La gestión del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, enfrenta un escenario de intensos contrastes en materia de transparencia y control público. Mientras el mandatario radical defiende activamente un modelo de administración basado en el orden fiscal, la previsibilidad presupuestaria y la promoción de jornadas institucionales de integridad y cumplimiento (compliance), sectores de la oposición y organismos técnicos han encendido alarmas sobre el acceso real a la información en la provincia.
Durante su primer gobierno, Alfredo Cornejo levantaba las banderas de la «transparencia» y el acceso a la información pública en el marco de la apertura del Tercer Foro Nacional Argentina Abierta (mayo 2018):
“Debemos seguir trabajando para seguir garantizando el pleno acceso a la información pública. Así lograremos la participación y el compromiso de los ciudadanos. En definitiva, buscamos que los ciudadanos tengan confianza en este nuevo Estado que estamos construyendo entre todos. Queremos no sólo un Estado sino también funcionarios preparados para brindar políticas de calidad”, proclamaba por entonces el gobernador entre medio de aplausos.
Un reciente informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) determinó una fuerte caída de Mendoza en el índice nacional de transparencia fiscal debido a la falta de publicación de esquemas clave de ahorro, inversión y financiamiento.
En paralelo, la presentación de un proyecto legislativo por parte del sector del «petrismo» para crear un Índice Provincial de Transparencia Pública, sumado a sanciones del Tribunal de Cuentas por irregularidades administrativas en la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM), han colocado la rendición de cuentas del Ejecutivo mendocino en el centro del debate político actual.
En Mendoza ya empezó la investigación sobre fondos viales, tras la denuncia de Cobos a la Nación
Fiscalía de Estado ya ingresó un pedido de informe al Gobierno provincial por presunta malversación de fondos del mileísmo en torno a rutas nacionales. La medida se ejecutó este viernes, luego de la denuncia y solicitud que hizo el ex gobernador Julio Cobos por supuesto uso indebido de dinero público recaudado a través del Impuesto a los Combustibles.
El reclamo ocurre porque el fideicomiso que se constituye con ese dinero tiene distintas asignaciones específicas: viviendas, obras hídricas, fondos para jubilaciones, etcétera. Uno de esos destinos es el Sistema Vial Integrado (Sisvial), que debe dedicarse a sostener las rutas.
Desde hace una semana -tras denuncias primero periodísticas y luego judiciales- se analiza si el Ministerio de Economía de Nación, conducido por Luis Caputo, incurrió en irregularidades con el dinero de esos tributos. Según se señaló, el grueso del dinero no está yendo al cuidado y mantención de esos trazados en todo el país, tal como marca que debería hacerse según el decreto que regula el fideicomiso, el 976/01.
Concretamente apuntan a una subejecución de los fondos ahí recaudados que ascendería al 73,8%. Es decir: de $1,5 billones, solo $394.406 millones fueron vertidos en obras viales en estos dos años y medio de gobierno mileísta, mientras que el resto quedó inutilizado en la cuenta o directamente se usó para comprar instrumentos financieros (siempre de acuerdo con la versión que la Justicia deberá ratificar o rectificar). Este reclamo se desprendería del análisis de la cuenta del Banco Nación que contiene ese dinero.
El evento escaló y llegó hasta Mendoza esta semana, luego de que el ex vicepresidente Julio Cobos, junto con el abogado Federico Morandini, solicitara la intervención de la Fiscalía de Estado local para requerir su inmediata intervención. Justificó su pedido afirmando que debía intervenir en defensa del patrimonio de Mendoza (ya que la Provincia utilizó y utiliza sus propios recursos para solventar inacciones de Nación en rutas que atraviesan nuestro territorio).
El dirigente radical menciona allí las rutas 7, 40 y 143 como ejemplos, dado que, mediante convenios extraordinarios, estas quedaron en manos de Provincia. Cobos expone que el Estado Nacional «sí contaba con fondos específicos para realizar estas y otras obras», pero que decidió no ejecutarlos en su totalidad, manteniéndolos en inversiones financieras o derivándolos al equilibrio fiscal. El ex gobernador sostiene que el Tesoro provincial sufrió un perjuicio claro al “asumir un costo ajeno”.
En ese contexto, la gestión de Alfredo Cornejo enfrenta la ineludible responsabilidad pública de transparentar de manera urgente el destino de los fondos asignados a las obras viales, un sector clave que exige máxima rendición de cuentas para disipar dudas sobre su ejecución presupuestaria.
En un contexto de creciente demanda ciudadana por el control de los recursos del Estado, el Ejecutivo mendocino debe garantizar el acceso irrestricto a los datos de licitaciones, costos de asfalto y plazos de obra, transformando los discursos institucionales de integridad en mecanismos reales de auditoría. Abrir estos registros no solo es una obligación legal ante los organismos de control, sino un acto de responsabilidad política indispensable para construir confianza vecinal y demostrar que cada peso invertido en las rutas e infraestructura de la provincia se administra con absoluta claridad.
Si bien las presuntas irregularidades se habrían cometido desde el Ministerio de Economía nacional, las consultas a calle Peltier tienen un sentido: detectar desde adentro cómo fue la recepción de esos desembolsos, para contrastarlos -si es que fuera posible- cono lo que «debería» haber recibido el mendocino.
La serie de preguntas deben responderla dos carteras: Gobierno y Desarrollo Territorial, que maneja Natalio Mema; pero también el Ministerio de Hacienda, de Víctor Fayad. Hay un plazo de 10 días hábiles para hacerlo; con lo cual, el tiempo concreto es hasta el viernes 28 de agosto -es un día más que lo habitual por el feriado de este lunes-. Nadie cree que no haya una devolución inmediata de lo consultado, más bien al contrario: se espera que esta misma semana haya una respuesta formal del gabinete cornejista.
La gestión de Alfredo Cornejo fue sancionada por irregularidades en la STM
La Sociedad de Transporte de Mendoza (STM), una empresa cuyo paquete accionario pertenece en un 100 por ciento al Estado provincial, quedó bajo la lupa del Tribunal de Cuentas por una serie de irregularidades detectadas durante el gobierno de Alfredo Cornejo. El organismo encontró compras directas sin competencia suficiente, excepciones cuya urgencia no estaba acreditada, contrataciones repetidas que terminaban superando los límites establecidos y hasta un pago en exceso en un trabajo de agrimensura.
La situación adquiere una dimensión política porque la compañía está encabezada por Daniel Vilches, contador y dirigente radical con una extensa trayectoria en la política mendocina, que fue concejal de Godoy Cruz, diputado y senador provincial. Vilches presidía la STM durante todo el período observado y continúa en el cargo: a fines de 2025 fue renovado como presidente del directorio hasta diciembre de 2028.
Por encima de la conducción de la STM aparece además Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial y posible candidato a gobernador de Alfredo Cornejo y uno de los principales responsables políticos de la política de transporte mendocina. Su vínculo con la empresa viene de lejos: como funcionario de Servicios Públicos participó de la reestructuración de la antigua Empresa Provincial de Transporte que dio origen a la actual STM.
El fallo 18.371, fechado el 6 de abril de 2026, analizó la administración financiera y patrimonial de la STM correspondiente a 2024. La auditoría detectó “numerosas contrataciones” realizadas mediante compra directa, evitando en determinados casos el pedido de presupuestos o la realización de concursos privados o públicos.
Las operaciones habían sido encuadradas en supuestos de “urgencia”, “notoria escasez” o “exclusividad”, pero el informe fue categórico: esas circunstancias no aparecían acreditadas en los legajos revisados.
También se encontraron contrataciones de bienes y servicios que se repetían mensual o periódicamente. Cada operación considerada de manera individual podía entrar dentro de los montos permitidos para una compra directa, pero la suma de las prestaciones terminaba superándolos. El Tribunal señaló además casos tramitados como proveedores únicos sin que se hubiera seguido correctamente el procedimiento previsto para esa excepción.
Con información de Diario Uno y Real Politik
