El diputado provincial Lucas Ilardo, (Fuerza Patria), se refirió al proyecto oficial de intervención sobre inmuebles vinculados al delito en Mendoza y aclaró que comparte plenamente el fin legítimo de combatir las actividades delictivas en las propiedades. No obstante, advirtió que para lograr resultados reales se requiere de un texto bien diseñado, por lo que instó al oficialismo a corregir las profundas falencias de redacción presentes en el proyecto de Ley Antiaguantaderos. “No estoy pidiendo que Mendoza no tenga esta norma, estoy pidiendo que hagamos una buena ley que permita actuar rápido pero dentro del Estado de Derecho”, enfatizó.
Entre los principales errores técnicos señalados, Ilardo apuntó contra la falta de evaluaciones de impacto sobre las 23 intervenciones que el propio Gobierno declara haber realizado desde octubre de 2025. Asimismo, criticó que el artículo 4 de la propuesta incluya conceptos extremadamente amplios y subjetivos como riesgos potenciales o cualquier otra situación para justificar la destrucción de un inmueble. Según el legislador, esta falta de precisión otorga un peligroso cheque en blanco al Poder Ejecutivo, desvirtuando el objetivo de la Ley Antiaguantaderos y abriendo la puerta a una total discrecionalidad que debilita las garantías básicas de cualquier ciudadano.
El diputado también hizo foco en la flagrante contradicción constitucional que representa el avance del Estado sobre la propiedad privada, un derecho consagrado en el artículo 16 de la Carta Magna provincial. El proyecto permite que la administración realice demoliciones y, de manera insólita, faculta al municipio a cobrarle los costos de la intervención al titular del inmueble, ignorando que en muchos casos el propietario es una víctima más que sufrió la ocupación ilegal de su terreno. Para Ilardo, el tratamiento planteado en la Ley Antiaguantaderos resulta paradójico y sumamente perjudicial para los damnificados: “Defender la propiedad privada también significa defenderla de una topadora administrativa”.
Otro de los cuestionamientos centrales gira en torno a la ausencia de un control judicial previo para las medidas más drásticas e irreversibles, como la demolición total. Desde el bloque Fuerza Patria se propuso incorporar la intervención de un juez para resguardar el debido proceso, pero el Poder Ejecutivo de Mendoza rechazó la idea argumentando que le quitaría el carácter administrativo al trámite. Ante esto, Ilardo contrastó la situación con el ejemplo de Córdoba, donde la legislatura sí aprobó por unanimidad una Ley Antiaguantaderos que equilibra perfectamente el accionar rápido del Estado con sólidas garantías judiciales ante medidas de alta intensidad. “Una casa demolida no se desdemuele, y el derecho a un juez no puede ser ir a mostrarle los escombros”, sentenció.
El legislador alertó sobre la incertidumbre procedimental del artículo 10, que otorga apenas cinco días hábiles al propietario para formular una oposición pero no define en qué plazo debe resolverla el Ministerio de Seguridad y Justicia, dejando abierta la posibilidad de que la demolición se ejecute antes de resolver el descargo.
Este tipo de grises legales demuestra un grave voluntarismo técnico que, lejos de solucionar el problema de la inseguridad en los barrios, terminará por saturar los tribunales locales con litigios por mala praxis estatal. Por esta razón, el bloque parlamentario insistió en que se debe combatir el delito de manera firme pero siempre respetando la Constitución Nacional y Provincial a través de una bien redactada y sólida Ley Antiaguantaderos.
