Si. vienen por todo! El agua de Mendoza ya se negocia y la 7722 se manosea. El pueblo mendocino será testigo del desguace de su provincia sin recibir un solo peso, ya que toda la minería irá en manos de las multinacionales y la casta política mendocina que ya frota las manos contando los ceros que se llevarán en sus cuentas del exterior.
El presidente Javier Milei celebró este miércoles el acuerdo comercial con Estados Unidos y, en el mismo discurso, volvió a insistir con la modificación de la Ley de Glaciares para permitir la actividad minera en zonas que hoy están protegidas, especialmente en la Cordillera.
La reforma de la Ley de Glaciares es uno de los reclamos del empresariado norteamericano. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina reclamó que se permita la explotación minera en las áreas periglaciares y el Gobierno, obediente, ya se puso en marcha para llevar el proyecto al Congreso.
En las últimas horas, Milei aseguró que el país tiene la capacidad de generar un millón de puestos de trabajo si logra aprobar esa iniciativa y “modernizar” el marco regulatorio.
“Estamos subutilizando la Cordillera de los Andes», exclamó Milei después de firmar un entendimiento con la administración de Donald Trump en el que Argentina asume muchísimos más compromisos que Estados Unidos.
“Tengo mis serias dudas de que el creador haya dado todo el cobre a los chilenos y nada a nosotros”, lanzó el jefe de Estado y cuestionó a “los ambientalistas” porque “prefieren que uno se muera de hambre con tal de no tocar nada”.
A su vez, el Presidente remarcó que “cuando anuncien un proyecto minero, quiero que sepan que esa medalla se la cargan dos personas, el Canciller y la secretaria General de la Presidencia”.
“Argentina tiene chances de abastecer al mundo en su demanda de energía y su demanda de alimentos. Están las posibilidades de entrar en un nuevo siglo de oro y nos volvamos a convertir en potencia mundial”, auguró.
Sin embargo, ninguna potencia mundial tiene una matriz productiva meramente extractivista como pretende Milei para la Argentina. Más bien todo lo contrario.
Por otro lado, el mandatario omite un dato fundamental: las zonas periglaciares son importantes reservorios de agua dulce, ayudan a regular el clima, mitigar el impacto del cambio climático y alberga una biodiversidad única, pero nada de esto le importa a Estados Unidos y sus empresarios. Por ende, tampoco a Milei.
Cornejo ya prepara la tanguita morada para la entrega
La «Ley de Glaciares» (Ley 26.639) es una legislación clave, especialmente en Argentina, que prohíbe la minería y otras actividades industriales en glaciares y su entorno periglacial, afectando directamente a los proyectos de cobre en la Cordillera de los Andes.
Esta ley vigente desde el 2010, ha sido un cuello de botella normativo para grandes proyectos de cobre y litio, valorados en miles de millones de dólares.
El gobierno del presidente Javier Milei planea impulsar una nueva ley de glaciares o modificar la actual para debilitar las protecciones y permitir el avance de la minería en zonas periglaciares, transfiriendo poder de decisión a las provincias.
Todo sucede raudamente y el gobernador de Mendoza, en modo desesperado por dólares, pone el pie en el acelerador para entregar todos los recursos naturales y el agua (que escasea en la provincia) a cambio de dividendos sin importar el impacto ambiental y la futura calidad de vida del pueblo mendocino.
La extracción de cobre en Mendoza está directamente condicionada por la Ley de Glaciares, que protege zonas donde podrían ubicarse proyectos mineros estratégicos. Los gobernadores buscan modificarla para habilitar inversiones.
Muchos yacimientos están en zonas protegidas por la ley, lo que impide su explotación. La definición actual de “ambiente periglacial” es amplia y poco precisa, lo que genera incertidumbre legal.
En tanto, los gobernadores piden que cada provincia reglamente la ley según su geografía, permitiendo definir qué es un glaciar o ambiente periglacial en su territorio.
Inversiones millonarias en cobre y litio están paralizadas por las restricciones ambientales. Mendoza y otras provincias ven en el cobre una oportunidad para desarrollo económico, empleo e ingresos fiscales.
El régimen RIGI, recientemente aprobado, ofrece incentivos a las empresas mineras, pero la ley de glaciares sigue siendo un obstáculo clave.
Pero por otro lado, en Mendoza el RIGI mata a la Ley provincial proteccionista 7722. Es decir, si una provincia decide suspender la utilización de agua de una minera porque eventualmente no hay para abastecer a la población, la minera puede recurrir a esta ley para garantizarse el recurso del agua. Lo cual deja en claro que una legislación amparada en lo nacional supera a las provinciales… esto quiere decir que la proteccionista y emblemática Ley 7722 sería borrada de un plumazo, dejando en bandeja los recursos naturales de Mendoza sin atenerse a las consecuencias en desmanejos del agua y la calidad de vida de la población.
Justamente este viernes en las tierras cornejistas se realizó el Finance Day & TSX Roadshow, uno de los encuentros más relevantes del calendario internacional vinculado a minerales críticos.
La actividad se desarrolló en la Bolsa de Comercio de Mendoza y formó parte de la 4th LATAM & Argentina Critical Minerals Summit 2025, que reúne a empresas, fondos de inversión, organismos internacionales y autoridades provinciales.
En este marco, se llevó a cabo la Mesa de Gobernadores del Cobre, integrada por el Gobernador Alfredo Cornejo, junto a sus pares Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy). El panel fue moderado por Saúl Feilbogen y se orientó a analizar la actualidad de los minerales críticos, las prioridades para acelerar el desarrollo minero y el potencial de atracción de inversiones en cada jurisdicción.
Cornejo precisó su plan de desguace y confirmó que respaldará el modelo entreguista de Milei “Si bien en las últimas décadas hubo minería en Argentina, fue muy poca. Y no fue por responsabilidad exclusiva de las provincias. Hubo restricciones provinciales en algunos lugares, es cierto, pero lo central es que el país no tuvo un clima favorable a las inversiones”, comentó, al tiempo que especificó que “eso cambió en el último tiempo. Hoy, con el presidente Javier Milei, hay un clima de negocios claramente más favorable para desarrollar la minería, y las elecciones del 26 de octubre ratificaron ese apoyo político”.
“Por eso, mi primera definición es que los inversores deben venir a la Argentina porque el país ha retomado un sendero pro inversión y porque estamos trabajando con el Gobierno nacional en acuerdos que dan previsibilidad”, afirmó.
Asimismo, Cornejo sostuvo que, en segundo lugar, “deben invertir en nuestras provincias —todas aquellas con recursos de minerales críticos— porque el mercado ya reconoce reservas y disponibilidad”. Así, aseguró que, en el caso de Mendoza, “hemos dado pasos sólidos para generar un clima de negocios estable y competitivo, modificamos el Código de Procedimiento Minero para facilitar los permisos y exigir inversiones reales en exploración; ya hay trabajos en Malargüe y la Legislatura provincial está tratando dos leyes clave —regalías y normativa ambiental— que aportarán solidez institucional”.
La cornejista y ministra de «Ambiente» de la provincia, Jimena Latorre, fue más específica, determinando que el proyecto de Cornejo es que la provincia entregue a las megamineras el área periglaciar (los alrededores de los glaciares) expresando cierta «inocencia» que la extracción no afectará los glaciares en sí.
«Probablemente sea necesario complementar y definir cuál es el ámbito de competencia del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) y la Secretaría de Ambiente de la Nación. Esto no significa modificar los presupuestos mínimos de protección, sino hacerla más operativa y concretar la protección de glaciares y periglaciares», enfatizó Latorre.
El interés provincial en este tema estaría vinculado a la existencia de proyectos mineros en marcha ubicados en zonas no glaciares pero sí periglaciares, lo que hace necesario precisar la información técnica. En esa línea, Latorre señaló: «Mendoza ya dio un paso inicial con Malargüe Minero II, actualmente sujeto a ratificación legislativa. Hay proyectos que podrían llegar a comprometer actividad que se encuentra en zona no glaciar pero sí periglaciar y es necesario identificar esas crioformas», afirmó.
¿Por qué deben ser protegidos?
Los científicos explicaron que la ley vigente establece que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes públicos que deben ser preservados como reservas estratégicas de agua para el beneficio actual y futuro de la población argentina.
Reservas que deben ser protegidas en el contexto del Cambio Climático -cuya existencia es negada por Milei- y sus efectos en la disminución en los caudales de los ríos, la reducción en el tamaño de los glaciares y la degradación del permafrost de montaña. El resultado es la pérdida sustancial de reservas hídricas estratégicas para el territorio que afecta el ciclo hidrológico de las cuencas andinas y que puede impactar negativamente a muchas poblaciones y ecosistemas que dependen del agua proveniente de los Andes, afirmaron.
Además, que estas reducciones en los glaciares y la pérdida de reservas hídricas traen aparejado un aumento de riesgos aluvionales y de otros procesos de remoción en masa. “Las proyecciones climáticas para las próximas décadas indican que estas tendencias continuarán o incluso en algunos casos se incrementarán”, aseguraron los científicos.
“Esta riqueza en reservas hídricas constituye un patrimonio de toda la Argentina que debe regirse y manejarse mediante criterios de conservación uniformes en todo el territorio nacional”, aseguraron.
Los científicos advirtieron: “Está demostrado que el deterioro del ambiente y de sus funciones ecosistémicas acarrea una gran cantidad de impactos negativos, genera mayores desigualdades económicas, y disminuye la calidad de vida de las personas”.
“La Ley de Glaciares fue producto de un importante debate social, y contó con el asesoramiento científico de expertos en la materia. Fue aprobada dos veces en el Congreso de la Nación (2008 y 2010) y su carácter constitucional fue ratificado en 2019 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, recordaron.
