El uso de la violencia sexual y basada en el género (VSBG) para reprimir las protestas pacíficas forma parte de un “patrón creciente” y “alarmante” en Latinoamérica, según denunció este miércoles la organización humanitaria REDRESS.
Esta ONG, con sede en Londres, reveló en su primer informe sobre esta cuestión casos de agresiones cometidas por “actores estatales” en manifestaciones recientes en Argentina, Chile, Colombia, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela, donde las víctimas son sometidas a “desnudez forzada, violación, requisas invasivas, acoso sexual, tocamientos inapropiados, violaciones anales y vaginales con objetos”.
Esta represión política y social, subrayó, a menudo coincide con esfuerzos más amplios encaminados a reducir el espacio cívico mediante la criminalización de manifestantes, detenciones masivas y leyes que evitan que las fuerzas de seguridad rindan cuentas por los abusos.
El informe, elaborado con la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University Washington College of Law (AUWCL) y la Red Latinoamericana de Litigio Estratégico en Violencia de Género (ReLeG), explicó que la VSBG se utiliza particularmente como arma contra mujeres, personas LGBTIQ+ y otros grupos marginados.
Las víctimas, lamentó, suelen guardar silencio por vergüenza, temor a represalias, estigma social o falta de confianza en el sistema de justicia, mientras que la impunidad “generalizada” lo agudiza y perpetúa el ciclo de violencia.
La investigación también advirtió sobre “el fracaso sistémico” de las autoridades a la hora de incorporar una perspectiva de género en las políticas y prácticas de seguridad, “en claro desprecio por las normas de derechos humanos internacionales y regionales”.
“La violencia sexual y de género en las protestas es una herramienta deliberada de represión política y social. Refleja una discriminación estructural profundamente arraigada, destinada a deshumanizar, silenciar y desalentar la participación de mujeres y personas de diversas orientaciones sexuales o identidades de género en la vida pública y política”, indicó la directora jurídica de REDRESS, Alejandra Vicente.
En «efecto Cornejo» en Mendoza
El movimiento Ni Una Menos Mendoza denunció este jueves hostigamiento policial ocurrido durante su última asamblea en la Fundación Ecuménica de Cuyo. Según relataron, dos efectivos intentaron ingresar al encuentro y pidieron datos de las asistentes. La organización repudió la persecución política y responsabilizó al Gobierno de Alfredo Cornejo por la violencia institucional.
Desde el colectivo remarcaron que el hecho sucedió el mismo día en que se registró el femicidio de Sandra Norma Sánchez, en Guaymallén, que se sumó a otros siete casos de violencia machista en la provincia durante 2025. “Ocho en lo que va del año, una cifra que ya supera la de todo 2024”, subrayaron.
«El martes 2 de septiembre, durante una asamblea abierta de Ni Una Menos Mendoza en la Fundación Ecuménica, efectivos de la policía provincial se presentaron en el lugar. Tocaron la puerta, preguntaron cuántas personas estaban reunidas y solicitaron identificaciones», sostuvieron desde Ni Una Menos Mendoza.
A lo que agregaron «No es la primera vez que sucede. En distintas ocasiones, cuando el colectivo se ha reunido en plazas o espacios privados, la policía se ha hecho presente para advertir que conoce de nuestras convocatorias. Incluso familiares de víctimas de femicidios han recibido llamados desde el ministerio con el mismo fin de desalentar su participación en actividades de pedido de justicia».
En ese marco, sostuvieron que mientras la violencia de género avanza y las políticas públicas de prevención desaparecen, el Estado dedica sus recursos a intimidar a las organizaciones sociales.
«Que la policía de Cornejo se dedique a hostigar y amedrentar a quienes luchamos por poder ejercer nuestro derecho a vivir una vida libre de violencias, nos parece un acto de extrema gravedad en una democracia de baja intensidad» denunciaron.
Denuncias contra el Gobierno provincial
En su comunicado, Ni Una Menos Mendoza vinculó este accionar con un contexto de ajuste y represión más amplio: “Se reprime a jubilados que luchan por una jubilación digna, se criminaliza a quienes defienden el agua, se recortan ayudas a personas con discapacidad y se hambrea a trabajadores de la salud y la educación”.
Además, señalaron la acefalía en la Dirección de Género Provincial como una muestra del desinterés oficial.
Con información de Editor Mendoza
