Desde el FIT mendocino denuncian que en los abusos del Próvolo hubo «un trabajito» de encubrimiento

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La comisión de Labor Parlamentaria de la Cámara Baja de la provincia de Mendoza recibió a Jaime Correa, titular de la DGE. Legisladores de distintos bloques participaron de la reunión, que había sido solicitada por diputados y diputadas para analizar la situación del Instituto Antonio Próvolo, ubicado en Luján de Cuyo.

Correa y parte de su gabinete, junto a la Directora de Educación Privada y la Supervisora de la Sección 5 de Luján de Cuyo, respondieron consultas y explicaron las acciones que desde la Dirección General de Escuelas se llevaron adelante ante los hechos de público conocimiento ocurridos en el establecimiento educativo.

El diputado del FIT, Lautaro Jimenez, de la Comisión de Derechos y Garantías señaló que “según la DGE hicieron un rastreo de todos los expedientes entre el año 2000 y la actualidad, y no encontraron ninguna denuncia por irregularidades a esta institución, menos aún sobre abusos o maltratos. Cuando le consultamos cómo la Supervisión no se había percatado de lo que sucedía en el Próvolo, los funcionarios de la DGE argumentaron que se encontraban frente a una “organización sistemática” que ocultaba lo que allí sucedía y protegía a los abusadores haciendo imposible que la Supervisión y la DGE se enterara de lo que allí sucedía”.

El legislador de izquierda agregó «La institución tenía una organización muy compleja para aislar a las víctimas, que iba desde la misma organización edilicia hasta las vías por las que se canalizaban a los chicos que se quejaban o se presentaban como “problemáticos”, derivándolos a distintos gabinetes que terminaban siempre aislando lo que los chicos podían trasmitir. Detalles que revelan una trama institucional creada y desarrollada para someter a los niños y encubrir los abusos, torturas y corrupción a las que fueron sometidos. Este verdadero infierno en la tierra es lo que creó y amparó la Iglesia Católica traficando a estos abusadores pederastas y amparando las instituciones que desarrollaron para poder cometer sus crímenes”.

El diputado explicó que “es realmente increíble que la justicia llevara adelante una supuesta investigación entre 2008 y 2013, a partir de la denuncia de abusos realizadas por una mamá de esta institución, y no le hayan informado a la DGE y pedido a la supervisora información y acompañamiento. En esa causa, que la Fiscalía remitió a la Institución, la dirección de este instituto presentó informes, apartó a Bordón -el acusado- de su cargo formal, poniendo allí a Corradi, pero lo mantuvo como parte del mismo instituto para que siguiera cometiendo sus actos hasta la actualidad. ¿Cómo puede ser que la Supervisión no haya sido anoticiada de semejantes movimientos en le dirección de la institución y por semejante causa? ¿Cómo puede ser que la Fiscalía no le haya corrido vista a la DGE? ¿Qué clase de “supervisión” es esa?. Realmente resulta increíble el desamparo en que se dejó a esos niños”.

Para Lautaro Jimenez, “esta organización sistemática de los abusos y el sometimiento de menores que existía en esta institución, no podría haber existido sin el amparo y encubrimiento de funcionarios del poder judicial, de la DGE o de ambos. Para no hablar de la completa participación de las jerarquías eclesiásticas y el arzobispado en el armado de esta organización sistemática de abusos, torturas y sometimiento de niños”.

Por último Lautaro Jimenez explicó que ante la gravedad institucional de lo que se está constando, “le solicitamos a la Directora de Educación Privada que nos remita la nómina de instituciones educativas dependientes de la Iglesia Católica que se encuentran bajo la supervisión de la DGE y la cantidad de cargos y subvenciones que se destinan desde la cartera educativa a las mismas. Una información fundamental para ver hasta dónde puede extenderse esta organización criminal con base en el Instituto Próvolo y el entramado institucional de los abusos eclesiásticos en las escuelas”.