Alicia Barrionuevo «Debemos dar respuesta a la demanda de la sociedad sobre el tema eutanasia»

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Me motiva escribir este artículo el hecho de que exista en nuestro país un vacío legal con relación al tema de la Eutanasia. Entiendo que ya es tiempo de derribar los muros del silencio y tratar en el Congreso de la Nación este tema, ya que su omisión sólo consigue aumentar innecesariamente el dolor de quienes sufren por la ausencia de una ley que regule el tema en cuestión.

Hay mucho escrito y argumentado sobre el buen morir con fundamentos sólidos y convincentes. Incluso nuestro país ha llegado a sancionar una ley que contempla el caso, pero se queda a mitad de camino ya que posibilita que a un enfermo terminal se le extraiga o no se le administre ningún soporte mecánico o químico, pero deja prolongar ese estado, al no permitir realizar ningún acto para terminar con el suplicio de lo que ya no es vida, la que es eutanasia activa y constituye la verdadera muerte digna.

A lo largo de los años discusiones acerca del tema han generado numerosas controversias en la sociedad. Actualmente, la eutanasia es ejercida legalmente en España (sancionada en plena pandemia) convirtiéndose en el cuarto país europeo que permite la muerte asistida, tras Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. En América, solo Canadá y Colombia. Otro país que cuenta con legislación al respecto es Nueva Zelanda. En España, por ejemplo, se contempla la administración por parte de personal médico de una sustancia mortal, y el suicidio asistido, por el cual la persona se encarga de tomar la dosis prescrita. La norma prevé que toda persona con «enfermedad grave e incurable» o padecimiento «crónico e imposibilitante» pueda solicitar ayuda para morir y así evitarse «un sufrimiento intolerable».

Para que Argentina pueda legalizar esta alternativa, profundos cambios deben producirse, tanto a nivel jurídico como ético y medicinal. ¿Es posible la implementación de la eutanasia dentro de los parámetros de la ley 26.742 de muerte digna? Sí.

La llamada “muerte digna” está regulada por la Ley N° 26.529, modificada por Ley N° 26.742, que establece los derechos del paciente. El artículo 2 inciso E,  regula la autonomía del paciente y dice que tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad.

Esta práctica debe efectuarse con el máximo cuidado y profesionalidad por parte del personal de la salud, con aplicación de los protocolos que a ese efecto determine la reglamentación, los cuales contendrán los criterios respecto a la forma y tiempo de realización de la prestación.

La decisión de solicitar la práctica de muerte asistida debe ser una decisión autónoma fundamentada en el conocimiento del paciente sobre su proceso médico, después de haber sido informado adecuadamente por el equipo sanitario responsable. (principios bioéticos de la autonomía de la voluntad y consentimiento informado)

El debate, además de altamente ideologizado, es complejo y se desarrolla en escenarios religiosos, sociales, económicos (laboratorios) políticos, médicos y, por supuesto, jurídicos, donde se corre el riesgo, casi fisiológico, de intentar hallar el fundamento legitimador de la propia postura, convirtiendo a la Constitución en un babel de interpretaciones incompatibles y recíprocamente irreductibles. Sin embargo avalan la concreción de este proyecto las convenciones internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia de los tribunales de derechos humanos, que señalan como un derecho básico, el derecho de toda persona a su autonomía, o sea, a tener su propio proyecto de vida y, consecuentemente, a ponerle fin en las situaciones excepcionales como las que hemos señalado.

La cuestión se juzga desde la perspectiva religiosa y (bio)ética. La radical postura contraria de la Iglesia en un país de tradición cultural católica, como el nuestro, impacta con fuerza sobre el debate. Hay una áspera diatriba antropológica de fondo en el contexto de una sociedad multiética; el acuerdo se contrae al hecho de que la vida no es sólo “biología” sino también “biografía”, pero unos y otros extraen consecuencias totalmente diferentes de esta idea aplicada al proceso de la muerte. Por esta razón entiendo que es necesario dar de manera urgente tratamiento a un proyecto de ley de esta naturaleza que hace tiempo viene esperando.

Por Mg Alicia C. Barrionuevo (abogada-ex miembro adherente del Comité de Bioética del Hospital Lagomaggiore. Asesora política)