La Suprema Corte dictaminó en contra de las empresas mineras y ratificó la vigencia de la ley 7.722 que prohíbe sustancias químicas tóxicas en la actividad.
La ingeniera agrónoma y dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores-Nueva Izquierda, Marcia Marianetti, sostuvo con respecto al fallo de la Corte Suprema de Mendoza que declaró la Constitucionalidad de la 7722: “El fallo viene a confirmar lo que desde la calle, las movilizaciones de ambientalistas, productores y partidos políticos como el MST, venimos reclamando y sosteniendo desde hace años. Está inscripto en el lógico rechazo de la ciudadanía a la megaminería contaminante, sobre todo después del desastre de Veladero en San Juan con su millón de litros de agua con cianuro. Por eso, estamos satisfechos y optimistas por este paso adelante que representa el fallo de la Corte de Mendoza”.
Agregó que: “No debemos bajar los brazos sin embargo, porque los grandes empresarios Mineros, en su afán de rapiña y ganancias no se detendrán fácilmente y ya están advirtiendo que el fallo está “politizado” y que recurrirán a la Corte Suprema de la Nación. Nosotros sostenemos que todos los fallos de esta justicia son políticos y que en general responden a los intereses de los grandes y poderosos. Si esta vez tuvieron que fallar en contra, es precisamente por la movilización incansable de los mendocinos y que se ha extendido a otras provincias y países. Por eso no debemos bajar los brazos y seguir movilizados para defender hasta sus últimas consecuencias el agua pura de Mendoza y su 7722”.
Repaso
Cabe recordar que la vigente Ley 7.722 prohíbe la utilización de «sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo».
La norma, aprobada en 2.007, fue muy cuestionada por decenas de empresas dedicadas a la actividad, las que presentaron distintas acciones de inconstitucionalidad.
En agosto pasado, el procurador de la Suprema Corte, Rodolfo González, pidió sin éxito que se realizara una audiencia pública antes de que el máximo tribunal resolviera sobre la constitucionalidad o no de la norma vigente.
Finalmente, lejos de la tensión de la transición entre el exgobernador Francisco Pérez y el nuevo gobernador Alfredo Cornejo, la Corte se volcó a favor de la constitucionalidad de la 7.722.
