A pesar de las rutilantes cifras macroeconómicas y los millonarios anuncios de inversión que las corporaciones transnacionales celebran en los despachos oficiales, el desarrollo minero en San Juan expone la consolidación de un modelo de enclave extractivista que disocia la riqueza del bienestar social.
Esta opulencia subterránea contrasta de forma dramática con la realidad de los sectores populares y las zonas periféricas de la provincia, donde la precariedad habitacional, el empleo informal y las deficiencias en la infraestructura básica siguen siendo la norma.
La histórica promesa del «derrame» económico ha quedado reducida a una ilusión retórica: mientras las grandes empresas maximizan sus ganancias protegidas por generosos marcos fiscales, el ciudadano de a pie queda excluido de los beneficios directos de la actividad y asume la mayor parte de los riesgos ambientales.
Al final del día, la minería en San Juan se consolida como una maquinaria de generación de riqueza que se extrae del territorio, pero que jamás echa raíces en el bolsillo ni en la calidad de vida de su pueblo.
No hay trabajo para los sanjuaninos
Detrás del discurso oficial que promociona a la megaminería como la gran panacea del empleo en San Juan, la realidad del mercado laboral revela un impacto profundamente asimétrico y excluyente para las comunidades locales.
Los megaproyectos mineros operan con una lógica de alta especialización y tecnificación que margina sistemáticamente a la mano de obra autóctona, empujando a los trabajadores sanjuaninos a los eslabones más precarios, temporales e informales de la cadena, como la construcción inicial o los servicios de baja calificación.
La tan mentada creación de puestos de trabajo directos es, en rigor, un fenómeno de nicho que beneficia principalmente a técnicos y profesionales formados en otras regiones o el exterior, mientras que la masa laboral de los sectores populares queda atrapada en una economía local hiperinflada por la burbuja minera, donde el costo de vida se dispara pero los salarios reales se estancan.
Lejos de diversificar la matriz productiva, este modelo de enclave termina asfixiando y fagocitando a las actividades tradicionales de la provincia, como la agricultura y el comercio, destruyendo fuentes de trabajo sustentables en el tiempo a cambio de un espejismo laboral extractivo que se desvanece tan pronto como cae el precio internacional de los metales.
San Juan con la soga al cuello
El pasado 1 de septiembre, durante una transmisión en vivo de Todo Noticias (TN), la discusión sobre la morosidad y el endeudamiento de los hogares argentinos ocupó buena parte de la emisión. El medio mostró en pantalla un gráfico titulado ‘Deudores en Mora: Ranking por Ciudad’ que generó sorpresa por un dato particular. Cuatro de las cinco localidades con mayor morosidad del país pertenecían a San Juan.
El ranking ubica a Rawson, Chimbas, Pocito y Caucete entre los primeros puestos, mientras que la única localidad de otra provincia que aparecía en el listado era Presidente Perón, en Buenos Aires, que ocupaba el cuarto lugar.
Durante la emisión, y ante la sorpresa que provocó la presencia de tantas localidades sanjuaninas en el ranking, el presentador de TN rectificó la información al aire y se disculpó con la audiencia por una primera lectura errónea.
La aclaración fue importante. El porcentaje que aparecía en pantalla —por ejemplo, el 42,68% para Rawson o el 41,61% para Chimbas— no indicaba qué proporción de la población total de esas ciudades estaba en mora. El cálculo correspondía al porcentaje de deudores en situación de mora grave, es decir, con atrasos superiores a 90 días, sobre el total de personas que ya tenían deudas registradas en el sistema financiero.
La rectificación permitió dimensionar también el número de personas alcanzadas por esos porcentajes. En Rawson, sobre un total de 5.500 deudores únicos identificados, 2.300 se encontraban en situación de mora. El porcentaje mencionado durante la transmisión fue de 41,81%, mientras que la placa mostraba finalmente 42,68%.
En Chimbas, en tanto, el universo era considerablemente mayor. De los 39.400 deudores únicos registrados, unos 16.400 estaban en mora, lo que representaba el 41,61%. En Presidente Perón, sobre 37.500 deudores, se contabilizaban 14.800 deudores irregulares, equivalentes al 39,47%.
El contexto de San Juan: contrastes con los datos oficiales de mapadeladeuda.ar
Los datos exhibidos por TN encuentran un punto de contacto con la información disponible en el mapa interactivo de la deuda, mapadeladeuda.ar. La plataforma, desarrollada por el Centro de Estudios de la Ciudad y la Fundación Ebert a partir de registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualizados a junio de 2026, ubica a San Juan entre las provincias con mayor tasa de mora del país.
Según esos registros, la tasa de mora provincial alcanza el 20,49%, unos tres puntos porcentuales por encima del promedio nacional, que se ubica en 17,4%.
Los datos del Censo Nacional 2022 indican que San Juan tiene 822.853 habitantes. De ese total, 313.519 personas aparecen formalmente endeudadas, lo que representa el 38,1% de la población. Dentro de ese universo, el 32,26% se encuentra en situación de mora grave, unas 101.156 personas.
Sin embargo, el detalle por departamento muestra diferencias respecto del ranking presentado por TN. Según la plataforma, 9 de Julio registra la mayor tasa de mora de San Juan, con un 27,58%, seguido por Pocito, con 27,09%, y Rawson, con 25,78%.
La diferencia responde, al menos en parte, a que ambas mediciones toman referencias distintas. La herramienta utilizada para los datos oficiales mide la tasa de mora sobre el monto total de dinero prestado, mientras que la placa de TN se concentraba en la relación entre la cantidad de deudores únicos y quienes se encontraban en mora.
En cuanto al volumen de deudores, el listado provincial aparece encabezado por Angaco, con 46.245 deudores únicos, seguido por Capital, con 42.729, y Ullúm, con 42.849.
Tarjetear para comer: las razones estructurales de la crisis de Cuyo
Las cifras de morosidad no parecen responder solamente a decisiones financieras aisladas. También reflejan, según los datos citados en el informe, una estrategia de muchas familias para afrontar gastos cotidianos.
Un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ubicó a San Juan como la provincia con mayor morosidad general del país, con una tasa promedio del 37,4%. La diferencia entre los distintos tipos de acreedores resulta significativa. Mientras el sector bancario tradicional registra una mora del 16,5%, la irregularidad en billeteras virtuales y otros proveedores no financieros de crédito llega al 41,2% en la provincia. A nivel general, la mora en Mercado Pago alcanza el 14,6%, después de haberse triplicado en un año.
Uno de los principales destinos de ese endeudamiento es la compra de bienes y servicios básicos. Relevamientos de la Asociación Amas de Casa del País señalan que el 94% de las familias endeudadas en San Juan utiliza financiamiento para comprar alimentos. El porcentaje supera ampliamente el promedio nacional, donde la compra de alimentos representa el 62,5% de los consumos con tarjeta de crédito.
A esto se suma una caída del salario real del 18,7% y un aumento del peso de los gastos fijos. Servicios, alquileres, transporte y salud pasaron de representar el 49% al 54% de los ingresos de una familia tipo. En ese escenario, los hogares sanjuaninos quedan cada vez más expuestos al endeudamiento y al costo de los intereses asociados a las billeteras virtuales.
Con información de La Mecha
