En Mendoza, el agua siempre ha sido un recurso vital, un bien común que ha sostenido la vida, la producción agrícola y el desarrollo de la provincia. Pero ahora, bajo un manto de secretismo y con un plan maestro diseñado por la empresa israelí Mekorot, el gobierno busca convertir el acceso al agua en un privilegio, regulado por medidores que no miden solo el consumo, sino la capacidad de pago de cada usuario.
Los medidores: una trampa para el ciudadano
Nos venden el discurso de la eficiencia: instalar medidores en cada hogar para que la gente “tome conciencia” y “use menos agua”. Pero la realidad es otra. No se trata de eficiencia ni de ahorro, sino de racionamiento forzado para los usuarios comunes, mientras se abre la puerta a un uso ilimitado para la minería y otros grandes consumidores.
Además, el sistema tarifario de los medidores no busca premiar la eficiencia del usuario, sino solo recaudar más. Se aplicará una Tarifa basada en “cuota fija más exceso”, lo que significa que no importa si alguien consume menos, seguirá pagando una tarifa base alta. La cuota fija se calcula en función de la superficie y el valor de la propiedad, desvinculando el pago del consumo real de agua. Es decir, no se incentiva el uso racional, solo se castiga el exceso con tarifas aún más elevadas.
Si realmente se buscara eficiencia, la Tarifa debería ajustarse según el consumo real, permitiendo que quienes ahorren paguen menos. Pero este modelo garantiza ingresos fijos para la empresa y el Estado, mientras los usuarios pierden control sobre cuánto pagan por el agua.
Un plan maestro oculto y un nuevo dueño del agua
¿Por qué el gobierno se niega a decir que va a ejecutar el plan maestro que diseñó con la empresa israelí Mekorot? Porque su verdadera finalidad no es cuidar el agua para la gente, sino asegurarse de que el acceso esté en manos de Irrigación, que no será un organismo de control, sino un intermediario de lujo que repartirá el agua al mejor postor.
Eliminando al EPAS y centralizando todo en Irrigación, el gobierno se garantiza un control absoluto del recurso. El agua deja de ser un derecho y pasa a ser una concesión, otorgada a quien pueda pagar más. Y no será la población la beneficiada, sino las grandes industrias y, sobre todo, la minería.
¿A quién le están guardando el agua?
Se impone el ajuste para los hogares, pero nadie habla del ajuste para los grandes consumidores. Mientras a las familias les restringen el agua con medidores y tarifas elevadas, las mineras recibirán el recurso sin restricciones reales, negociado en concesiones especiales y con tarifas diseñadas para su conveniencia.
Es el viejo truco de siempre: primero te dicen que “hay que ahorrar”. Luego te convencen de que “pagar más es inevitable”. Y cuando ya te acostumbraste a consumir menos, te das cuenta de que el agua que te quitaron nunca desapareció, solo cambió de dueño.
La venta de AySAM: la privatización avanza con dinero público
Este proceso de mercantilización del agua no se detiene en los medidores ni en la centralización del control en Irrigación. Ahora, también se plantea la venta de las acciones de Aguas y Saneamiento Mendoza (AySAM), lo que implica la entrega de la participación estatal en la gestión del agua a manos privadas. Mendoza, en lugar de fortalecer el control público sobre un recurso esencial, decide deshacerse de su participación y permitir que el agua se transforme en un negocio para unos pocos.
Pero lo más escandaloso es que el gobierno de Mendoza planea utilizar el fondo de resarcimiento (antes Puerto del Suelo del Viento) para hacer una inversión de casi 300 millones de dólares en agua y saneamiento, fondeando así a AySAM con dinero público. Es decir, que antes de privatizarla, se asegurará de que las inversiones necesarias ya estén cubiertas con fondos estatales, de modo que la empresa quede “saneada”, con tarifas altas y sin necesidad de inversión.
El negocio es redondo para los de siempre: el gobierno pone el dinero de todos para mejorar la empresa, pero la rentabilidad y el control del agua terminan en manos de los empresarios que, como siempre, se llevan las privatizaciones en Mendoza.
Defender el agua es defender nuestros derechos
El agua no puede ser un bien de mercado. No puede depender de la capacidad de pago. Es un derecho humano básico y su gestión debe estar al servicio de la gente, no de los negocios privados.
Mendoza se enfrenta a una crisis histórica, pero no es una crisis de escasez: es una crisis de administración y corrupción. No hay ninguna justificación para que el acceso al agua de los mendocinos dependa de un medidor y una Tarifa impagable, mientras las mineras y otras industrias disfrutan del recurso sin restricciones.
Es momento de exigir transparencia, de frenar la privatización encubierta del agua y de garantizar que el recurso más vital que tenemos siga siendo un derecho de todos, y no un privilegio para unos pocos.
Por Mario Vadillo
