Desde hace años, la narrativa oficial de Alfredo Cornejo descansa sobre una premisa repetida hasta el cansancio en cada acto institucional y discurso de apertura legislativa: la provincia tiene «las cuentas en orden». Bajo este eslogan, el cornejismo ha buscado proyectar la imagen de una administración previsible y austera, destacando que Mendoza logró reducir su gasto público real en la última década.
Sin embargo, al contrastar el discurso político con la ejecución presupuestaria y las urgencias financieras del Gobierno, el relato muestra severas grietas.
El peso real de la deuda y el salto de los intereses

Lejos de una provincia desendeudada y holgada, los números oficiales reflejan un pasivo que sigue condicionando las finanzas locales. De acuerdo con reportes de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, el stock de deuda pública de Mendoza superó los $910.040 millones durante el primer trimestre de 2026.
El saldo total creció un 32,8% en términos nominales respecto de marzo de 2025, cuando era de $685.074 millones. Sin embargo, medido en términos reales —con una inflación acumulada en Mendoza del 33% entre ambos meses— la deuda se mantuvo prácticamente estable: cayó apenas un 0,1%. Dicho de otra forma, el stock no aumentó ni disminuyó en términos de poder adquisitivo. Pero esa fotografía general esconde movimientos muy distintos según el tipo de acreedor.
En detalle, la deuda con organismos multilaterales, que incluye al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), pasó de $200.849 millones en marzo de 2025 a $253.882 millones en igual mes de este año, lo que marcó un incremento nominal del 26,4%. En términos reales, sin embargo, bajó un 5%. El BID es el acreedor más importante dentro de este grupo: la deuda con ese organismo llegó a $212.626 millones en marzo de 2026, frente a $167.380 millones un año antes. El BIRF, por su parte, acumuló $41.256 millones al cierre del período analizado.

La contradicción más evidente entre el ajuste proclamado y la realidad financiera aparece al observar hacia dónde van los recursos de los mendocinos. Mientras que en el primer semestre de 2026 las partidas destinadas a salarios estatales cayeron un 0,3% en términos reales frente al año anterior, el gasto en intereses de la deuda se disparó un 63%.
En los hechos, el «orden» fiscal se traduce en un recorte sobre el poder adquisitivo de los trabajadores públicos para garantizar el pago a los acreedores.
La paradoja de la compensación con Nación

Otro punto que tensiona el discurso de eficiencia administrativa es el manejo de las acreencias con el Estado nacional. Durante 2026, el Gobierno provincial solicitó un anticipo financiero de $325.000 millones que, sumado a los intereses acumulados, generó un pasivo de más de $333.434 millones. Para saldar esa urgencia de caja, Cornejo firmó un convenio de compensación con el Ministerio de Economía de la Nación que licuó $121.282 millones que la Casa Rosada le debía a Mendoza por obras viales y fondos pendientes. El resultado de la operación dejó a la provincia con un saldo deudor neto superior a los $212.152 millones, comprometiendo recursos futuros de la coparticipación federal para tapar agujeros financieros corrientes.
Más endeudamiento para sostener la gestión

La prueba definitiva de que las cuentas no alcanzan para financiar el funcionamiento básico y la obra pública reside en el propio Presupuesto 2027. Pese a jactarse de tener un Estado saneado, el Ejecutivo volvió a recurrir a la Legislatura para solicitar autorización de nuevo endeudamiento en dólares —con pedidos que rondan entre los U\(S200yU\)S 320 millones— destinados a obras e infraestructura.
Esta dependencia constante del crédito externo y los anticipos de coparticipación ha generado fisuras incluso dentro de sus propios aliados políticos, como quedó expuesto en las resistencias de sectores vinculados al petrismo y las críticas de la oposición en la Legislatura, que cuestionan el destino de los fondos y la falta de respuestas frente a la caída de la actividad económica.

De esta manera el sector de Luis Petri se plantó ante el gobierno de Alfredo Cornejo y le negó su respaldo al pedido para tomar hasta U$S 200 millones de deuda incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 de Mendoza, destinados a un «plan de desarrollo productivo». De esta manera, sumado al rechazo de los legisladores peronistas, el Gobierno no obtendría los dos tercios necesarios para que la Legislatura autorice el endeudamiento.
En el sector de Petri justificaron su negativa sosteniendo que el Gobierno querría sacar rédito electoral del otorgamiento de créditos a productores durante 2027, cuando Mendoza elegirá al próximo gobernador. Un integrante de ese espacio también cuestionó el manejo de los recursos que la provincia había recibido para Portezuelo del Viento. «Se gastaron en un año las joyas de la abuela y ahora le piden la tarjeta«, dijo al medio colega Mendoza Post.

Y es verdad! A este cuadro de fragilidad financiera se suma el rápido agotamiento de los U$S 1.023 millones del Fondo del Resarcimiento —originalmente destinados a la represa Portezuelo del Viento—, un capital histórico que el Ejecutivo provincial ya comprometió en un 97% tras asignarlo a 57 proyectos dispersos de infraestructura vial, hídrica y saneamiento. Aunque desde la Casa de Gobierno presentan este despliegue como un logro de gestión, lo cierto es que de los más de $815.926 millones adjudicados, apenas se había desembolsado alrededor del 18% en obras en marcha hasta mediados de 2026, dejando un remanente mínimo de apenas U$S 35 millones.
De este modo, la administración de Cornejo consumió prácticamente la totalidad de la reserva extraordinaria más importante de Mendoza para cubrir gastos de mantenimiento e infraestructura básica que deberían financiarse con recursos corrientes, quedando sin margen estratégico ni fondos propios para encarar la obra pública futura sin volver a endeudarse.

El oficialismo quería someter a votación el Presupuesto 2027 este miércoles 18 en Diputados. Sin embargo, al no haber un dictamen previo, el tratamiento en el recinto se postergó, al menos, hasta la semana que viene. Además, esta situación deja en una situación compleja al bloque de la UCR, compartido entre cornejistas y dirigentes de la fundación de Petri «Mendocinos por el Futuro».
La discusión llega en el momento de mayor tensión política entre el gobernador y quien pretende sucederlo. De hecho, recientemente, en Malargüe, Petri volvió a marcar distancia con la gestión provincial y sostuvo que Mendoza «está dormida y hay que despertarla», discurso similar al de la campaña 2023.
El costo del relato

Sostener que una administración está «ordenada» cuando necesita comprometer su coparticipación, pedir cientos de millones de dólares en nueva deuda y multiplicar el pago de intereses mientras licúa salarios y frena obras esenciales, responde más a una estrategia de marketing político que a un diagnóstico económico riguroso. En Mendoza, los números demuestran que el equilibrio fiscal que pregona Cornejo no es sinónimo de solvencia, sino el resultado de un ajuste que traslada el costo financiero a los servicios públicos y a las generaciones futuras.
Con información de Mendoza Post y El Sol
