La decisión del gobernador Alfredo Cornejo de avanzar con un nuevo esquema de endeudamiento para la provincia vuelve a abrir un debate central sobre la administración de los recursos públicos en un contexto económico que dista de ofrecer certezas. Mientras el Gobierno provincial presenta la toma de deuda como una herramienta para financiar obras e inversiones estratégicas, las condiciones actuales de la economía argentina y regional plantean serios interrogantes sobre la oportunidad y la prudencia de asumir nuevos compromisos financieros de largo plazo.
Los bonos soberanos en dólares profundizan su caída este viernes en Wall Street y el deterioro de los activos argentinos se agudiza en medio de un creciente clima de incertidumbre en los mercados. Así, crece la presión sobre el riesgo país: el indicador se dispara y vuelve a superar los 1.000 puntos básicos por primera vez en más de un año.

El deterioro del frente financiero se vuelve un círculo vicioso. Cuanto más alto es el riesgo país, más se aleja el Gobierno de la posibilidad de reabrir los mercados internacionales de endeudamiento o de refinanciar en el mercado local los abultados vencimientos. De esta manera, la percepción de que el programa financiero 2027 no está cerrado gana más terreno entre los inversores.
La principal objeción radica en el momento elegido. Argentina continúa atravesando un proceso de reordenamiento macroeconómico caracterizado por fuertes ajustes fiscales, volatilidad cambiaria y una actividad económica todavía golpeada por la caída del consumo y la inversión. A este escenario se suma una creciente incertidumbre internacional, marcada por tensiones comerciales, cambios en las tasas de interés globales y una desaceleración económica que afecta especialmente a países emergentes y economías dependientes de la exportación de materias primas.
En ese marco, incrementar el volumen de deuda provincial en Mendoza supone trasladar riesgos considerables hacia el futuro. La experiencia argentina demuestra que los escenarios financieros pueden cambiar con rapidez y que los compromisos asumidos en períodos de relativa estabilidad terminan convirtiéndose en pesadas cargas cuando las condiciones se deterioran. Mendoza no está exenta de esa realidad. Una eventual caída de la recaudación, una retracción de la economía nacional o una menor transferencia de recursos desde la Nación podrían dificultar la capacidad provincial para afrontar vencimientos sin afectar áreas sensibles del presupuesto.
El Petrismo se plantó ante el modelo endeudador propuesto por Cornejo

Uno de los puntos más controvertidos del debate en torno al Presupuesto 2027 enviado por Alfredo Cornejo es la combinación entre la autorización para tomar nueva deuda y las previsiones macroeconómicas sobre las que se apoya el proyecto. El bloque legislativo que responde al liderazgo de Luis Petri ha cuestionado que el Ejecutivo solicite amplias facultades de financiamiento en un escenario atravesado por una marcada incertidumbre económica, con variables nacionales aún inestables y sin garantías sobre la evolución futura de la recaudación provincial.
El diputado Carlos Ponce, alineado a Luis Petri, publicó un extenso descargo en redes sociales en el que puso en duda los argumentos del Gobierno para avanzar con nuevo endeudamiento por US$200 millones (para un plan productivo que necesita aval legislativo) y apuntó contra la ejecución presupuestaria, el cierre de herramientas de financiamiento productivo -como el Fondo para la Transformación y Crecimiento) y el destino de los US$ 1.023 millones del fondos del resarcimiento.

En ese escenario, Ponce salió a cuestionar una suerte de «contradicción» en el oficialismo sobre la necesidad de endeudarse para financiar a los sectores productivos y las decisiones que tomó previamente en materia de asistencia y desarrollo económico.
«¿Pero ahora resulta que tu preocupación es endeudarse para prestarle plata a los sectores productivos? ¡En serio me decís!», lanzó el legislador petrista.
Uno de los principales argumentos de Ponce fue que el Gobierno pretende conseguir nuevos recursos mediante créditos cuando, según su interpretación, todavía no utiliza adecuadamente las herramientas presupuestarias que ya tiene disponibles.

En ese sentido, apuntó directamente contra las partidas del Ministerio de Producción y aseguró que «por cada US$ 100 disponibles en préstamos solo se han utilizado US$ 5,56». Y remarcó: «No ejecutan el presupuesto que tienen aprobado y nos querés endeudar».
El dirigente también cuestionó el resultado financiero de las cuentas provinciales y puso en duda la defensa del equilibrio fiscal que sostiene el Ejecutivo. «Tenés un déficit de $94.000 millones en el presupuesto y querés tomar más deuda. ¿Y el equilibrio fiscal?», disparó.
Los críticos sostienen que el presupuesto proyecta un horizonte excesivamente optimista respecto del crecimiento económico y los ingresos fiscales, mientras compromete recursos de los próximos años mediante endeudamiento que deberá ser afrontado por futuras administraciones. Desde el oficialismo, en cambio, defienden la iniciativa argumentando que la deuda estará orientada a obras de infraestructura y desarrollo estratégico, aunque el debate político se ha concentrado en si resulta prudente ampliar el nivel de exposición financiera de Mendoza precisamente en un contexto de alta volatilidad económica regional e internacional.

Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido al destino de los recursos del resarcimiento por la promoción industrial. Ponce acusó al Gobierno de haber utilizado esos fondos «a discreción» y sostuvo que podrían haberse destinado a transformaciones estructurales para la economía mendocina.
Entre las alternativas que mencionó, enumeró la automatización del riego y el entelado de la totalidad de la producción agrícola provincial para protegerla de las contingencias climáticas.
«Podríamos haber automatizado el riego y entelado el 100% de la producción mendocina», reprochó. También cuestionó que la provincia siga sin avanzar en obras y transformaciones que considera estratégicas: «Nos dejaron sin trasvase (ndr: del río Grande al Atuel en el sur provincial) y cambios estructurales en la producción y nos tratás de chicaneros políticos».

Sobre el cierre de su descargo, Ponce planteó una alternativa a la estrategia económica del Gobierno provincial. En lugar de recurrir a nuevos créditos, reclamó una reducción del gasto estatal, una revisión de las partidas presupuestarias y una baja de impuestos.
Otro aspecto cuestionable es el mensaje político que transmite la decisión. Después de años en los que el oficialismo provincial reivindicó la austeridad fiscal como una de sus principales banderas, recurrir nuevamente al endeudamiento puede interpretarse como una contradicción frente al discurso de equilibrio y administración prudente de las cuentas públicas. Si bien la deuda destinada a infraestructura suele presentarse como una inversión y no como un gasto corriente, ello no elimina el riesgo de comprometer recursos de futuras gestiones ni garantiza que los proyectos financiados generen los retornos económicos esperados.
«Achiquemos el Estado, la política, bajemos impuestos, reasignemos partidas», propuso el petrista Luis Ponce.
Y dejó una última advertencia sobre el rumbo de la gestión de Cornejo: «Decime que tienen algo mejor para este año de gestión que les queda más que hipotecar el futuro de Mendoza sin un programa de desarrollo cierto».

Las dudas también alcanzan a las prioridades de gestión. En un contexto donde numerosos sectores productivos enfrentan dificultades para sostener el empleo y la actividad, algunos especialistas sostienen que la provincia debería concentrarse en fortalecer reservas financieras y preservar márgenes de maniobra ante eventuales shocks económicos. La historia reciente de América Latina muestra que las administraciones que llegan a las etapas de crisis con mayor liquidez y menor exposición al endeudamiento suelen atravesar mejor los períodos de turbulencia.
A ello se agrega una cuestión de oportunidad política. Cornejo impulsa esta estrategia en un escenario nacional donde el gobierno de Javier Milei apuesta a una profunda reducción del gasto público y busca consolidar la confianza de los mercados a partir del equilibrio fiscal. Sin embargo, la incertidumbre sobre la evolución económica durante los próximos años continúa siendo elevada. Tomar deuda en ese contexto podría significar hipotecar recursos provinciales justo cuando la prudencia recomendaría fortalecer las defensas fiscales.
Rotalmente desconectado y obsecuente con su jefe, el candidato a gobernador y ministro corenjista, Tadeo García Zalazar salió a defender el plan platita cornejista: «Los caprichos personales terminan frenando el desarrollo colectivo de Mendoza. Hasta los proyectos que impulsa Nación quedan rehenes de estos berrinches», señaló sin entender el grave contexto económico regional.

La discusión, en definitiva, no pasa únicamente por la legalidad o conveniencia técnica del endeudamiento, sino por la valoración del riesgo. Quienes respaldan la medida sostienen que las obras públicas requieren financiamiento y que postergarlas podría frenar el desarrollo provincial. Sus críticos, en cambio, advierten que asumir nuevas obligaciones financieras en medio de un escenario económico regional frágil representa una apuesta excesivamente optimista, cuyos costos podrían terminar pagando futuras administraciones y generaciones de mendocinos.
Desde esta perspectiva, la toma de deuda aparece menos como una señal de previsión y más como una decisión arriesgada, que privilegia objetivos inmediatos sobre una estrategia de resguardo fiscal frente a un horizonte económico todavía incierto. En tiempos de turbulencia, la prudencia suele ser un activo tan valioso como la inversión. La discusión en Mendoza gira justamente alrededor de cuál de esas dos prioridades debería prevalecer.
Con información de MDZ
