La Justicia Federal ordenó a la UNCuyo frizar el resultado definitivo de las elecciones y aún no está definido quién es la legítima fuerza política universitaria ganadora

Actualidad Mendoza

El Juzgado Federal 2 de Mendoza ordenó a la Junta Electoral y al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo «que se abstengan de proclamar fórmula ganadora alguna, ni realicen acto material o jurídico que excluya o no contabilice en los resultados definitivos a los votos en blanco».

En tanto, el Consejo Superior se reúne este miércoles para definir si habrá o no segunda vuelta para el rectorado de la UNCuyo, ya que la oposición exige que se cuenten los votos en blanco como válidos, lo que llevaría a una nueva votación.

Con ello, la novela de las elecciones 2022 en la universidad inauguró otro capítulo lleno de incertidumbre, tras un recuento que arrojó resultados inusualmente reñidos entre Interclaustro -el oficialismo, cercano a la UCR- y Compromiso Universitario -afín al peronismo-.

La decisión llegó tras un pedido de la lista opositora, encabezada por Adriana García y Arturo Tascheret, para que se aplique una cautelar y no se innove hasta resolver la disputa por los votos en blanco, ya que hay diferencias respecto a si deben contabilizarse en el resultado general o no.

El planteo encontró algún eco por parte de la jueza Susana Pravata, quien ordenó la medida interina que impide proclamar a un ganador, a la espera de una resolución de fondo.

En este sentido el Juzgado Federal N.º 2 ordenó como medida interina a la Junta Electoral y al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo que “se abstengan de aplicar la Resolución N° 21/2022 de la Junta Electoral, así como de proclamar fórmula ganadora alguna, ni realicen acto material o jurídico que excluya o no contabilice en los resultados definitivos a los votos en blanco, hasta tanto se rinda el informe previsto en el artículo 4 de la Ley 26.854 o venza el plazo para hacerlo”. Se trata de la norma que regula las medidas cautelares en las causas en las que es parte o interviene el Estado nacional.

Al mismo tiempo, requirió a la autoridad demandada que dentro del plazo de 5 días “produzca informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud cautelar realizada en autos conforme lo establece el art. 4 de la Ley 26.854”.

La magistrada consideró “oportuno, necesario y fundado expedirme disponiendo una medida interina que ordene la suspensión de la aplicación de la resolución cuestionada, hasta que se rinda -o no- el informe previo requerido, toda vez que analizadas las constancias y el informe, de ser presentados, se procederá a analizar la procedencia de la medida cautelar autónoma peticionada”.