Mauricio Macri perdió el 11 de agosto mucho más que una elección primaria. Las medidas de alivio económico que lanzó la semana pasada, un intento urgente por recuperar el voto, le han costado ahora la ruptura del matrimonio por conveniencia que desde diciembre de 2015 lo unía a los gobernadores peronistas. Los 19 jefes territoriales que responden a la oposición denunciaron este miércoles que las últimas decisiones económicas de Macri se financian con dinero de las provincias y advirtieron que llevarán su queja ante la Corte Suprema. Lo gobernadores apuntaron a la bajada inconsulta del impuesto a la renta y la eliminación del IVA a algunos alimentos básicos, dos tributos que recauda el Gobierno central y luego reparte entre las provincias
De esta manera los gobernadores peronistas firmaron un documento contra las medidas anunciadas por Mauricio Macri en los últimos días por las cuales se baja el mínimo no imponible de Ganacias y también en el congelamiento de un componente del monotributo y la baja del IVA a los alimentos. “No le sirven a la gente y generan un problema serio de desfinanciamiento para las provincias», afirmó, el salteño Juan Manuel Urtubey.
Por su parte, Passalacqua dijo: «No vinimos a patalear sino a buscar soluciones» y planteó también que la defensa de los recursos de los provincianos se produce porque sino «estaríamos incurriendo en incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos».
El gobernador de Río Negro dijo que «las regalías bajarían 1.000 millones de pesos de acá a fin de año por lo que seguramente vamos a pedir una compensación» y ratificó que Neuquén y Río Negro pidieron ante la justicia declarar «inconstitucional esta decisión» sobre el combustible.
En tanto, Lifschitz señaló que «las medidas son electoralistas y traerán algún alivio transitorio para la clase media y los trabajadores con el objetivo de mejorar el rendimiento del oficialismo. Se tomaron al calor de los resultados electorales sin medir las complicaciones que generan a las provincias«.
Del encuentro participaron los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Santa Fe, Miguel Lifschitz; de La Pampa, Carlos Verna; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de San Juan, Sergio Uñac; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el vicegobernador de Santa Cruz Pablo González, entre otros.
En un documento compuesto por cuatro puntos, los mandatarios provinciales rechazaron inicialmente las iniciativas oficiales, aunque dejaron en claro que no se oponen «a ninguna medida que tenga como objetivo paliar» la crisis. Luego, detallaron los motivos de su postura y, finalmente, dejaron la puerta abierta para acudir a la Justicia mediante un amparo.
A continuación el documento emitido por los gobernadores de provincias argentinas reunidos en el CFI:
Ante los anuncios realizados por el Gobierno nacional después de las PASO y en medio de un clima electoral nos vemos en la obligación de expresar lo siguiente:
1-En primer lugar dejamos bien en claro que no estamos en contra de ninguna medida de gobierno que tenga como objetivo paliar la grave situación económica que atraviesan la mayoría de los sectores de nuestra sociedad empezando por los trabajadores que vienen perdiendo el poder adquisitivo de sus ingresos… pero las medidas que se han dado a conocer realizadas de forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos para afrontar las mismas nos hace compartir esos costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias argentinas, generando un despojo de nuestros recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento.
En este estado de cosas, si bien nos parece positivo que el Gobierno nacional decida aplicar paliativos para algunos sectores, lo que no puede hacer es disponer inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias, tanto por el presupuesto en ejecución como por el Pacto Fiscal, en el que casualmente acordamos esfuerzos y renunciamientos para garantizar una previsibilidad, que hoy en forma arbitraria se está vulnerando.
2- Estamos en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrientes, el cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la Paz Social, en cada uno de los estados que representamos. Y ante todo eso no podemos permitir que se apropien de los recursos provinciales por parte del Estado Nacional sólo por el justificativo de intentar atemperar las consecuencias perjudiciales, precisamente de sus propias y malas políticas económicas y financieras, de las cuales los estados provinciales no tenemos ninguna responsabilidad… por el contrario hemos sido eficientes a la hora de cumplir con cada una de nuestras obligaciones y compromisos firmados.
3- Es a todas luces tan arbitraria y perjudicial esta acción del Estado nacional, que al privarnos de los ingresos que por la ley en vigencia nos corresponden, nos pone al borde de una grave crisis que puede empujar incluso a la toma de medidas de carácter excepcional o de emergencia, algo que sumaría más perjuicios a nuestro país en medio de este complejo momento que estamos viviendo.
4- Expresamos enérgicamente que vamos a defender los intereses de nuestros representados, si es que esta actitud errática y flagelante hacia nuestros derechos no se revierte.
Por lo tanto exigimos, se instrumenten las compensaciones financieras correspondientes para poder cumplir con el normal funcionamiento y la salvaguarda en la prestación de los servicios de seguridad, salud, educación y justicia que están a nuestro cargo.
Quedamos como lo hemos demostrado siempre, abiertos al diálogo franco y responsable, dejando sentado que de no ser así, nos veremos en la necesidad de buscar amparo judicial a nuestros derechos ante un daño irreparable que no admite dilaciones, teniendo en cuenta el contexto actual.
