Clínicas y sanatorios del país, en “alerta” por los efectos de la crisis

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La devaluación posterior a las PASO generó una disparada de precios con fuerte impacto en toda la economía, en especial en aquellos sectores que tienen su estructura de costos altamente dolarizada. En este punto, la salud es uno de esos rubros donde la suba del dólar impacta casi de inmediato. La suba de los precios de los medicamentos no es la única consecuencia. Mediante una carta, clínicas y sanatorios privados de todo el país anunciaron que están en “estado de alerta” por el grave situación que viven, y piden al gobierno que intervenga para evitar “cierres de centros de salud y despido de personal”. Además de la cuestión económica, las cámaras que los reúnen aseguraron que habrá un impacto sanitario en la crisis, ya que se generará un “empeoramiento de la calidad de la prestación médica en todos los niveles”. La semana pasada habían afirmado que no podían hacer frente al bono de 5 mil pesos que negocia la CGT con el gobierno para el sector privado.

Las siete cámaras que agrupan al sector enviaron una carta al Ministerio de Producción y Trabajo que conduce Dante Sica, donde advirtieron de la grave situación que atraviesan. «Representamos el 90 por ciento de las prestaciones de salud», afirmó Jorge Cherro, presidente de Adecra. «Estamos advirtiendo que se puede generar procesos preventivos de crisis masivos», agregó el directivo. En la carta, el colectivo de prestadores declara que el sistema de salud atraviesa una «situación gravísima» y, por lo tanto, requieren «promover la activa participación de las partes involucradas, es decir, prestadores, el Estado Nacional, y la representación gremial de los trabajadores a fin de encontrar alternativas de solución a la grave problemática económica planteada en la salud a nivel sectorial y con alcance nacional». La carta lleva la firma de Adecra, Cedim (Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio), Copsal (de Entidades Prestadoras de Salud), Confeclisa (de Clínicas, Sanatorios y Hospitales privados), Cadime (de Instituciones de Diagnóstico Médico), Cacep (de Clínicas y Establecimientos Psiquiátricos) y AAEG (Asociación de Establecimientos Geriátricos).

“El sector médico prestador, que venía con una situación muy golpeada por la crisis de 2018” recibió tras la última devaluación “un virtual tiro de gracia”. “Las cuentas entre los prestadores médicos están totalmente desestructuradas con tendencia muy negativa”, plantea el texto presentado. Sea en el nivel que fuere, el empresario planteó que “aquí no se puede hacer el desentendido nadie”, y apuntó todos los cañones a la administración de Mauricio Macri: “A esta situación catastrófica nos trajo el gobierno, que es el que debe adoptar las medidas para sacarnos con medidas urgentes, contundentes y creativas”.

En declaraciones radiales, Cherro aseguró que si el gobierno no da una respuesta -–“porque el que tiene que dar una respuesta es el actual gobierno”— habrá “masivas presentaciones de procedimientos preventivos de crisis con las consecuencias que ello conlleva: suspensiones, despidos de personal, cierre de establecimientos y peligro de deterioro de la calidad de la prestación”. Aseguró también que los prestadores privados “tienen una inflación de costos que es siempre superior a la inflación general” y cuestionó que tanto las obras sociales como las prepagas “deciden unilateralmente cuáles serán los ajustes de precios”, dejando afuera de ello a las clínicas y sanatorios.

Las clínicas, sanatorios y hospitales privados son pymes que demandan trabajadores altamente calificados, lo cual demanda un 74 por ciento del presupuesto en pago de salarios, afirmaron. El otro punto que se salió de órbita fueron los insumos biomédicos, que en su mayoría son importados o fabricados en el país pero con insumos importantes. “Tenemos problemas con la provisión. No entregan porque se perdió sentido de precios de referencia”, subrayó Cherro. “Estamos complicados y esta situación empeorará notablemente la calidad de la prestación médica”, dijo y explicó que “el colapso del sector privado llevará al colapso de la atención de la salud en general, ya que el sector público no estará en condiciones de resolver la demanda que quedaría insatisfecha por el sector privado”.

Por su parte, en el presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), Hugo Magonza, vislumbra «un pronto colapso de la salud privada, si no se modifican drásticamente las condiciones y regulaciones». «Obras sociales y prepagas, que en conjunto atienden al 65% de la población, enfrentan una situación por demás compleja, como resultado de una sumatoria de factores que incluyen la pérdida de afiliados producto de la crisis económica, el alto precio de las drogas y medicamentos cuyo verdadero costo nunca se conoce, la rotura del principio de solidaridad que regía al sistema hasta la sanción de la ley 26682 de 2011 y los abusos que el sistema sufre en materia del gasto en discapacidad social», agregó, según una nota en el diario La Nación.

La situación del sistema de salud privado también fue planteada la semana pasada en la ciudad santafesina de Rosario, durante el congreso de la Asociación Civil de Actividades Médicas (ACAMI), en el que participaron los empresarios del sector, el co-titular de la CGT Héctor Daer y funcionarios nacionales, como el director del PAMI, Sergio Cassinotti, y el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, según quien “el 70 por ciento de las obras sociales son inviables”.