Vadillo «¿Cornejo está duplicando las multas exclusivamente para mejorar la seguridad o si también está favoreciendo económicamente al negocio de la RTO?»

Actualidad Mendoza

El Gobierno de Alfredo Cornejo consiguió que la Legislatura aprobara el 17 de noviembre una reforma de la Ley de Tránsito 9024. La noticia más difundida fue que los jóvenes de 17 años podrán obtener una licencia de conducir bajo determinadas condiciones.

Pero detrás de esa novedad aparecen dos modificaciones mucho más importantes para el bolsillo de los mendocinos: el aumento de las multas leves, que afecta directamente a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), y la incorporación de fuertes sanciones para quienes evadan los futuros peajes.

Las dos tienen algo en común: el Estado utiliza su poder de sancionar para exigir obligaciones económicas relacionadas con servicios que pueden generar ingresos para operadores privados.

Y cuando eso sucede, corresponde investigar quiénes se benefician.

La multa por no tener RTO podría pasar de $60.000 a $120.000

Hasta ahora, las infracciones leves estaban previstas en una escala de 70 a 100 Unidades Fijas (UF). Con la reforma, el rango pasa a ser de 150 a 200 UF.

La diferencia no es menor. El propio Gobierno de Mendoza informó que circular sin RTO constituye una infracción leve sancionada con 100 UF, es decir, el máximo de la escala anterior.

Con la unidad fija actualmente valuada en $600, esa multa equivale a $60.000.

Si se mantiene el criterio de aplicar el máximo de la categoría, la sanción por circular sin RTO pasará a 200 UF: $120.000.

Multa por circular sin RTOAntesNueva escala*
Unidades fijas100 UF200 UF
Valor actual de la UF$600$600
Importe$60.000$120.000
Aumento—100%

*El importe de $120.000 supone que la reglamentación mantenga la aplicación del máximo de las infracciones leves a la RTO.

Pero el aumento podría continuar.

Para 2027 se proyectó elevar el valor de cada unidad fija a $774. Si esa actualización se aprueba y se aplican 200 UF a la falta de RTO, la multa llegará a $154.800.

En ese escenario, el incremento acumulado respecto de los $60.000 actuales será del 158%.

Lo curioso es que la reforma endurece precisamente la escala de las faltas leves, mientras mantiene sin cambios las escalas previstas para las infracciones graves y gravísimas.

¿Por qué duplicar la sanción de una infracción leve? ¿Qué estudio demuestra que esa decisión reducirá los accidentes?

Porque una cosa es controlar que los vehículos circulen en condiciones de seguridad y otra muy distinta es utilizar multas cada vez más elevadas para garantizar que los automovilistas contraten un servicio obligatorio.

Detrás de los talleres de RTO ¿también está la casta política?

La Revisión Técnica Obligatoria tiene una particularidad: el Estado obliga a los propietarios de los vehículos alcanzados por la normativa a contratar un servicio prestado por talleres habilitados.

Esos establecimientos cobran por cada revisión. El Estado determina quién puede prestar el servicio, establece las condiciones de funcionamiento, regula la obligación de revisar los vehículos y sanciona a quienes no cumplen.

Por eso, cuanto más exigentes sean los controles y mayores las multas, más fuerte será el incentivo para que los automovilistas concurran a los talleres.

Esto puede tener una justificación legítima de seguridad vial. Pero también tiene consecuencias económicas para quienes explotan esos establecimientos.

Y acá aparece una sospecha que merece investigarse.

¿Quiénes son los verdaderos propietarios de los talleres de RTO habilitados en Mendoza? ¿Existen vínculos familiares, comerciales o políticos con funcionarios y legisladores?

¿Cómo consiguieron sus autorizaciones? ¿Qué controles existen sobre sus tarifas y costos? ¿Qué participación tuvieron los operadores del sector en la discusión de esta reforma?

No estamos afirmando que los talleres hayan impulsado irregularmente el aumento de las multas. Lo que estamos señalando es que una actividad privada cuyos clientes llegan por una obligación legal merece un nivel especialmente alto de transparencia.

La seguridad vial no puede convertirse en una excusa para proteger rentabilidades particulares.

La pregunta es si Cornejo está duplicando las multas exclusivamente para mejorar la seguridad o si también está favoreciendo económicamente al negocio de la RTO.

La respuesta debería surgir de estudios técnicos, información societaria y decisiones administrativas públicas, no de declaraciones políticas.

Ahora vienen los peajes: multas de hasta $420.000

La segunda modificación es todavía más preocupante.

Mendoza incorporó como infracción grave la evasión de los dispositivos de cobro de peajes, incluyendo barreras tradicionales y sistemas automáticos de identificación de vehículos.

Las infracciones graves tienen una escala de 500 a 700 UF.

Con la unidad fija de $600, estamos hablando de multas de entre $300.000 y $420.000.

La Provincia está creando así un poderoso mecanismo sancionatorio para respaldar el cobro de los peajes que proyecta instalar en diferentes rutas.

La cuestión es que todavía faltan definiciones públicas fundamentales sobre el funcionamiento de esos sistemas.

¿Habrá cabinas para pagar manualmente? ¿Se utilizarán cámaras que identifiquen las patentes? ¿Habrá que registrar previamente el vehículo? ¿Quién cobrará y administrará esos pagos?

Para comprender lo que puede ocurrir, alcanza con mirar cómo funciona el sistema de Buenos Aires.

El antecedente de CABA: sin TelePASE o pase previo, podés terminar multado

Desde el 1 de mayo de 2026, todas las autopistas administradas por AUSA en la Ciudad de Buenos Aires funcionan mediante peajes automáticos sin barreras, conocidos como free flow.

Las cámaras identifican las patentes de los vehículos y registran su paso.

Para circular hay que tener TelePASE habilitado o adquirir previamente un Pase Diario.

El que no quiera adherirse permanentemente al sistema de cobro automático tiene una alternativa, pero también debe registrar su vehículo y gestionar el pago antes de circular.

Ese pase diario requiere que el pago esté acreditado con tres horas de anticipación.

¿Qué ocurre si alguien atraviesa el peaje sin cumplir esas condiciones?

Puede recibir una multa de 150 Unidades Fijas.

Y acá está lo más interesante: no hace falta romper una barrera ni intentar escapar por un camino lateral. El régimen porteño contempla sanciones por no pagar el peaje en las condiciones establecidas.

En la práctica, el sistema funciona así:

  1. Primero se eliminan las cabinas manuales.
  2. Después se exige una modalidad de identificación y pago electrónico previo.
  3. Finalmente, la posibilidad de una multa importante se convierte en el incentivo para cumplir con ese mecanismo.

No es obligatorio contratar un débito automático permanente, porque existe el Pase Diario. Pero sí se exige organizar anticipadamente el pago e identificar el vehículo.

Este antecedente demuestra que las sanciones por falta de pago pueden terminar imponiendo, en los hechos, un sistema de registración electrónica.

¿Cornejo quiere obligarnos a registrar la patente y asociar una tarjeta?

Esta es la pregunta que todavía no tiene una respuesta clara para Mendoza.

El Gobierno ya consiguió incorporar multas de hasta $420.000 por evasión de peajes. Pero todavía no conocemos las condiciones definitivas de cobro de los distintos corredores.

  • ¿Será obligatorio registrar previamente la patente?
  • ¿Habrá que asociar una tarjeta de crédito, cuenta bancaria o billetera virtual?
  • ¿Se podrá pagar en efectivo?
  • ¿Existirá la posibilidad de pagar después de circular?
  • ¿Qué ocurrirá con quienes no tengan tarjetas, cuentas bancarias o acceso a internet?

Y, sobre todo, ¿se considerará evasor al automovilista que simplemente no esté registrado en el sistema?

Hoy no podemos afirmar que Mendoza haya decidido copiar el modelo de CABA. Pero tampoco podemos ignorar ese antecedente.

Porque hay una diferencia jurídica fundamental entre evadir deliberadamente un peaje y no pagarlo por un problema de registración, desconocimiento de las condiciones o una falla tecnológica.

Supongamos que el peaje cuesta $2.000 y un conductor lo atraviesa sin tener asociada una tarjeta.

Si el sistema registra una deuda, habrá que establecer cómo puede pagarla.

Pero si esa situación se transforma automáticamente en una infracción grave, podría enfrentarse a una multa de hasta $420.000: 210 veces el importe del peaje utilizado en este ejemplo.

¿Es razonable semejante castigo sin distinguir entre un incumplimiento de pago y una maniobra deliberada de evasión?

Desde la defensa del consumidor, es indispensable que existan procedimientos claros de información, notificación, pago, corrección de errores y defensa.

Una deuda por peaje no debería convertirse automáticamente en una multa de cientos de miles de pesos sin que se acredite la infracción prevista por la ley.

Rutas financiadas con fondos públicos que después podrían tener peajes

Hay otra cuestión que el Gobierno debe explicar.

Mendoza recibió fondos de resarcimiento por los perjuicios ocasionados por el régimen de Promoción Industrial. Esos recursos se destinan a inversiones de infraestructura mediante un fideicomiso.

El Decreto 1159/2025 ratificó un convenio de ejecución de proyectos entre el fideicomiso y la Dirección Provincial de Vialidad.

En paralelo, el Gobierno viene impulsando peajes en corredores como las rutas 82 y 153 y otros accesos estratégicos.

Esto plantea una pregunta económica inevitable.

Si una ruta se construye o mejora con fondos públicos que ya pertenecen a Mendoza, ¿qué conceptos se les cobrará posteriormente a los usuarios mediante un peaje?

Un peaje puede ser legítimo para financiar operación, mantenimiento o nuevas inversiones. Pero eso no autoriza a ocultar los números.

Los mendocinos deben conocer cuánto costó cada obra, cuánto aportó el fideicomiso, qué gastos se pretenden financiar mediante el peaje y durante cuánto tiempo se cobrará.

También debe aclararse si el concesionario asumirá riesgos económicos reales o si contará con ingresos o rentabilidades garantizadas.

Porque una cosa es financiar el mantenimiento de una ruta y otra sería cobrar nuevamente inversiones ya cubiertas con recursos públicos sin una justificación económica transparente.

¿Quién va a cobrar y quién controlará el negocio?

En la RTO, empresas privadas reciben ingresos porque el Estado obliga a realizar revisiones periódicas.

En los peajes, también podrían intervenir empresas privadas encargadas de operar, mantener y cobrar por el uso de determinados corredores.

La participación privada no es por sí misma cuestionable. Lo que corresponde investigar es cómo se adjudican esas actividades, quiénes son sus beneficiarios económicos y qué controles existen.

Y, especialmente, si hay vínculos políticos o conflictos de intereses.

Las multas de tránsito no necesariamente ingresarán a las concesionarias. Su destino depende del régimen público aplicable.

Pero las sanciones pueden beneficiar indirectamente a los operadores porque refuerzan el cumplimiento de las obligaciones de pago.

En otras palabras: aunque la multa la cobre el Estado, puede funcionar como una herramienta que protege los ingresos de un negocio privado.

Y cuando el Estado utiliza su capacidad sancionatoria para respaldar actividades económicas obligatorias, la transparencia debe ser absoluta.

Cornejo tiene que mostrar los números

El Gobierno debe explicar por qué duplicó las multas leves, qué estudios respaldan semejante incremento para la RTO y quiénes son los titulares y beneficiarios de los establecimientos habilitados.

También debe informar cómo funcionarán los futuros peajes, si habrá alternativas de pago sin registración permanente y qué conductas concretas serán consideradas evasión.

Y, por supuesto, publicar los contratos, los costos, los plazos de explotación y los ingresos previstos para los operadores.

No alcanza con decir que todo se hace por seguridad vial.

Las sanciones deben ser legales, razonables y proporcionales. La Administración debe poder explicar por qué elige determinada penalidad y qué conducta busca prevenir.

La seguridad vial no puede ser la excusa para cualquier negocio

Los vehículos deben circular en condiciones de seguridad. Las rutas necesitan mantenimiento. Y quien utiliza un peaje legalmente establecido debe cumplir con las obligaciones de pago correspondientes.

Nada de eso está en discusión.

Lo que cuestionamos es que el Estado multiplique las multas mientras los ciudadanos siguen sin conocer suficientemente los fundamentos económicos de estas decisiones.

También cuestionamos que pueda avanzarse hacia sistemas de cobro electrónico en los que, para circular, primero haya que registrarse, entregar datos personales y vincular medios de pago, bajo la amenaza de sanciones desproporcionadas.

Y, por supuesto, queremos saber qué relaciones existen entre los operadores de servicios obligatorios y el poder político mendocino.

No afirmamos que la reforma pruebe la existencia de negocios irregulares. Exigimos información para saber si las decisiones del Gobierno responden al interés público o también favorecen intereses particulares.

Porque cuando la política establece una obligación, habilita empresas para cobrar y amenaza al ciudadano con fuertes multas si no cumple, hay motivos suficientes para exigir explicaciones.

Cornejo ya consiguió aumentar las sanciones.

Ahora le toca explicar quiénes ganan, cuánto ganan y por qué los mendocinos tenemos que pagar cada vez más.

Por Mario Vadillo · Abogado · Matrícula Federal T° 75 F° 347

Fuentes de referencia

  • Ley de Tránsito 9024 de Mendoza y reforma aprobada por el Senado provincial el 17 de noviembre de 2026.
  • Gobierno de Mendoza: comunicaciones oficiales sobre las multas por RTO y la actualización de la Unidad Fija.
  • Proyecto de Ley Impositiva 2027: valor proyectado de la UF.
  • AUSA: régimen de peajes sin barreras y requisitos de TelePASE y Pase Diario.
  • Régimen de Faltas de CABA: sanciones por incumplimiento de las condiciones de pago del peaje.
  • Decreto provincial 1159/2025: convenio de ejecución de proyectos en el marco del Fondo del Resarcimiento.