Las consecuencias de un «Estado Bobo» finalmente deja el balance esperado… un nuevo fracaso del gobierno de Cambia Mendoza en el manejo de fondos públicos, metido en «aventuras» estatales que solo logran millonarias pérdidas para el pueblo mendocino, ganancia para los «operadores» intermediarios y mucho humo: pasó con Potasio Rio Colorado, la empresa estatal mendocina que prometía revitalizar la minería en la zona, integrarla al mundo y finalmente no pasó nada; pasó con la expropiación de Alfredo Cornejo sobre el centro invernal Penitentes, que aún estamos esperando que arranque, más allá de la «inversión» de un baño químico… y ahora se suma otro fracaso: el saqueo de IMPSA (antes Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA).
En los momentos de los grandes negociados, en la provincia de Mendoza nunca existieron las grietas, por eso, tanto peronistas como radicales se unieron en la causa para que el dinero de los mendocinos y mendocinas no vayan a destinarse a la crisis de las pymes, ni de viviendas, ni de soluciones para el pueblo, sino a resolver las deudas de los grandes empresarios, en este caso, a la familia Pescarmona y los accionistas de la quebrada IMPSA.
Cambia Mendoza, con Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez picando en punta, metieron en una «aventura» los capitales del Estado en IMPSA, adquiriendo deuda a cambio de improbables beneficios futuros. Una vieja fórmula estatizante que tanto daño le ha hecho a nuestro país a los largo de estos años y que el radicalismo puso en práctica (una vez más).
Era obvio que ni Cornejo ni Suarez arriesgaron sus dineros propios para esta «aventura con final anunciado» sino pusieron en riesgo los fondos públicos bancados con el sudor del trabajo del pueblo mendocino (una vez más).
Y cuando la comunión de radicales y peronistas para los negociados goza de buena salud, las cosas se realizan de manera exprés… tal como sucedió en abril del 2021, en menos de una semana, se autorizó al Ejecutivo a suscribir e integrar hasta 454.300.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de la empresa, autorización que queda condicionada a la efectiva participación del Estado Nacional en la suscripción e integración del paquete mayoritario de las nuevas Acciones Clase C de la empresa.
Cabe recordar que el Gobierno de Rodolfo Suarez envió con urgencia a la Cámara de Diputados provincial un proyecto de ley de salvataje, respecto de la participación de la Provincia en el proceso de capitalización de IMPSA S.A. Este pedido lo realizó la propia empresa, por la falta de capital de trabajo, lo cual ponía en riesgo la continuidad de la misma, dejando sin trabajo a 720 empleados propios y más de 100 Pymes.
De esta manera, el Gobernador Rodolfo Suarez; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas del gobierno de Alberto Fernández, y el CEO de IMPSA, Juan Carlos Fernández concretaron la capitalización de le empresa mendocina con U$S 20 millones de dólares.
“Nos reunimos para capitalizar una empresa mendocina, que es un trabajo que hemos llevado adelante con el Gobierno nacional y la empresa y que lo hicimos rápidamente. No hubo grandes discusiones, porque cuando el sentido común prima y se apoya a una empresa como IMPSA, que genera empleo genuino, nos pusimos rápidamente de acuerdo”, celebraba por esos años el Gobernador Rodolfo Suarez abrazo a Alberto Fernandez.
Con este pacto entre radicales y peronistas, Nación incrementó su participación accionaria en un 63,7%, mientras que Mendoza se quedó con el 21,2% de las acciones. El porcentaje restante (15,1%), permaneció en manos privadas, correspondiendo un 9,8% de las acciones para el fideicomiso de acreedores y otro 5,3% para el fideicomiso de la familia fundadora.
El quebranto de Impsa no fue consecuencia de fallas técnicas en su producción, sino de la caída en la insolvencia de una de sus filiales del exterior que estaba avalada por la compañía madre. Eso ocurrió en 2015 al hacerse incobrables los certificados de una importante entrega de equipos. Hubo errores en la evaluación del riesgo de cobranza, una falla grave en empresas con ventas concentradas en pocos clientes, pero que sería subsanable con mejor administración. En 2017 Impsa logró un acuerdo preventivo extraconcursal (APE) por el cual consiguió reducir una deuda de algo más de 1100 millones de dólares a aproximadamente la mitad. Los accionistas retuvieron el 35% del capital y un fideicomiso de los acreedores privados se quedó con el 65% restante.
Desde su nacimiento, IMPSA se hizo grande y acumuló enormes ganancias a la sombra de negociados con el Estado, con la obra pública y todo tipo de facilidades, que a través de los distintos gobiernos siempre fue pagado los trabajadores y el pueblo. Ya en 2014 el gobierno de Cristina Kirchner subsidió el pago de salarios de más de mil trabajadores, luego en 2018 Macri los auxilió con más de 10 millones, pero finalmente quebró y Pescarmona tuvo que entregarla a bancos y accionistas. De esta manera, Cambia Mendoza con el verso de que daban trabajo a la provincia y pagaban impuestos, hicieron ese «salvataje» para que el Estado Bobo se haga cargo de las deudas, no de sus ganancias.
A lo largo de estos años, con «la apuesta» de Cornejo y Suarez, IMPSA mantuvo la costumbre de acumular fuertes pérdidas que, sumando los últimos tres años llegaron a más de $12 mil millones, con $4.607 millones en el 2021, $2.968 millones en el 2022, más de $5.000 millones en el 2023…y sin saber cuánto pierde en el 2024.
Mientras tanto, los únicos beneficiados en esta movida fueron los peronistas y radicales cornejistas que recibían USD 4500 mensuales como directores, síndicos y CEOs de la empresa estatal.
Con la asunción del nuevo Gobierno de Alfredo Cornejo, los cambios avanzaron en todos los niveles, tanto en Mendoza como en la Nación. Y las empresas estatales o estatizadas no fueron la excepción: su nueva cúpula de IMPSA, entre directores nacionales y provinciales, está compuesta íntegramente por dirigentes de Mendoza.
Algunos debían completar mandato y dejarían su lugar los primeros meses del 2024. Otros seguirán, como el empresario metalmecánico Julio Totero, ex titular de Asinmet (Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza), elegido por el gobernador Alfredo Cornejo como director representante del 21,2% de acciones Clase C de Mendoza en Impsa.
En ese carácter sucede a Mario Croce, un profesional con paso por Impsa, que desde abril 2023 representaba a la provincia. Pero Croce no se fue: es gerente general de Impsa.
Totero también fue ungido por el directorio vicepresidente de la compañía. Con ese cargo secunda al designado presidente Diego Grau, otro mendocino, ingeniero de profesión, ex ministro del gobierno de Roberto Iglesias y actual secretario general del IAE (Instituto Argentino de Energía) General Mosconi.
Si bien Grau representa a las acciones del Estado nacional, fue sugerido por el propio Cornejo a pedido del Ministerio de Economía de la Nación en reemplazo de Gabriel Vienni. Hombre de confianza de Sergio Massa como jefe de gabinete y también gerente del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior), Vienni se había puesto al frente de IMPSA en diciembre de 2022.
Si bien Pescarmona ha tendido relaciones con la mayoría de los gobiernos de turno, los vínculos entre IMPSA y el gobierno de Cambia Mendoza fueron importantes y estrechos. Entre los múltiples funcionarios que pasaron por la empresa, se destaca el ex Ministro de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, (que fuera el director de la filial brasileña de IMPSA que quebró y que aún mantiene múltiples juicios) y que, en otro momento, fue reubicado como director de la empresa estatal que administrará el polo logístico y la mina de Potasio Río Colorado, otro fracaso.
Pescarmona en agradecimiento a las tratativas de Cornejo, donó hace un par de años a la provincia una residencia que ha pasado a utilizarse como la residencia del gobernador en cargo.
Era cantado! La estatización de IMPSA en 2021 no logró los resultados esperados, dejando a la empresa con una deuda superior a los 500 millones de dólares y un futuro incierto sin inyección de recursos estatales. Javier Milei, desfinanció fideicomisos y otros instrumentos que podrían haber apoyado los proyectos de IMPSA… y ahora, en modo desesperado y sin licitación, después de perder millonadas, el «Estado Bobo» de Cornejo quiere vendérsela a cualquiera y al valor que sea.
Mendoza y la Nación dieron el pasado jueves un paso más en su plan para desprenderse del control de Impsa. En tal sentido, el gobernador Alfredo Cornejo señaló “Hoy estamos dando un gran primer paso para su venta”.
“Los peligros de que Impsa no funcione existieron y existen. Estamos trabajando en forma profesional, el gobierno provincial y nacional, para que vuelva a ser una empresa exitosa”, manifestó Cornejo, quien agregó: “No tenemos pretensión de recaudar, no es relevante cuánto cobremos. Nos interesa que la empresa vuelva a funcionar como en sus épocas de gloria. Que esté saneada, funcionando, con sus empleados y cumpliendo sus contratos”.
El final de la historia de IMPSA era cantado desde el principio en el que radicales y peronistas se repartieron la torta en el 2021… de las ganancias… pero siempre quedó en claro que de las pérdidas se hacía cargo el bolsillo del pueblo mendocino y argentino… una vez «exprimido» el negocio no queda otra que meterse en el relato «privatista» y «achicamiento del Estado Bobo»… una vez más, después del hecho consumado en $$$, Cornejo se da vuelta, queda impune y cambia su discurso… colorín colorado!
