El río San Juan registra uno de sus períodos más críticos en términos hídricos con un derrame anual estimado en 570 hectómetros cúbicos, muy por debajo de las expectativas y del necesario para mantener el sistema productivo actual.
Productores y regantes cuestionan las decisiones sobre la distribución del agua, denuncian falta de gestión y aseguran que el vínculo con las autoridades está completamente deteriorado.
En una provincia donde el agua depende casi exclusivamente del deshielo cordillerano, cada invierno con menor acumulación de nieve anticipa un verano más complejo. La reducción sostenida de precipitaciones en alta montaña y la variabilidad climática profundizan un escenario que ya no parece excepcional, sino estructural.
San Juan es uno de los principales polos mineros de la Argentina. Proyectos metalíferos en la cordillera demandan volúmenes significativos de agua para sus procesos industriales, incluso cuando se aplican sistemas de recirculación. La expansión de nuevos emprendimientos genera preocupación en sectores ambientales y académicos que advierten sobre el impacto acumulativo en las cuencas.
La actividad minera se desarrolla en zonas de alta montaña, cercanas a glaciares y ambientes periglaciares que funcionan como reservas naturales de agua. Cualquier alteración en estos sistemas puede afectar el equilibrio hídrico que alimenta los ríos provinciales.
La bronca de los productores sanjuaninos
En el centro del conflicto aparece la decisión del Consejo de Hidráulica de fijar la distribución en 653 hectómetros cúbicos. La medida fue cuestionada por referentes del sector, como Pablo Martín, titular de la Cámara Vitícola, quien la consideró “caprichosa” y sin sustento técnico claro.
Los productores aseguran que ese volumen no alcanza para sostener los cultivos, sobre todo en un escenario donde el pronóstico hídrico oficial falló entre un 30% y un 40%. “El volumen no alcanza para el requerimiento de la producción”, advirtió Martín. En algunas zonas, como Caucete, incluso señalan que habrá fincas que no podrán regar durante agosto.
El malestar no se limita al ámbito técnico. En las últimas semanas, productores se manifestaron frente a Casa de Gobierno para visibilizar una situación que describen como crítica. Apuntan directamente al Ministerio de Producción y a la conducción de Hidráulica, y reclaman cambios en la gestión.
En ese contexto, algunos testimonios reflejan el nivel de enojo en el sector. Un productor relató que su cosecha de uva se redujo a la mitad por la falta de riego, con granos que se secaron antes de tiempo. La sensación que predomina, según coinciden distintas voces, es que el Estado no está garantizando el funcionamiento del sistema, con impacto directo no solo en la producción sino también en los precios.
Otro de los ejes sensibles del reclamo es el manejo de los fondos destinados al sistema hídrico. Productores, regantes y cámaras agrícolas sostienen que hay más de $20.400 millones sin ejecutar en los últimos dos años.
De acuerdo a los datos presentados, la Cuenta 13 (Consenso Fiscal) ejecutó el 26,4% en 2024 y el 23,9% en 2025. En tanto, la Cuenta 12, financiada con recursos propios de Hidráulica, apenas alcanzó un 16,1% de ejecución el último año. Según denuncian, esta subejecución impacta directamente en la falta de obras, el deterioro de canales y la ausencia de mejoras en sistemas de medición clave para anticipar la disponibilidad de agua.
Situación catastrófica
Durante el verano, la época de mayor caudal, el río aportó solo 308 hectómetros cúbicos, mientras que se entregaron 411 al uso agrícola, agotando reservas guardadas en los diques. Ante esta situación, el Gobierno provincial planteó distribuir 633 hectómetros cúbicos para riego, propuesta rechazada por los productores viñateros que exigen 700, descartando también una oferta intermedia de 650 hectómetros cúbicos.
El secretario de Agricultura, Miguel Moreno, explicó que la reducción en caudales se debe en parte a procesos de sublimación que disminuyeron la nieve disponible en la cordillera. Sin embargo, los reclamos continúan y la cuestión adquirió un tono político, con productores como el consejero regante Nicolás Yanzón impulsando acciones judiciales para pedir transparencia en la gestión y ejecución presupuestaria del Departamento de Hidráulica.
El sistema de distribución enfrenta serias pérdidas: en los valles de Tulúm, Ullum y Zonda, se estiman pérdidas de entre el 40% y 45% en canales mayores, y solo el 15% a 20% del agua liberada en los diques llega a los cultivos debido a canales terciarios en mal estado. Esto implica que de cada 10 litros, apenas 2 abastecen efectivamente.
Además, el manejo del recurso enfrenta polémicas. Juntas de riego, dominadas en gran medida por productores viñateros, son criticadas por sectores como el hortícola y semillero por priorizar sus demandas. A pesar de esto, el 80% de los viñedos utiliza métodos tradicionales de riego poco eficientes, como la inundación a manto.
Por otro lado, productores de pistachos, olivos y tomate para industria han adoptado tecnologías que elevan la eficiencia de riego a más del 90%, demostrando alternativas para optimizar el agua.
Un dato preocupante es que solo el 20% de los regantes paga el canon de riego, lo que limita la inversión en infraestructura, obligando al Estado a financiar la mayor parte del mantenimiento. Esto genera un ciclo de pérdidas crecientes y menor eficiencia, aumentando la presión sobre un recurso cada vez más escaso.
La tensión por el agua también afecta la seguridad operativa: reclamar 700 hectómetros cúbicos puede poner en riesgo la estabilidad de los diques y complicar la potabilización del agua, lo cual podría afectar el suministro para consumo humano.
En la práctica, esta crisis revela debilidades en un sistema productivo poco adaptado a la escasez, con baja rentabilidad y limitada inversión en tecnologías de riego, especialmente en el sector vitivinícola. La discusión sobre el reparto de agua refleja una problemática mayor sobre la necesidad de eficiencia y sustentabilidad del uso hídrico.
Riesgos operativos y agua potable en juego
El reclamo por los 700 hectómetros cúbicos no solo tensiona las reservas, sino que también podría comprometer la seguridad de los diques, obligándolos a operar por debajo de la cota mínima de 579,2 hectómetros cúbicos.
Además, una menor disponibilidad de agua incrementa la turbidez, complicando el proceso de potabilización y afectando potencialmente el abastecimiento de agua potable.
Un modelo productivo en debate
La crisis hídrica actual pone en evidencia una tensión estructural: el agro necesita agua para sostener la producción; la minería impulsa inversiones y empleo; el cambio climático reduce las reservas naturales. La pregunta no es solamente cuánto recurso queda, sino cómo se administra y bajo qué prioridades.
San Juan enfrenta un dilema que anticipa debates más amplios en la Argentina: cómo equilibrar desarrollo económico, protección ambiental y seguridad hídrica en un escenario de creciente incertidumbre climática.
Con información de Telesol, La Mecha, Zonda, La Política Ambiental
