La Revisión Técnica Obligatoria (RTO) se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza y un pozo financiero sin fondo para los choferes y propietarios de transporte de pasajeros en la provincia.
La normativa vigente en Mendoza, que les exige someter sus vehículos a este control cada seis meses, está desatando una ola de críticas por el alto costo económico y el severo desgaste operativo que genera en un sector ya golpeado por la crisis generalizada.
Mientras que los vehículos particulares disfrutan de plazos más laxos, quienes mueven la economía y el turismo mendocino —colectiveros, taxistas, remiseros y transportistas escolares— se ven obligados a pasar por los talleres de revisión dos veces al año. Esta periodicidad, lejos de percibirse como una medida de seguridad vial genuina, es fuertemente cuestionada y catalogada por los afectados como una mera estrategia de recaudación fiscal. Sin dudas, un golpe directo al bolsillo de los trabajadores.
Frente a esa realidad, el espacio político que responde a Luis Petri en Mendoza impulsa una modificación del régimen de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) para los vehículos destinados al transporte de pasajeros y de carga. La iniciativa, presentada este martes, propone ampliar los plazos de vigencia de las revisiones para reducir los costos que afrontan los trabajadores del sector.
El proyecto busca modificar el artículo 35 de la Ley Provincial de Tránsito 9024 y establece que los vehículos comerciales realicen la RTO una vez por año cuando tengan menos de 10 años de antigüedad, mientras que aquellos que superen ese período deberán someterse al control cada seis meses.
La propuesta cuenta con las firmas de los legisladores Gustavo Cairo, Griselda Petri, Ismael Jadur, Jorge Zingaretti, Alberto López, Raúl Villach y Carlos Ponce. El expediente fue presentado en la Cámara de Diputados y se espera que comience su tratamiento en las comisiones legislativas.
Qué cambiaría con el proyecto
Actualmente, Mendoza exige controles técnicos cada tres meses para los vehículos de transporte de pasajeros y de carga de hasta 10 años de antigüedad, y cada dos meses para aquellos que superan ese plazo, según el esquema normativo citado por los autores de la iniciativa.
La propuesta modificaría ese régimen de la siguiente manera:
- Vehículos de hasta 10 años: la RTO pasaría de una frecuencia trimestral a una anual.
Vehículos de más de 10 años: la revisión dejaría de ser cada dos meses y pasaría a realizarse cada seis meses.
El cambio alcanzaría a los vehículos comerciales comprendidos en la normativa, incluidos los servicios de transporte de pasajeros como taxis, remises y aquellos que trabajan mediante aplicaciones, además de los camiones de carga.
De aprobarse, la modificación reduciría la cantidad de inspecciones obligatorias que deben afrontar los propietarios y conductores, con un impacto directo en los gastos asociados al mantenimiento de sus habilitaciones para circular.
Los argumentos para cambiar la normativa
Entre los fundamentos del proyecto, se sostiene que la periodicidad vigente en Mendoza es más exigente que la aplicada en otras jurisdicciones del país y en distintos mercados internacionales.
Se señala que la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece la obligación de realizar revisiones técnicas periódicas, pero delega en las jurisdicciones la definición de los plazos correspondientes para los vehículos comerciales.
Además, los fundamentos hacen referencia al Decreto nacional 196/2026, que establece que la vigencia de las revisiones para vehículos que no sean de uso particular no puede superar los 12 meses, y plantea que las provincias pueden fijar sus propios plazos dentro del marco normativo aplicable.
Como comparación, el proyecto menciona que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la revisión es anual para taxis y otros vehículos comerciales, con controles semestrales para los que superan los 10 años. También se cita el régimen de la provincia de Buenos Aires, que contempla plazos diferenciados según la antigüedad, y el de Córdoba, donde los taxis y remises deben realizar la inspección cada seis meses.
Los autores también incluyen ejemplos internacionales. Según los fundamentos, países como Francia, Italia, Alemania y Japón aplican controles anuales a distintas categorías de transporte comercial, mientras que en Chile y España existen esquemas semestrales o anuales, dependiendo del tipo de vehículo y su antigüedad.
Menos costos, sin eliminar los controles
“Buscamos alivianar la carga burocrática y económica sobre los choferes y propietarios de transportes sin desatender la seguridad vial”, plantea el argumento de la iniciativa.
Desde el espacio promotor sostienen que la reducción de la frecuencia de las inspecciones permitiría disminuir los gastos y las interrupciones laborales que generan los controles periódicos, especialmente para trabajadores independientes, pequeñas empresas y familias vinculadas con el transporte.
La propuesta, sin embargo, no elimina la obligación de realizar la revisión técnica ni modifica su finalidad: verificar el funcionamiento de los sistemas de seguridad activa y pasiva de los vehículos y controlar sus emisiones contaminantes. El cambio se concentra en la frecuencia con la que deben efectuarse las inspecciones.
El proyecto deberá pasar por la Legislatura
La iniciativa deberá atravesar el debate legislativo antes de convertirse en ley. Para avanzar, los diputados deberán analizar la modificación propuesta al artículo 35 de la Ley 9024 y sus implicancias para la seguridad vial y la regulación del transporte comercial.
Actualmente, ese artículo delega en el Poder Ejecutivo la reglamentación de la revisión técnica general y establece un régimen específico para los servicios de transporte de pasajeros y de carga, sujeto a las disposiciones de la Dirección de Transporte.
Entre las normas mencionadas en el expediente figuran la Resolución 1799 de 2025, que aprobó el manual de procedimientos para la revisión técnica de vehículos de pasajeros, y el Decreto 2731 de 2024, vinculado con la periodicidad de los controles para unidades de más de 10 años.
El debate legislativo definirá si Mendoza modifica el esquema vigente y adopta los plazos propuestos en este proyecto.
El transporte de pasajeros en Mendoza, atrapado entre el ahogo económico y el desgaste burocrático
El impacto financiero de rendir cuentas ante los talleres de RTO dos veces al año es devastador para los pequeños propietarios y choferes independientes.
- Tarifas en ascenso: Los sucesivos aumentos regulados en el valor de las Unidades Fijas (UF) dispararon el costo de cada revisión, convirtiéndola en un gasto fijo asfixiante.
- El costo «oculto» de los repuestos: El verdadero drama económico no termina en el pago del canon de la oblea. Para aprobar la revisión técnica exigente, los transportistas deben cambiar neumáticos, amortiguadores y frenos de manera prematura. En un mercado con precios dolarizados y escasez de insumos básicos, afrontar estos arreglos cada medio año resulta inviable.
- Rentabilidad en jaque: Los costos de mantenimiento devoran el margen de ganancia de un servicio cuyas tarifas al público a menudo están reguladas o congeladas por el contexto social.
Más allá de la sangría de dinero, el factor humano y logístico es el que más desgastante a los choferes mendocinos. Soportar la RTO cada seis meses implica un desgaste administrativo y físico silencioso… por un lado, una constante pérdida de jornadas laborales, llevando la unidad al taller que significa directamente sacar el vehículo de circulación. Un día sin trabajar es un día sin ingresos, algo imperdonable para quienes viven de la recaudación diaria.
Por otro lado, conseguir turnos, lidiar con los sistemas caídos y soportar largas filas bajo el sol mendocino genera un estrés crónico en los choferes, quienes ya cargan con la tensión diaria de manejar en el tránsito urbano.
Diversos testimonios del sector denuncian que las exigencias varían arbitrariamente de un taller a otro, obligando a los choferes a realizar costosas re-verificaciones por fallas técnicas mínimas que no comprometen la seguridad, de acuerdo a criterios dispares entre apreciaciones de un tallerista con otro.
Seguridad vial vs. Afán recaudatorio
Nadie discute que el transporte público y de pasajeros deba ser seguro. Sin embargo, el sector argumenta con solidez que las unidades de pasajeros ya se someten a un mantenimiento preventivo riguroso y diario porque son su herramienta de trabajo.
La insistencia del Gobierno provincial en mantener el control semestral obligatorio para este sector expone una alarmante desconexión con la realidad económica de la calle. Al final del día, la RTO cada seis meses en Mendoza parece haber perdido su brújula de seguridad ciudadana, consolidándose como un peaje burocrático que asfixia el motor productivo de los choferes mendocinos.
Con información de MinutoYa
