Gioja y su rechazo a los Corredores Viales S.A. de Macri: “Es ilegítimo e inconstitucional, se pretende llevar adelante una privatización encubierta”

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Sin la presencia del ministro Guillermo Dietrich ni legisladores de Cambiemos, la Bicameral de Trámite Legislativo debatió hoy sobre la medida con la participación de trabajadores del Vialidad Nacional. A pesar de no tratarse de un Decreto de Necesidad y Urgencia, pero por considerarlo un decreto delegado, la oposición manifestó su rechazó.

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que preside el diputado nacional Marcos Cleri, trató hoy y dictaminó en contra de la creación, por parte del Poder Ejecutivo y a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, de la empresa Corredores Viales S.A, que a juicio del peronista de San Juan José Luis Gioja, “se pretende llevar adelante una privatización encubierta”.

A través de un Proyecto de Ley (D-5448) el Vicepresidente de la Cámara de Diputados, el sanjuanino José Luis Gioja, propone que se derogue el Decreto 794/17 de creación de la Empresa Corredores Viales S.A. «Propongo la inmediata derogación del Decreto 794/17 porque deviene en ilegítimo e inconstitucional» y explicó el porqué, «es ilegítimo porque excede el marco de normas dictadas anteriormente, como la Ley 17.520/67, puesto que se faculta a Corredores Viales S.A a ejercer múltiples funciones vinculadas a cuestiones viales que exceden ampliamente las concesiones de obras públicas. En otras palabras, una sociedad anónima tendrá las mismas o más facultades que una entidad autárquica pública cómo es Vialidad Nacional, que es una de las más federales de las reparticiones públicas, que tiene presencia en todo el país y que además está sujeta a normas de derecho administrativo».

En el mismo sentido, el legislador sanjuanino argumentó por qué el Decreto  794/17 del Gobierno es inconstitucional, » la razón por la que debe derogarse este Decreto emitido por el actual Poder Ejecutivo de la Nación consiste en la caducidad de la facultad que le asiste y que le permitiría su dictado», y agregó que «desde el 24 de agosto de 2010 se encuentra vencida la facultad delegada que le permite al PEN dictar normas como en el caso que nos ocupa, sobre la Ley 17.520/67».

Fiel a su estilo de no guardarse nada, Gioja sostuvo frente a diputados, senadores y trabajadores nucleados en el Frente de Gremios Viales que «ya intentaron hacer lo mismo en plena crisis de 2001 De la Rua y Cavallo dictando el Decreto 802/01, un mamarracho de la Alianza que hoy Macri pretende repetir basado en los consejos de quien admitió que se está haciendo lo mismo que en la década del 90′, Domingo Cavallo».

En los fundamentos de la iniciativa, Gioja sostiene de manera contundente que » resulta improcedente avalar que por esta vía ilegítima el PEN comience a actuar en un ámbito de menos control. Si efectivamente el Gobierno considera que la creación de Corredores Viales S.A. promovería la eficiencia y la eficacia, debería justificarlo en concreto. Tal como ha sido dictado el decreto n°794/17, solamente se sugiere que consiste en una maniobra ilegítima para “achicar al Estado”, anulando las competencias que ya tiene la DNV. Además, permitirá que una sociedad anónima se endeude y opere bienes del dominio público, como lo son las redes viales».

Sin embargo, Gioja fue al hueso, «Si el Gobierno no es capaz de operar de manera eficaz y eficiente a través del Ministerio de Transporte y de Vialidad Nacional debería reconocerlo y proponer las medidas pertinentes sin afectar las funciones públicas ya vigentes».

 

Otras voces de la Comisión

En el comienzo, Cleri dijo que “no” hubo respuesta por parte de Dietrich sobre la convocatoria y también reveló que no fueron contestados “informes que hemos pedido al jefe de Gabinete, Marcos Peña, a Dietrich y al procurador del Tesoro”.

María del Carmen Burgos, delegada de Vialidad Nacional por ATE Capital, expresó el “total repudio” al decreto y apuntó que “el Estado delega facultades a los privados y pierde su capacidad de regulación”. También enfatizó que la medida “pone en peligro más de seis mil puestos de trabajo” y “es una maniobra más en sus objetivos de privatizar todo”. “Pedimos la nulidad de este decreto por inconstitucional”, concluyó.

Por su parte, la senadora Anabel Fernández Sagasti (PJ-FpV) señaló que este proyecto “quiere echar por tierra Vialidad Nacional”. “Es lamentable que el oficialismo no haya venido a plantear su postura, y que el ministro no haya venido a plantear que es lo que quisieron hacer con este decreto inconstitucional”.