El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, pero al mismo tiempo dejó en suspenso su aplicación hasta que el Congreso incorpore los créditos presupuestarios y las fuentes de financiamiento correspondientes.
La decisión se oficializó mediante el Decreto 681/2025, que invoca el artículo 5° de la Ley 24.629 y el artículo 38 de la Ley 24.156, los cuales establecen que toda norma con impacto fiscal queda paralizada hasta contar con partidas específicas.
No obstante, a través de una investigación periodística realizada por Mauro Federico e Ivy Cángaro la semana pasada en el medio Data Clave reveló que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la ex Corporación Andina de Fomento (CAF) concedieron créditos por 565 millones de dólares a la Agencia Nacional para la realización de obras y tareas tendientes a la «inclusión de las personas con discapacidad», del cual lo comprometido por el gobierno de Javier Milei nunca se cumplió.
Para justificar los gastos a las entidades internacionales, el extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo decidió ejecutar los fondos del empréstito de BID para la capacitación de los trabajadores del organismo en exorbitantes gastos, como por ejemplo, las capacitación denominada «vivencias personales» que brindó la empresa Negitech en la provincia de San Luis que costó 167 millones de pesos o la contratación de empresas truchas para subejecutar millonarias partidas.
La suma de irregularidades que incluyen las coimas que el mismo Spagnuolo atribuye a Karina Milei, Lule Menem y la Droguería Suizo Argentina sumó un escalón más con la contratación de la empresa URBANO S.A para la distribución de pañales, tal como reveló Data Clave. Ahora, la subcontratación de empresas para fines que el mismo Andis debería cumplir, y el misterio de los 565millones de dólares que no se sabe dónde están. Demasiadas explicaciones que no están dándose por parte del gobierno de Javier Milei.
El diputado Cobos se pregunta ¿Dónde está la plata de Discapacidad?
En ese contexto, el diputado nacional por Mendoza, Julio Cobos salió al cruce «El gobierno se niega a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad porque el jefe de Gabinete no quiere reordenar las partidas presupuestarias. Argumentan como excusa que el Congreso no especificó el origen de los fondos».
El legislador radical agrega «Sin embargo, llevan las retenciones a cero. Una medida bien recibida por el campo, pero que expone la contradicción del supuesto “equilibrio fiscal”. Retenciones cero… ¿sólo hasta las elecciones? ¿y después?»
«Una decisión coyuntural, destinada a sostener la posición del ministro y a vender hasta el último dólar del Banco Central, mientras se posterga el cumplimiento de una ley como la de Emergencia en Discapacidad, que atiende a los sectores más vulnerables», concluye el ex gobernador y ex vicepresidente, Julio Cobos.
Pedido de informe
Por su parte, el diputado Julio Cobos elevó un pedido de informes al Ejecutivo nacional que «Informe de manera precisa y detallada sobre los siguientes puntos, relacionados a los prestamos realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que ascendía a doscientos sesenta y cinco millones de dólares (US$ 265.000.000) y por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) de trescientos millones de dólares (US$ 300.000.000) a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS):
1. Informe documentadamente el estado de ejecución de dichos préstamos. Sírvase incluir fechas exactas de los desembolsos recibidos y su correspondiente aplicación.
2. Informe acerca de los sistemas implementados para monitorear la ejecución de los fondos, garantizar el correcto destino de ellos, y evaluar el impacto en el programa objeto del préstamo.
3. Ante una eventual sub ejecución o no ejecución, sírvase informar los motivos administrativos, presupuestarios, logísticos o de cualquier otra índole que hayan impedido o demorado la ejecución total o parcial de los fondos.
4. Ante el caso de sub ejecución o no ejecución, informe las medidas concretas que establecerá para garantizar la ejecución de los fondos y cumplir de ese modo con el objeto de los préstamos.
El proyecto de resolución lleva la firma de diputados nacionales de diferentes bloques: Julio C. Cobos, Martin Aveiro, Mónica Frade, Adolfo Bermejo, Mario Barletta, Liliana Paponet, Lourdes Arrieta, Marcela Antola, Danya Tavela, Daniel Arroyo, Marcela Coli.
