Mientras que en cada Departamento de Mendoza se desarrolla como tradición popular la celebración de la Vendimia, del vino nuevo… en el mundo real de los negocios, el panorama emprendedor vitivinícola está pasando por una profunda crisis. La inflación, la caída en las ventas, los problemas de sobrestock y precios devaluados de los últimos años, ha conducido a que haya poca disponibilidad de recursos propios para enfrentar la cosecha. A esto se suma el incremento de los insumos (precio dólar) que sostienen la cadena productiva. Por eso, aseguran los productores mendocinos que la asistencia del Gobierno es esencial.
Sin dudas, el costo más importante que tiene la vitivinicultura es la cosecha y el acarreo de la uva, los cuales se ubican en el 40% de los costos totales. Para los medianos y pequeños productores se le hace realmente una actividad «cuesta arriba», ya que es evidente el deterioro del poder adquisitivo en estos últimos años.
La discusión por el endeudamiento ha puesto en peligro la aprobación del proyecto de Presupuesto 2020 de Mendoza y, con ello, la disponibilidad de fondos para los créditos de cosecha y acarreo. Ante esta situación, los productores del sector vitivinícola se muestran preocupados y advierten que, en caso de no tener financiamiento, quedará mucha uva en los viñedos.
El Diputado Nacional por Mendoza y ex candidato a gobernador, José Luis Ramón, está muy preocupado por la actualidad del sector y desarrolló una columna de opinión sobre esta actividad productiva, emblema de la provincia.
NUESTRA VITIVINICULTURA EN TERAPIA INTENSIVA
“El cooperativismo es el más democrático de todos los sistemas”
Por José Luis Ramón (Diputado Nacional-Protectora Fuerza Política)
Como lo expresé desde el comienzo de mi trabajo como diputado de la Nación, el libre mercado, necesita de tres reglas que lo hacen posible en equilibrio: El cuidado de los derechos de los consumidores/usuarios; la lealtad comercial, y por sobre todas las cosas la posibilidad de la libre competencia; para que se diluyan los cárteles, monopolios y oligopsonios que agotan la cadena productiva, de distribución y consumo.
Por qué reitero este tema, y pido al nuevo Gobernador de Mendoza; y a los ciudadanos/as mendocinos/as que me acompañen en esta lucha con acciones concretas y dentro del marco de la Constitución, para evitar el avance de la concentración de la economía de nuestra provincia, sobre la actividad productiva raíz de nuestra provincia, ya que nuestra actividad vitivinícola está en crisis total.
En nuestra provincia de Mendoza, la vitivinicultura representa culturalmente una actividad económica trascendental. Traducido en números: en los últimos veinte años, el PBG relacionado a la uva y a su elaboración en vino (considerando derivados) alcanza el 15%, mientras que las actividades vinculadas con la extracción de petróleo y su refinación explican el 25% (DEIE, 2017); asimismo, cabe destacar que la actividad petrolera genera alrededor de 5.000 puestos de trabajo en forma directa, mientras que la cadena productiva del vino –con sus actividades satélites e inducidas– supera los 100.000 empleos. De modo que la vitivinicultura debe dimensionarse por su capacidad de crear puestos de trabajo, a la par que cabe interpretar su bonanza o crisis, interpretarse como herramientas explicativas de las condiciones socioeconómicas de la región. Si se analiza el escenario nacional, Mendoza aporta más del 75% de la superficie plantada de vides del total del país; es sin dudas la principal provincia productora de vino, seguida por San Juan, con el 20%. Pero qué nos dice la situación MACRO? El principal obstáculo histórico en materia de producción de vinos es el desequilibrio entre la oferta y demanda de uvas. Habitualmente se produce más de lo que se consume, de manera que se generan recurrentes crisis de sobrestock, lo que explicaría la caída de la rentabilidad de los diferentes actores del circuito.
En la actualidad existen más de 17 mil productores primarios y muy pocos agentes industrializadores y comercializadores con posición fuerte en el mercado. Para ilustrar esta situación se puede indicar que sólo tres agentes líderes llegan a satisfacer más del 90% del mercado interno de vinos comunes, apenas dos grandes compañías controlan más del 35% de las ventas en el mercado exportador y solamente un puñado de seis compañías suman otra proporción igual. Es decir: menos de diez agentes dominan las exportaciones de vino en las que existen más de 600 jugadores.
Oportunamente, realicé una denuncia que expresaba que se estaba perjudicando a los vitivinicultores, es decir de aquellos que defienden la cultura del trabajo de la vid, que son los pequeños y medianos productores. En los últimos años se apoderaron de la vitivinicultura, «un oligopsonio» constituido «por 3 empresas que son las más grandes».
A razón del descontrol que existió durante en los últimos cuatro años por parte de los organismos de la Gobernación, esos señores se apoderaron de la economía de Mendoza. La grandes bodegas se apoderaron del mercado y sostienen que no van a financiar a los pequeños y medianos productores de la provincia de Mendoza, en la cosecha, en el acarreo, y sostuvieron que esto que lo haga el Estado Provincial. Aquí en realidad, no se controla al oligopsonio de los que no quieren tomar la uva de los pequeños y medianos productores, colocando el precio que quieren. El oligopsonio es una suerte de competencia imperfecta que surge en un mercado donde existe un número pequeño de demandantes en los cuales se deposita el control y el poder sobre los precios y las cantidades de un producto en el mercado.
Fruto de esto, es la iniciativa impulsada por el ex gobernador Alfredo Cornejo en la Legislatura provincial con el objeto de obtener un permiso para endeudarse, por un monto de 1.000 millones de pesos por ciclo agrícola durante cuatro años.
La excusa del ex Gobernador, fue que esta cifra serviría para desarrollar un programa de estabilización del mercado de productos vitivinícolas y generar previsibilidad en toda la cadena de valor mediante una política anti cíclica para el sector. Esta política generó el abandono de las tierras productivas de los viticultores, y que no son compradas por las grandes bodegas, sino que con ellas se está dando un fenómeno muy raro, porque aparecen «emprendimientos inmobiliarios», a expensas de esta actividad.
Como conclusión y a modo de reflexión, mi interés es llegar al nuevo Gobernador de Mendoza para que reflexione sobre qué tipo de Estado quiere. Un Estado de toma de decisiones al estilo prepotente del intento de reforma de la Ley 7722? Un Estado solo eficiente para los grandes empresarios y proveedores? O un Estado al servicio de la economía de los ciudadanos medios, los productores medianos y pequeños, que son el motor del desarrollo de nuestra provincia durante décadas, y que desarrolle su papel (El Estado), con la conciencia de los reales problemas de nuestros coprovincianos. Un Gobierno que llame al diálogo, a fin de articular un plan estratégico vitivinícola. Tenemos que vender más nuestros productos, en el interior y en el exterior, hay que integrar a los productores. Caso contrario, la crisis se convertirá en un verdadero caos.
