El candidato a diputado nacional por el Frente Verde, Mario Vadillo advirtió sobre la entrega de costas y accesos públicos a empresas privadas mediante concesiones a 50 años. Señaló que se están violando normas constitucionales y ambientales al transformar un bien común en un negocio exclusivo.
El exdiputado provincial y referente del Frente Verde, denunció que el perilago de Potrerillos, una obra pública construida con recursos de todos los mendocinos, “está siendo alambrado, concesionado y convertido en un club cerrado para pocos”.
“En Mendoza, los paisajes públicos se están transformando en negocios privados. Potrerillos, que fue pensado como un espacio libre y gratuito, hoy está cercado por el avance de los intereses económicos y la complicidad del Estado. Lo que debería ser el lago de todos, se está transformando en el privilegio de unos pocos”, advirtió Vadillo.
Alambrados, concesiones y pérdida de acceso
Vadillo denunció que en los últimos meses se han levantado kilómetros de alambrados y portones en las costas del lago, lo que restringe el acceso público a los sectores más atractivos.
“El Gobierno mira para otro lado mientras se alambran las costas. Hoy todavía se puede entrar por algunos caminos, pero si no se detiene este modelo, pronto todo estará cerrado o tarifado. Cuando llegue ese momento, Potrerillos será un club privado donde tomar un mate frente al agua será un lujo y no un derecho”, expresó.
El exlegislador señaló además que el Estado no sólo cede el espacio público, sino que lo hace bajo un esquema de concesiones prolongadas que benefician a grupos empresarios vinculados al poder político, sin controles efectivos ni contraprestaciones reales.
Una concesión por 50 años
En 2022, el Gobierno provincial adjudicó a Potrerillos Resort S.A. la concesión por 50 años de la margen sur del perilago, dentro del proyecto Costazur, bajo la promesa de construir infraestructura turística y servicios públicos.
El pliego licitatorio establecía una inversión inicial de 10 millones de dólares para caminos, sanitarios, zonas de estacionamiento y señalización. Sin embargo, según Vadillo, a casi tres años de la adjudicación no se observa ninguna obra de impacto público.
“Lo único que avanza son los alambrados y los movimientos de suelo. No hay baños públicos, no hay estacionamientos gratuitos, ni control ambiental. El Estado se comporta como un socio silencioso: entrega el territorio y permite que se cobre por lo que es público”, denunció.
Un marco legal que el Gobierno ignora
Vadillo recordó que el artículo 235 inciso 1 del Código Civil y Comercial de la Nación declara de dominio público natural a los ríos, lagos y embalses, garantizando su uso libre y gratuito. Asimismo, la Ley Provincial de Aguas N° 322 y la Constitución de Mendoza establecen que las márgenes de los cursos de agua y espejos naturales no pueden ser objeto de apropiación privada.
“El Gobierno ha reinterpretado las leyes para habilitar concesiones que en la práctica son privatizaciones encubiertas. Bajo el relato del turismo sustentable, se entregan espacios públicos a sociedades que luego subconcesionan y venden el acceso. Es la institucionalización del saqueo”, sostuvo el referente ambientalista.
Ausencia estatal y degradación ambiental
Vadillo también apuntó contra la inacción del Estado provincial, que prometió accesos gratuitos en los decretos de concesión, pero nunca garantizó los medios materiales para hacerlo posible.
“El Estado desaparece donde más debería estar. No hay baños, no hay señalización, no hay limpieza ni mantenimiento. Los lugares libres se llenan de basura porque no hay gestión pública, mientras las zonas concesionadas avanzan con restaurantes, estacionamientos pagos y proyectos VIP sobre la costa”, detalló.
El dirigente calificó esta situación como “una política deliberada de abandono” que busca empujar a la población hacia los espacios privatizados, donde deberán pagar para acceder a los mejores paisajes.
La paradoja mendocina
Vadillo advirtió que el escenario futuro es previsible: “los pocos accesos públicos que queden colapsarán por la falta de infraestructura y control”.
“Cuando eso ocurra -porque va a ocurrir-, las autoridades volverán a culpar a la gente por no cuidar el lugar, y usarán esa excusa para cerrar aún más los accesos. Así funciona el modelo mendocino: primero te quitan el derecho y después te culpan por ejercerlo”, afirmó.
Las exigencias del Frente Verde
Desde el Frente Verde, Vadillo exigió la suspensión inmediata de todas las concesiones y subconcesiones hasta que el Gobierno provincial garantice:
- Caminos y accesos públicos libres, seguros y señalizados.
- Baños, estacionamientos y servicios básicos gratuitos.
- Publicación de contratos, planos y estudios de impacto ambiental.
- Controles efectivos y sanciones ante cualquier restricción al uso público.
“Potrerillos no fue hecho para ser un negocio privado. Es una obra pública pagada con los impuestos de todos los mendocinos. No se trata de oponerse al desarrollo turístico, sino de impedir que se robe el derecho colectivo al territorio y al paisaje”, concluyó.
