Por Mg ALICIA C. BARRIONUEVO (abogada-Genero y Consumo Protectora Fuerza Política)
Existen pocas armas en el mundo tan poderosas como una niña con un libro en la mano. Malala Yousafzai
Como señalara en mi artículo de la semana pasada, las MUJERES somos las que más duramente hemos sido golpeadas por la crisis inflacionaria. Por esta razón debemos ocuparnos de todas aquellas cuestiones que hacen a “nuestro bolsillo”, y así contribuir eficientemente a mejorar, no sólo nuestra calidad de vida, sino la de las personas que nos rodean. Estoy convencida de que así como hemos podido llevar adelante causas de enorme importancia a lo largo de la historia, podemos hacerle frente a estas otras cuestiones que tienen un GRAN impacto en nuestra economía diaria. Debemos estar atentas y exigir que se respeten nuestros derechos como ciudadanas.
En este sentido me parece importante recordar que la violencia económica y patrimonial, no solamente se ejercen en el ámbito familiar (el hombre la utiliza para tener sometida a su voluntad a la mujer) sino también en el espacio laboral, donde los fenómenos preponderantes son el que las áreas de alta dirección y toma de decisiones sean mayoritariamente masculinas, los ascensos en el trabajo sean para los hombres por más que se esfuercen las mujeres, y los salarios de los hombres sean superiores a los de las mujeres, aún cuando ambos ostentan los mismos puestos, cargos y responsabilidades. No sólo debemos hacernos de herramientas para luchar contra esas afrentas sino, también, contra aquellas que pueden parecernos más lejanas, pero sin lugar a dudas, tienen un efecto inmediato en nuestro bolsillo.
Es por esto que quiero invitar a reflexionar sobre la importancia de exigirle al gobierno la conformación de un tribunal de la Competencia autónomo. Hace poco tiempo la Secretaría de Comercio Interior multó a la empresa Molino Cañuelas con $150 millones, esta sanción económica también se extendió, con $93 millones, a la Cámara de Industriales Molineros y con $51 millones a la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras, todo ello se ha dado en el marco de la pelea entre el Gobierno y harineros por el incremento en el precio de la harina. Según el texto oficial, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia observó que la empresa y las cámaras involucradas «idearon, diseñaron, implementaron y monitorearon un acuerdo para la fijación de precios con el objeto de limitar la competencia entre las empresas molineras de trigo y harina».
Sin dudas se trata de un asunto más que importante para nuestros bolsillos y el nuestras familias, por lo que NO podemos dejarlo pasar por alto.
Molino Cañuelas «limita, distorsiona y restringe la libre competencia en el mercado y el desarrollo de fuentes de trabajo generadas por los pequeños y medianos molinos, esenciales para el funcionamiento y la sustentabilidad de la economía nacional».
Ahora bien, adónde apuntamos con esto y por qué consideramos necesario exigir la conformación de un Tribunal de Defensa de la Competencia? Porque estamos hablando de una “afiliación compulsiva”, como dice el detalle del Boletín Oficial, que se efectuó en 2017. Ya desde ahí, venimos corriendo judicialmente, 5 años atrás de que los hechos se consumaran. Esto pasa por una simple razón, y es que, sin una autoridad de defensa de la competencia real, no hay organismo federal que pueda contener estas artimañas y que efectivamente ayude a que la economía del país camine hacia adelante, y no hacia atrás.
Cuando los integrantes de una misma industria se ponen de acuerdo en cuál será el precio mínimo de su producto (siempre con puntos en alza) hay colusión. De esta manera, las empresas más grandes se aseguran un precio mínimo alto para sus propias ventas, y un precio razonable para los más pequeños.
Entonces es, cuando tenemos que volver a hablar de una justicia para los consumidores, fueros especializados que realmente los protejan. Porque, en definitiva, las empresas se hacen justicia por sí mismas, incluso en estos casos cuando lo que implicaría una cierta “justicia” para ellos, trae aparejada gran cantidad de inconvenientes para la economía familiar y la alimentación.
¿Por qué no existe ya una autoridad que regule la competencia? Porque ya la hay. La ley 27.442 creó la Autoridad Nacional de la Competencia, antes llamada la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. ¿Qué tienen en común ambos organismos? Jamás, se conformaron los tribunales que garantizarían que actos de colusión como el mencionado NO ocurran.
Entonces, haciendo funcionar adecuadamente los organismos establecidos en leyes, se debería buscar desde el gobierno nacional, desarmar esas redes de concentración en lugar de auspiciarlas, porque no existe el libre mercado sin eso.
Tampoco hay competencia ni precios competitivos, peor en cambio, nos encontramos con que sí hay concentración de las riquezas y distribución de ésta sólo hacia arriba. Entonces, siguen ganando los mismos pocos empresarios de siempre y pierden, por supuesto, los de siempre; más aún las MUJERES!!!
