A través de un recurso presentado por los abogados Pablo Salinas y Viviana Beigel, la causa sobre el desafuero de los legisladores del Frente de Izquierda e imputación a referentes gremiales y abogados será tratada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza.
Cabe recordar que en plena sesión del mes de mayo pasado la Cámara de Diputados mendocina se notificó de la imputación del delito de entorpecer el transporte por tierra (art. 194 del Código Penal de Onganía) a los legisladores del Frente de Izquierda Víctor da Vila, Héctor Fresina y Lautaro Jiménez, junto a los dirigentes obreros Raquel Blas, Guillermo Martínez Aguero, Jorge Chávez, entre otros. El «delito» del que se los acusa es la realización de una concentración, marcha y acto el día del paro general del 6 de abril, oportunidad en la que el gobernador Alfredo Cornejo desplegó un enorme operativo policial con la orden de desalojar la calle por la fuerza -algo que no se concretó gracias a la acción de los imputados. Mientras se desarrollaba el acto, el secretario de gobierno y algunos funcionarios de Cornejo declararon a la prensa que iban a pedir el desafuero de los legisladores. Y así sucedió, lo cual permite entender que no se trató de una decisión judicial, sino de una decisión política del gobierno provincial. Si esta medida prospera, la Legislatura deberá revocar los fueros de los parlamentarios consumando un régimen de “excepción jurídica” a criterio de gobierno.
Al respecto, el diputado provincial del FIT Lautaro Jimenez afirmó «La Cámara de Apelaciones número 4 nos concedió el recurso de casación para llegar a la Suprema Corte y le otorga efecto suspensivo, es decir que no se puede avanzar con la causa hasta que se expida el máximo tribunal de la provincia . Junto a nuestros abogados estamos planteando la nulidad de todo el proceso porque está basado en una interpretación autoritaria y peligrosísima del artículo 194 del Código Penal creado por la dictadura de Onganía, mediante la cual el gobierno de Cornejo a través del Ministerio Público Fiscal indica que cualquier movilización que se realice sobre las calles configuran un delito. De esta forma pretenden sentar un precedente gravísimo por el cual en las manifestaciones que no sean de agrado para el gobierno, como sí lo eran los cacerolazos y protestas en las que participaba la Unión Cívica Radical y el propio gobernador Cornejo, los fiscales controlados por el poder ejecutivo van a utilizar este artículo para perseguir a los dirigentes de la oposición, los sindicatos y cualquier sector social que exprese un reclamo social. Además el expediente cuenta con varias irregularidades, con fotos de una movilización que ocurre otro día y hasta vulneraciones a la ley de inteligencia. Con este recurso logramos llegar a la Corte y ya tenemos una resolución en primera instancia para que sobresean al delegado del Átomo Jonathan Neira, también imputado».
Por su parte, la candidata a diputada nacional del FIT, Noelia Barbeito, señaló que «el autoritarismo de Cornejo no tiene límites. En su afán de hacer demagogia electoral con la mano dura se llevan presa hasta una señora que no tenía la red bus. El pedido de imputación y desafuero sobre nosotros es parte de esa política para criminalizar todo lo que sea contrario a lo que opine el gobernador. No nos van a callar, nuestro compromiso es estar siempre con los trabajadores, donde hay que estar y diciendo lo que hay que decir, aunque no le guste a Alfredo Cornejo. Vamos pedir a las organizaciones sindicales, de derechos humano, sociales y estudiantiles que le expresen a la Suprema Corte de Mendoza el peligro que implica para las libertades democráticas esta causa que criminaliza la protesta social e intenta legalizar la persecución política.»
