal es el caso del rechazo a dicha ley por la senadora puntana Liliana Negre de Alonso que señaló que “el oficialismo aceptó algunas modificaciones pero sólo las más formales”.

La legisladora rechazó el proyecto en general y en particular y resaltó que “uno de los puntos duros del proyecto era que le sacaban la limitación a la responsabilidad del Est ado cuando hubiera extinción de contrato, consecuentemente se le puede pedir cualquier tipo de daño, como daño directo, lucro cesante, o indirectos como los afectivos, colaterales”.

Negre enfatizó también que “por otro lado, está el tema de la prórroga de jurisdicción sin la autorización del Congreso, cuando hemos votado en abril un proyecto de Ley por unanimidad donde dijimos que para prorrogar la jurisdicción y para tomar deuda se le debía solicitar autorización expresa al Congreso. Por lo tanto, esto es una verdadera contradicción con lo que se votó en abril”.

El proyecto

Según el artículo primero, “los contratos de participación público-privada son aquellos celebrados entre los órganos y entes que integran el Sector Público Nacional (en carácter de contratante), y sujetos privados o públicos (en carácter de contratistas)”.

Esa asociación debe ser “con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica, y servicios conexos a los mismos”.

La parte comprobante deberá verificar, entre otras cosas, “que el plazo del origen del contrato permita la recuperación de las inversiones efectivamente realizadas, el repago del financiamiento aplicado al proyecto y una utilidad razonable, no pudiendo superar en ningún caso, los 35 años de duración, incluyendo sus eventuales prórrogas”.

El sector público también tendrá la obligación de “ponderar la rentabilidad económica y/o social de los proyectos”, promover la participación de las pymes e incentivar la generación de nuevos puestos de trabajo, además de garantizar el cuidado del medioambiente en las obras que se emprendan.

Las bases de la contratación podrán contemplar la constitución de sociedades anónimas o de fideicomisos financieros que tendrán a su cargo la suscripción y ejecución del contrato de PPP hasta su total terminación.

Además, la selección del contratista se hará mediante el procedimiento de licitación o concurso público, nacional o internacional, y la adjudicación deberá recaer en la oferta que sea considerada “la más conveniente para el interés público”, priorizando a las empresas nacionales en el caso de igualdad de ofertas.

En el artículo 22, se establece que “la Auditoría General de la Nación deberá incluir en cada plan de acción anual la auditoría de la totalidad de los contratos de participación público privada existentes, su desarrollo y resultado”.

El proyecto también establece una serie de incompatibilidades para contratar, por ejemplo, “ser funcionario público dependiente de la contratante, o ser una firma, empresa o entidad con la cual el funcionario esté vinculado por razones de dirección, participación o dependencia”.

Asimismo, se contempla la posibilidad de establecer mecanismos de avenimiento o arbitraje para la solución de controversias que puedan surgir.

En la reglamentación, el Poder Ejecutivo Nacional deberá crear un órgano que tenga a su cargo la “centralización normativa” de los contratos regidos por la ley, que “prestará apoyo consultivo, operativo y técnico en las etapas de formulación del proyecto, elaboración de la documentación licitatoria o ejecución del contrato”.

La iniciativa fue defendida en la Cámara alta por el ministro de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, y ahora deberá ser avalada en Diputados.