La reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal, iniciativa sugerida por el bloque Frente de Todos del Senado e impulsada por el sector más cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner en 2020, aguarda obtener una sanción definitiva en la Cámara de Diputados.
El proyecto apunta al mecanismo para elegir al procurador general de la Nación; a la posibilidad de suspender al jefe de los fiscales en caso de que se active el proceso de remoción y a la composición del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal.
Al tratarse de una reforma, incorpora ciertos cambios los cuales de promulgarse el proyecto afectaran a la Ley 27.148 que regula el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. A continuación, las principales modificaciones.
En estos momentos, manifestantes llevan a cabo un cacerolazo frente al anexo del Congreso contra el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal. La protesta se da en el marco del plenario de comisiones en el que el kirchnerismo pretende obtener dictamen para tratar la iniciativa, que ya tiene media sanción en el Senado, en la Cámara de Diputados de la Nación.
Los presentes se hacen notar con cacerolas, silbatos, aplausos, bocinazos o cualquier otro elemento que sirva para manifestar el malestar con respecto a este proyecto. Casi todos los mensajes que se pueden leer en las pancartas apuntan contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Pese al amplio rechazo opositor, de la Justicia y de la sociedad en general, continúan firmes en el objetivo de llevar al recinto cuanto antes la iniciativa que obtuvo media sanción en el Senado en noviembre.
Algunos dirigentes opositores, como es el caso de la diputada mendocina Claudia Najul, se sumaron al reclamo popular y sostuvo que el gobierno nacional está más preocupado por defender la impunidad de Cristina Kirchner y su entorno que de cuidar a los argentinos y las argentinas
La diputada Najul expresó ante los medios de comunicación la posición del radicalismo: “Acá no hay grises ni margen para la duda, está clarísimo que pretenden someter a un órgano extrapoder autónomo y autárquico, clave en la administración de justicia, al control político del kirchnerismo. La flexibilización de la mayoría necesaria para elegir al Procurador, la composición del Tribunal de Enjuiciamiento y el rol de la Bicameral apuntan precisamente a eso”.
“Como dice el dicho el pez por la boca muere. El presidente nos acusó de bloquear la candidatura de Rafecas cuando la realidad es que fue su vicepresidenta la que frenó el pliego. Quiere buscar afuera, a los atropellos y con mentiras, el poder que no tiene en su propio gabinete. La fragilidad de la investidura presidencial es alarmante”, puntualizó quien fuera ministra de Salud de Mendoza.
Todavía hay dudas acerca de si el oficialismo cuenta con los votos necesarios para lograr quórum y aprobar el proyecto. La oposición apuesta a involucrar a la ciudadanía en lo que considera un avance gravísimo contra la independencia judicial. Además de la reforma del Ministerio Público, Diputados tiene una agenda nutrida ya que considerará la postergación de las elecciones y, una vez salga la media sanción de la Cámara Alta, también los superpoderes con los que Alberto Fernández pretende gestionar la crisis sanitaria.
“Tenemos que ver el panorama completo. Esta reforma es inconstitucional pero también inoportuna. Los salarios corren cada vez más atrás a la inflación, el sistema de salud está al límite, las economías regionales contra las cuerdas y nuevamente insisten con el cierre de exportaciones de carne, una receta de probado fracaso. En este contexto deciden priorizar las ambiciones judiciales de Cristina antes que las necesidades de la gente. Esto es también una lucha por la agenda pública: exigimos al Gobierno que se ocupe de lo que realmente importa”, cerró enérgicamente la legisladora mendocina.
