El diputado del Frente de Todos Marcelo Aparicio presentó un pedido de informe a la Subsecretaría de Trabajo, en virtud de la falta de pago de haberes a contratados de ese organismo.
Se trata de unos 70 trabajadores y trabajadoras contratados que prestan servicios a partir de un convenio con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación. La Nación habría enviado los fondos que establece el convenio en tiempo y forma a la provincia de Mendoza, pero lo cierto es que los trabajadores no reciben sus haberes desde diciembre del año pasado.
La situación se da a partir del mencionado convenio entre los organismos, vigente desde el año 2017, que tiene como objetivo el mejoramiento y la fiscalización de condiciones de trabajo, registración, accidentes, enfermedades profesionales e identificación de los establecimientos o actividades que utilicen mano de obra infantil en cualquiera de sus formas.
Consultado al respecto, el diputado de extracción sindical comentó: “Presenté un pedido de informe a la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia por la situación de los trabajadores y trabajadoras de esa repartición que se encuentran sin cobrar desde diciembre del año pasado. Es un sinsentido que ocurran estas cosas en el organismo encargado de inspeccionar las condiciones laborales en las empresas. Los trabajadores y trabajadoras están contratados a partir del convenio realizado con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación, vigente desde el año 2017. El organismo nacional envía los fondos, así y todo, la provincia no les paga a los trabajadores. El Subsecretario dice por los medios que es un tema prioritario para resolver, pero tiene a los trabajadores sin cobrar, apelando a no se entiende qué instancia burocrática. No pueden ocurrir estas cosas dentro del organismo que debería cuidar e inspeccionar las condiciones laborales en Mendoza. Claramente el gobierno de Suárez no tiene a los trabajadores como prioridad”.
El pedido de informes manifiesta además la preocupación de que se estén utilizando los fondos de la nación, para financiar gastos operativos de la Subsecretaría que no son los comprometidos en el convenio, lo cual la estaría haciendo incurrir en una irregularidad grave.
