Para dar celeridad y permitir que el tema logre media sanción la semana que viene, el oficialismo del Senado dictaminó este miércoles el proyecto de restricciones enviado por el Gobierno y tildado de «inconstitucional» por la oposición. Sin embargo, el Frente de Todos confirmó que le hará cambios en el recinto y dejó abierta la negociación.
El proyecto presentado por el Gobierno Nacional fija cuatro niveles de riesgo: bajo, medio y alto riesgo y alarma epidemiológica. Lo hace en base a tres factores: aumento de contagios en los últimos 14 días, cantidad de casos en función de la población y la ocupación de camas de terapia intensiva.
En base a eso, establece una serie de restricciones. En los casos de «alerta epidemiológica y sanitaria» insiste con la suspensión de clases presenciales.
Entre otras medidas, enumera las actualmente vigente como la restricción de circulación nocturna entre las 20 y las 6 de la mañana, el límite al funcionamiento de los locales comerciales hasta las 19 y la prohibición, entre otras cuestiones, de que los bares y restoranes atiendan en ambientes cerrados.
Hay voces a favor y en contra dentro de los representantes mendocinos en el Congreso Nacional. En ese contexto, la diputada nacional y ex ministra de Salud de Mendoza, Claudia Najul, desarrolló una columna de opinión en donde denuncia el grado de desconcierto de la gestión de Alberto Fernández en el tratamiento de control de la Pandemia.
Debilidad y desorientación: qué hay detrás de los superpoderes
Pasaron solamente diez días desde el fallo de la Corte Suprema que dio lugar al reclamo de la Ciudad de Buenos Aires ante la decisión unilateral del Gobierno Nacional de cerrar las escuelas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En este breve lapso de tiempo, en lugar de tranquilizar las aguas y rectificar el camino elegido, Alberto Fernández optó por agudizar el conflicto y poner más objetivos en la mira: la educación, el federalismo, el Congreso. En definitiva, le apunta a la democracia.
El proyecto de superpoderes que el Ejecutivo ingresó al Senado, donde ya obtuvo dictamen y espera ser tratado en el recinto la próxima semana, lesiona gravemente las autonomías provinciales, un principio elemental sobre el que descansa nuestra Constitución federal y republicana.
La anticonstitucionalidad de origen de la iniciativa no se salva con una ley. Al contrario, queda aún más expuesta. Las autonomías de las provincias que integran la Nación están por encima del Congreso. El legislativo de ninguna manera puede delegar facultades que le exceden. No hay argumento ni capricho político que pueda ocultar esta realidad.
Más allá del análisis constitucional de la iniciativa, se destaca la intención deliberada del oficialismo de ignorar, por un lado, el fallo ordenador del Máximo Tribunal, y por otro, la angustia y preocupación de millones de personas que ven cómo la agenda pública se aleja cada día más de sus necesidades y demandas. En otras palabras, en la misma jugada atentan contra la división de poderes y el bienestar general de la sociedad.
Un presidente cuya debilidad política es tal que no puede decidir el despido de un funcionario de segunda línea, pretende solapar su fragilidad interna sometiendo arbitrariamente a la república. En el medio de este sinsentido están, como siempre, las argentinas y los argentinos que no solamente enfrentan cotidianamente la pandemia, sino también la inflación, el desempleo y la pobreza.
No es nueva la costumbre kirchnerista de exteriorizar sus contradicciones intrínsecas y salpicar a todo y a todos con sus problemas. Pero sí es cierto que, en estos tiempos tan difíciles, con una crisis total que acecha en todos los frentes, la desidia que exhiben las autoridades para ocuparse de la salud, la educación y la economía, impacta de lleno en la vitalidad de las instituciones y en la confianza de la gente.
En democracia no vale todo. No se trata de imponer mayorías circunstanciales a costa de violentar la Constitución. Lo que señaló la Corte en su resolución venimos diciéndolo desde Juntos por el Cambio hace más de un año: vamos a mitigar los efectos de la pandemia dentro de la ley; la emergencia no habilita a nadie a decidir cuáles normas respetar y cuáles no.
El Congreso de la Nación se levanta, una vez más, como la fortaleza republicana que hará todo lo posible para impedir la consagración de una concepción del poder autoritaria e ilegítima, que desconoce los cimientos básicos que sustentan la democracia que tanto nos costó recuperar y mantener. El compromiso personal y colectivo de quienes allí nos desempeñamos continúa siendo el mismo: apostar al equilibrio y al diálogo para recuperar el rumbo de una Argentina que merece muchísimo más.
Por Claudia Najul
Diputada Nacional por Mendoza (UCR- Juntos por el Cambio)
