El senador Rafael Moyano, como presidente de la Bicameral de Seguridad de la Legislatura de Mendoza, desarrolló una columna de opinión sobre el escándalo que envuelve al ministerio de Seguridad de la provincia, que provocó la expulsión de Roberto Munives del cargo de Director General de Policía.
No es la primera vez que esta área de gobierno está envuelta en escándalos, incluso con reiterados pedidos de explicaciones de sus responsables, Levrino, Munives, Majul, desde la Legislatura que nunca fueron realizadas con claridad.
Frente al «Aconcagua Gate» desde la Comisión Bicameral de Seguridad de la provincia, acusan al ministro Levrino de no haber profundizado la investigación ya que lo de Munives sería más grave; es decir que solo se comunicó parte de la verdad, y que las irregularidades serían varias.
A continuación, la columna de Rafael Moyano, sobre este escándalo y mucho más:
Se fue Munives, los desmanejos, los recortes presupuestarios y la inseguridad quedan
La situación no daba para más, el vaso ya se había colmado hacía rato y no tuvieron menor idea que meterle no una gota más sino un verdadero chorro de soda. Las aventuras de Munives y su pareja en el Aconcagua nos dejaron a todos los mendocinos con la boca abierta, no les alcanzó con mentir con las vacunas sino que tuvieron que armar una expedición sin respetar los protocolos y utilizando de manera descarada recursos del Estado para disfrute particular. Caballos, personal, helicóptero y vaya uno a saber cuantas cosas más. Indignante, inexplicable, insostenible, el propio jefe de policía acusado con pruebas a la vista de delitos tales como falsedad ideológica y peculado.
El gobernador que le sostuvo la mano en situaciones gravísimas tuvo que pedirle la renuncia, no le quedó otra opción. Lo primero que uno se pregunta es ¿Quién y porque razón le daba tanta protección política al ex funcionario para que sintiese que podía actuar con tanto descaro y seguir siendo impune? ¿Será que la violación de las normas y el uso de los recursos públicos para fines particulares es ya una costumbre en las altas esferas del oficialismo provincial?
Pero en fin, se fue Munives ¿Los desmanejos y la inseguridad también se van? ¿En manos de quienes está verdaderamente la seguridad de la provincia de Mendoza? ¿Realmente el gobierno provincial tiene la reducción de la inseguridad entre sus principales prioridades?
Seguramente los atropellos, la utilización de recursos del Estado para fines propios mientras se retacean recursos para fines colectivos y la poca vocación por rendir cuentas no se van a ir con Munives, porque en realidad ya son una marca registrada de este gobierno.
Los resultados logrados en materia de seguridad son paupérrimos, el delito crece en Mendoza y el gobierno provincial no ofrece respuestas, solo relato.
Solo basta con salir a la calle o pegarle una mirada a la prensa y a las redes sociales para corroborarlo, las pruebas saltan a la vista. Pero si con esto no alcanza también se pueden ver los propios informes que el Ministerio de Seguridad de la provincia eleva al Honorable Tribunal de Cuentas (Informes trimestrales – Anexo 30 -) o las pocas ediciones de la malograda Encuesta Provincial de Victimización ¿Por qué razón dejaron primero de informar los resultados y luego directamente dejaron de hacerla?
Acá va una pista: https://www.mdzol.com/politica/2020/10/28/cansancio-la-mayoria-de-los-mendocinos-no-denuncia-los-robos-114679.html).
¿No les parece un atropello que se utilicen cuantiosos fondos públicos para realizar una encuesta y que luego porque los resultados que arroja no son del agrado del mandamás de turno los mendocinos nos quedemos sin conocerlos? Lo cierto es que el delito crece en Mendoza, la sensación de inseguridad y el miedo son cada vez mayores y la “cifra negra” (es decir, los delitos que no se denuncian) también sube debido a la poca confianza que hay en las instituciones que deben garantizar la seguridad y la justicia.
Pero ¿Por qué pasa esto? ¿Cuáles pueden ser algunos de los factores que explican este deterioro?
Como bien sabemos, la seguridad es un derecho humano y es deber del Estado el garantizarlo, no se trata solo de reprimir el delito y perseguir a los delincuentes sino fundamentalmente de evitar que esto ocurra. Para poder hacerlo se debe poner el énfasis en la prevención que es la única manera de no llegar tarde y poder garantizar el derecho como corresponde. En cuanto a la prevención podríamos decir que hay dos grandes áreas, por un lado la prevención social que tiene que ver con la educación, la salud, el empleo, los salarios dignos, la reinserción de las personas privadas de la libertad y el desarrollo social en general y que por lo tanto es una materia que excede ampliamente las funciones del Ministerio de Seguridad y la Policía y por otro lado encontramos la llamada “prevención situacional” que tiene que se centra en la identificación de lugares, personas y objetos en riesgo de victimización o re-victimización y busca reducir factores específicos relacionados con la delincuencia y los lugares y situaciones donde ésta tiene lugar. En este caso se parte de la idea de que los delincuentes deciden qué oportunidades ofrecen mayores ventajas y cuáles conllevan un mayor riesgo, y actúan de acuerdo con este análisis. Se la puede caracterizar por comprender medidas dirigidas a formas altamente específicas de delito, que implican la gestión del entorno inmediato de modo tan sistemático y permanente como sea posible, de modo que se reduzcan las oportunidades para que se produzca el crimen y se incrementen los riesgos percibidos por el delincuente. Las técnicas de prevención situacional se proponen incrementar el esfuerzo, incrementar el riesgo y reducir los beneficios para el delincuente.
Mediante la estrategia de la “Prevención Situacional” se intenta evitar que el delito ocurra, lo cual, además de ser una función específica asignada en el actual marco normativo al Ministerio de Seguridad, es un derecho de nuestra sociedad que debe ser adecuadamente garantizado. Pero la prevención situacional implica disponer recursos materiales y humanos. Los recortes presupuestarios impiden el acceso a recursos y dificultan el desarrollo adecuado de las estrategias y las técnicas preventivas. Sin recursos el Estado no puede hacer este tipo de prevención y llega tarde.
Entonces nos preguntamos ¿Cómo espera el gobierno provincial realizar una eficiente prevención situacional que permita reducir el delito de manera real si el presupuesto asignado al Ministerio de Seguridad en general y a la Dirección de Policía en particular viene sufriendo recortes de maneras constantes desde el año 2016 a la fecha, pasando de representar el 8,08% del total del gasto en 2016 al 5,30 % en 2022 (sin contar penitenciaria) con una reducción del valor real de los fondos asignados que ronda el 50%? ¿Se puede hacer prevención situacional si debido a los recortes presupuestarios el Ministerio de Seguridad cuenta con menos personal menos móviles, menos equipamiento, si prácticamente no se instalan cámaras, etc.?
Nos preguntábamos más arriba como era posible que el ex director de policía se sintiera tan impune como para actuar de manera tan descarada violando pases sanitarios, protocolos y utilizando bienes públicos para fines particulares tan a la vista de todos en su paseo por el Aconcagua. ¿Quién o quienes le han dado una protección política tan grande como para que este hombre actúe así? Quizás parte de la explicación la encontremos en el incumplimiento sistemático de parte del gobierno provincial de la ley 6721, la cual crea el sistema provincial de seguridad y define una serie de mecanismos de responsabilización y control del accionar de los funcionarios públicos que tienen a cargo las el diseño y la ejecución de las políticas de seguridad en la provincia. La demora de dos años en la constitución de la Bicameral de Seguridad que es uno de los órganos de control político previsto en la ley, la no respuesta a la mayoría de los pedidos de informes presentados, la protección brindada por el oficialismo para que ni el ministro ni el director de policía se presentaran a rendir cuentas en la legislatura en las diversas situaciones en las que fueron requeridos, la no puesta en funcionamiento de los consejos departamentales de seguridad y los foros distritales de participación ciudadana, etc. han sido una decisión sistemática del oficialismo provincial que ha tendido a blindar y brindar impunidad al accionar de los principales responsables políticos del Ministerio de Seguridad. Si las máximas autoridades provinciales los venían protegiendo sistemáticamente ¿Por qué razón vamos a esperar que el Ministro, el Director de Policía y sus funcionarios mantengan una cultura de la rendición de cuentas y de la transparencia?
Por Rafael Moyano Senador Provincial (PJ-Frente de Todos)
Presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad de la provincia de Mendoza
