Desde hace meses el medio Real Politik viene realizando un excelente trabajo periodístico publicando las conclusiones que viene desarrollando el
Tribunal de Cuentas de Mendoza en su oficio público de auditar la gestión del gobierno de Alfredo Cornejo. De allí dicho medio nacional saca ciertas «perlitas» que compartimos con los lectores biencuyanos y que no tienen mucha difusión en estas tierras del malbec y de «la transparencia».
Un ejemplo de ello fue cuando el Tribunal de Cuentas de Mendoza detectó que la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI) usó fondos para misiones oficiales como «caja chica» en el ejercicio 2024 para afrontar compras menores, servicios corrientes, bienes de uso y otros gastos cotidianos. Es decir, fondos públicos usados por fuera de su finalidad asignada. Dicha rendición dada a conocer recientemente, corresponde a la gestión llevada adelante por su directora, Silvina Beatriz Giordano. La UFI depende del ministerio de Hacienda y Finanzas, encabezado por Víctor Fayad.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad.
Pero la novedad se da en base a una causa penal por una presunta estafa de 27.222.400 y una auditoría que todavía encontraba debilidades para controlar el sistema de subsidios laborales colocan al gobierno de Alfredo Cornejo ante un problema que excede la actuación de dos exempleados. Durante la rendición de cuentas del fideicomiso que financia Enlazados, el Tribunal de Cuentas de Mendoza dejó documentadas deficiencias informáticas y ordenó continuar las acciones para recuperar fondos entregados a personas ajenas al programa.
El fallo 18.476, fechado el 14 de septiembre de 2026, reúne ambos elementos: el seguimiento de una investigación penal por dinero presuntamente malversado y la persistencia de problemas en los permisos y registros del sistema. La lectura política del documento alcanza a la conducción provincial: después de detectar una maniobra que habría aprovechado accesos internos, la auditoría del ejercicio siguiente seguía advirtiendo debilidades para identificar y reconstruir las acciones de los operadores.
Un programa bajo responsabilidad del gabinete provincial
Enlazados forma parte de las herramientas de promoción laboral del ministerio de Producción, encabezado por Rodolfo Vargas Arizu, y de la subsecretaría de Empleo y Capacitación, a cargo de Emilce Vega Espinoza. Ese encuadre ubica la discusión sobre los controles dentro de una política administrada por el gabinete de Cornejo.
La responsabilidad penal de los acusados deberá resolverse en la Justicia. La responsabilidad política por el funcionamiento del programa tiene otro alcance: comprende los mecanismos de supervisión, la protección del dinero público y la capacidad de corregir las vulnerabilidades detectadas.
El propio gobierno denunció las irregularidades y desvinculó a una de las trabajadoras involucradas en abril de 2024. Sin embargo, el fallo muestra que durante la auditoría de 2025 todavía había aspectos del control informático pendientes de resolver.
Cargar beneficiarios y borrar las inscripciones
Los principales imputados son Valentina Clara Cáceres Dimarco, quien trabajaba como personal técnico contratado por el fideicomiso, y Germán Exequiel Valdeomillos Tobares, su pareja y exempleado de la misma dependencia.
Según la reconstrucción del expediente publicada por Los Andes, la fiscal Gabriela García Cobos les atribuyó una maniobra desarrollada entre octubre de 2023 y abril de 2024: incorporar beneficiarios mediante relaciones laborales ficticias, obtener los subsidios y eliminar después las inscripciones.
La acusación sostiene que las cargas se realizaban antes de la liquidación mensual y que los datos eran borrados después de procesarse los pagos. El perjuicio atribuido asciende a 27.222.400 pesos. La fiscalía también dispuso embargos preventivos y restricciones de viaje, según la información publicada en noviembre de 2025.
Las modificaciones no resolvieron todos los problemas
En febrero de 2025, el auditor contable solicitó una revisión especial del sistema de gestión. El primer informe detectó deficiencias en los permisos, ausencia de un registro de actividades de los usuarios, falta de integración automática entre sistemas y controles limitados para validar datos.
Los responsables presentaron una respuesta en septiembre de ese año. Una segunda revisión reconoció avances en integración y validación, pero advirtió que persistían problemas de acceso y trazabilidad.
El nuevo sistema mantenía perfiles estáticos que no permitían asignar a cada persona permisos ajustados a su función. La asignación generalizada del perfil de administrador, señaló la auditoría, diluía responsabilidades y aumentaba el riesgo de acciones no autorizadas.
Tampoco pudo constatarse un registro consultable que permitiera reconstruir la actividad de un usuario específico durante un período determinado. El Tribunal recomendó continuar el desarrollo y subsanar esas deficiencias.
El hallazgo adquiere relevancia por el antecedente penal: la maniobra investigada habría utilizado precisamente el acceso al sistema y la eliminación de registros. El fallo no acredita un nuevo desvío en 2025, pero sí documenta debilidades que seguían pendientes durante la revisión de ese ejercicio.
Cuentas aprobadas y dinero por recuperar
Aunque el Tribunal aprobó la rendición y liberó de cargo a los funcionarios en la medida de la documentación examinada, esa decisión administrativa no equivale a una absolución en la causa penal.
En el mismo fallo, retomó una instrucción anterior para recuperar fondos entregados a personas que no pertenecían al programa. Informó que Fiscalía de Estado y Asesoría de Gobierno habían intervenido y describió las actuaciones como próximas a su elevación a juicio. El documento no precisa cuánto dinero fue recuperado ni acredita que esa elevación ya se hubiera concretado.
Para la gestión de Cornejo, el expediente deja una exigencia política concreta: explicar cómo se corrigieron las fallas, qué controles permiten ahora reconstruir cada operación y qué resultados tuvieron las acciones de recupero. La denuncia contra dos exempleados fue un paso necesario; garantizar que el circuito de subsidios proteja los fondos públicos sigue siendo una obligación de quienes conducen el programa.
Fuente Real Politik
