Mientras la crisis económica que sufre San Juan desde hace años, el parate de desarrollo producto de la pandemia y los fuertes tarifazos en los servicios públicos que golpea duramente al bolsillo de la ciudadanía sanjuanina, hacen casi un cóctel terminal para muchos comerciantes, emprendedores y familias.
Esta crisis no solo se ve reflejada en las calles de los distintos rincones de la provincia gobernada por Sergio Uñac, sino también en las planillas de las empresas de servicios públicos donde la enorme deuda de los usuarios con las empresas distribuidoras, Energía San Juan y DECSA, es una preocupante realidad que alcanzó al mes de marzo los $1.115 millones, según un informe de CAMMESA.
De la cifra total, $1.057 millones pertenecen a deuda con Energía San Juan y los $58 millones restantes con la distribuidora de Caucete. En toda la provincia de San Juan hay alrededor de 64 mil usuarios residenciales en mora y con alto riesgo de corte de servicio.
Pero más allá de la crisis, en estos días se habla en la provincia de San Juan de un escandaloso hecho con el aumentazo que se firmaron los desvergonzados ejecutivos del EPRE sanjuanino, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad.
El último episodio que despertó la atención fue en marzo pasado, cuando Walberto Allende habló del desmesurado aumentado de tres ejecutivos del EPRE que se incrementaron de 110 mil a 180 mil pesos. Se trata de Oscar Trad (actual presidente), Roberto Ferrero (hoy vicepresidente) y Cristian Pelusso (exgerente general y ahora primer vocal). Trad pasó a ganar un poco más de los 615 mil pesos al mes. Ferrero pasó de 396.655 pesos a 579.136 pesos. Y Pelusso de 201.970 pesos el año pasado a 331.830 pesos en marzo último.
“Esto es una cachetada para los sanjuaninos, hay gente que se aumentó el sueldo por 180 mil pesos”, aseguró el diputado sanjuanino.
Ante este escenario el diputado nacional pidió informes al organismo y se reavivó un viejo debate que se veía dando en la provincia con la posibilidad de sacar una ley para frenar abusos salariales, como el del EPRE, aunque el tema se venía barajando desde enero.
«Esto va en contra de la política de esfuerzo que lleva adelante el Gobierno de la provincia para sostener las actividades y de lo que está haciendo la sociedad. Mientras los usuarios del servicio eléctrico no pueden pagar sus boletas porque no tienen plata y a los distintos sectores comerciales, industriales y productores les está costando realizar malabares para mantener los empleos y su actividad, estos tipos se suben el sueldo de manera sideral. No les importa nada y el sueldo de los surge de la plata de los sanjuaninos», concluyó Allende.
Cebe destacar que el sueldo de los jefes del EPRE sanjuanino triplica al de otras provincias. De hecho en Río Negro, la presidenta del ente regulador de la electricidad cobra 194.718 pesos y en Buenos Aires, Marcelo Juiz, presidente del Directorio de Control de Energía Eléctrica. percibe todos los meses un monto de 184.035 pesos.
En otras dos provincias vecinas la remuneración también está muy por debajo que la de San Juan: en Córdoba el titular de EPEC tiene un sueldo de 151.806 pesos, y en Mendoza, la presidenta del organismo tiene una mensualidad de 234 mil pesos.
En ese contexto se maneja la posible intervención del organismo. Tengamos en cuenta que desde 1997, el mismo EPRE creó un decreto reglamentario donde estableció que los sueldos de la entidad se fijan a través de su reglamento interno, es decir, por ellos mismos. Caraduras!
