El PRO, principal aliado legislativo de la gestión de Javier Milei, mantendrá a lo largo de esta semana una serie de reuniones de su mesa nacional y de su bloque de diputados para definir qué postura adoptará frente al pedido de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, impulsado por la oposición para la sesión del próximo martes 23 de junio en la Cámara baja.
El partido fundado por Mauricio Macri insta formalmente al Poder Ejecutivo a resolver la situación procesal y política del funcionario —investigado por presuntas irregularidades para acreditar un patrimonio de $ 944 millones— antes de esa fecha límite, buscando que la Casa Rosada tome una determinación que evite un quiebre definitivo en el Congreso y preserve el rumbo del cambio.
Para alcanzar esa definición técnica y política, el bloque conducido por Cristian Ritondo y la cúpula del partido amarillo abrirán canales de debate interno destinados a consensuar si aportarán o no sus 12 votos clave en Diputados, los cuales resultan determinantes para que la oposición logre el quórum de 129 legisladores necesarios para habilitar el emplazamiento en comisiones de la moción de censura.
«Estamos instando a que el Gobierno lo resuelva antes del 23 antes de establecer una postura final», matizaron al medio nacional Perfil desde el entorno del jefe del bloque del PRO, confirmando que «a lo largo de esta semana va a haber reuniones de la mesa del PRO y de los diputados donde puede llegarse a alguna definición, pero por ahora no hay nada concreto».
En tanto, el diputado nacional del PRO, Álvaro González, se pronunció a favor de avanzar con una interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni «Mi postura es que ha habido mucho ruido con la moción de censura sí o no, y yo estoy convencido de que antes de la moción de censura necesitamos que Adorni venga al Congreso en calidad de interpelado».
González enfatizó con la última presentación del jefe de Gabinete ante la Cámara de Diputados. “Adorni vino al Congreso y mintió”, disparó. Por esa razón, consideró necesario que vuelva a comparecer ante los legisladores. “Que venga al recinto, se lo interpele y después veremos cómo sigue”, planteó. Al mismo tiempo, puntualizó: “No soy de la idea de ir por la moción de censura porque al instante nos dicen que somos golpistas y queremos sacarle los funcionarios al Gobierno”, explicó.
Por último, relativizó la utilidad práctica de una eventual moción de censura y cuestionó que el Ejecutivo pudiera acatarla. “En todas las eras democráticas no pasó nunca que se tenga que resolver una moción de censura. ¿Por qué el Presidente le haría caso al Parlamento? Si hay leyes votadas que no cumple”, concluyó.
Los sugestivos silencios en Mendoza ante el caso Adorni: Cornejo y Petri
Los gobernadores tienen en la mano las encuestas que lo muestran a Adorni como un salvavidas de plomo. «Es un tema ético-moral, institucional, con 75% de la sociedad diciendo que no le cree nada al jefe de Gabinete» frente a ello no quieren prenderse fuego en la opinión pública de sus provincias por un personaje que políticamente está «muerto» y sin futuro.
Por eso Alfredo Cornejo y sus delfines se esconden ante la prensa local y no hablan públicamente sobre el tema, ya que como aliados al gobierno nacional violeta, no quieren pagar el costo de salvar a Adorni en el Senado.
La postura de Alfredo Cornejo frente al caso de Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, es de distanciamiento y cautela institucional. El gobernador de Mendoza mantiene un perfil bajo para evitar que el desgaste político del jefe de Gabinete nacional afecte su propia gestión, optando por priorizar la agenda de gestión y obras provinciales.
Aunque recibió a Adorni en la provincia para inaugurar obras del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en el Parque Solar El Quemado, desde adentro de Cambia Mendoza señalan la incomodidad que genera el escándalo en el electorado radical.
Por ello, Cornejo ha evitado defender públicamente el patrimonio del funcionario nacional, optando por mantener el enfoque en la gobernabilidad y su vínculo institucional con la Casa Rosada.
Mientras Cornejo ha defendido a funcionarios locales de su riñón imputados en causas judiciales, como el caso del titular de Aysam, el cornejista Humberto Mingorance, argumentando que no están ligados a la corrupción, ha dejado que el caso Adorni sea manejado exclusivamente por el presidente Javier Milei.
En tanto, la postura de Luis Petri frente al caso de Manuel Adorni oscila entre el silencio, el blindaje corporativo y la diferenciación política, defendiendo inicialmente la idoneidad y el rol del jefe de Gabinete dentro del espacio de La Libertad Avanza, mientras su entorno es señalado en los corrillos políticos como un potencial reemplazo institucional ante una eventual salida del funcionario.
El contraste fundamental que Petri y el oficialismo trazan frente a los casos de corrupción del kirchnerismo radica en la sistematicidad estructural del delito y la complicidad estatal: mientras que el espacio gobernante cataloga las denuncias contra Adorni como «operaciones políticas» o irregularidades aisladas que deben tramitarse en la justicia sin amparo de fueros legislativos, argumentan que el kirchnerismo construyó una matriz de corrupción institucionalizada destinada al saqueo del Estado mediante la obra pública, sosteniendo políticamente a figuras condenadas o procesadas en nombre de una supuesta persecución judicial.
El dedo moral de Petri se levanta de acuerdo a su conveniencia personal y no en torno a la valor de la democracia y la República.
Recordemos que Adorni fue invitado varias veces a dar charlas en la provincia de Mendoza invitado por la fundación que preside Petri, «Mendocinos por el Futuro», por lo cual tiene una cercanía con el evasor confeso desde hace años.
Solo la vicegobernadora Hebe Casado y Ulpiano Suarez hablaron puntualmente del tema ante la prensa en el oficialismo provincial.
La postura de Ulpiano Suarez ante el caso de Manuel Adorni es de rechazo rotundo y condena política explícita. El intendente de la Ciudad de Mendoza adoptó una posición severa al declarar de forma tajante que “si Adorni hubiese sido mi jefe de Gabinete, no estaría” en sus funciones. El mandatario radical exigió que la Justicia investigue «a fondo» el salto en la declaración jurada del funcionario nacional —que trepó de 107 a 950 millones de pesos en dos años— y calificó el descargo de Adorni como una sucesión de “inconsistencias, contradicciones y ocultamiento de información”.
Asimismo, Suarez en la misma sintonía al PRO Nacional de Mauricio Macri, expresó su profunda preocupación por el hecho de que el presidente Javier Milei continúe sosteniendo al funcionario, advirtiendo que este escándalo erosiona la confianza pública y desvía el foco de los logros económicos del Gobierno nacional.
En tanto, la postura de Hebe Casado ante el caso de Manuel Adorni se fundamenta en la preservación de la institucionalidad y la mitigación del desgaste político del Ejecutivo nacional, sosteniendo críticamente que el jefe de Gabinete debió haber dado un paso al costado de forma transitoria mientras avanza la investigación judicial en su contra. La vicegobernadora de Mendoza argumentó que alejarse temporalmente de la función pública hubiese sido lo «más sano» para el Gobierno de Javier Milei, ya que su permanencia desvía el foco de atención hacia disputas personales y mediáticas menores en lugar de concentrar los esfuerzos de la dirigencia en resolver las problemáticas reales de la sociedad como los temas económicos y sociales.
Las reuniones clave del PRO y el límite del martes 23
El margen de negociación del macrismo de cara a la sesión del martes 23 se moverá bajo una estricta prudencia política durante los próximos días. La tensión interna dentro del espacio escaló tras un mensaje de la cuenta oficial de la fuerza que exhortaba al Presidente a priorizar la defensa del programa de gobierno por sobre la figura del jefe de Gabinete. «Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defina el cambio y no a Adorni», publicaron desde la cuenta de X @proargentina.
Sin embargo, los estrategas parlamentarios del partido amarillo optaron por enfriar la confrontación directa y supeditan cualquier acción legislativa conjunta a los resultados de los encuentros internos que mantendrán los diputados nacionales y los principales referentes de la mesa de conducción.
La meta principal del bloque es unificar criterios para evitar fisuras en la votación del recinto y, al mismo tiempo, eludir un escenario donde sus 12 legisladores terminen siendo funcionales a las propuestas de control impulsadas originariamente por la bancada del kirchnerismo. De no mediar un apartamiento voluntario del cargo o un desplazamiento decretado por el Ejecutivo antes de la fecha límite, la bancada del PRO evaluará si el tratamiento en comisiones es la vía institucional adecuada para exigir explicaciones sobre el expediente patrimonial sin resentir la alianza estratégica con el oficialismo.
El escenario en el Senado y la distancia con el kirchnerismo
Antes de la decisiva sesión en la Cámara baja, el debate tendrá una primera escala técnica este jueves en el Senado de la Nación, donde el kirchnerismo intentará avanzar con las solicitudes de citación a Adorni en una jornada dedicada a debatir la inviolabilidad de la propiedad privada y pliegos de jueces.
El bloque del PRO en la Cámara alta, compuesto por una bancada de tres integrantes liderada por Martín Goerling Lara, actuará en estricta sintonía con las directrices que emanen de las reuniones de los diputados y las autoridades nacionales, cuidando de no debilitar el andamiaje legislativo que sostiene al Ejecutivo en temas estructurales.
La premisa compartida en la cúpula de la fuerza es eludir cualquier tipo de alianza táctica que opaque su identidad partidaria o que sea capitalizada por el arco opositor más duro. En este sentido, referentes de la gestión como el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, ratificaron el fin de semana la voluntad de mantener autonomía en los proyectos de control y fiscalización del gasto público, asegurando que el espacio no se prestará a generar un escenario de inestabilidad política, sino a garantizar la transparencia que demanda la sociedad.
Con información de La Política Online, Perfil, El Intransigente
