En estos críticos días, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, hace malabares para poder «rascar la olla» de fondos económicos para seguir pagando los sueldos, continuar con el proceso de recortar al Estado y asumir las millonarias deudas «regaladas» por la anterior gestión de Alfredo Cornejo, existe gente «afortunada» que resiste como «ñoqui» y pasa desapercibido durante dos gobiernos, con un sueldito nada despreciable de $195 mil mensuales, bancado por el bolsillo de los mendocinos y las mendocinas.
Mientras que el gobierno provincial habla mediáticamente de «Transparencia» y «Apertura al Diálogo», sus palabras se diluyen cuando nos referimos al Defensor de las Personas con Discapacidad de Mendoza, el licenciado Juan Carlos González, que desde hace dos años sigue ocupando un lugar que en los papeles legales ya estaba terminado… pero que aún sigue cobrando mensualmente sus «honorarios», que se equiparan a los de los senadores provinciales, sin saber mucho de su gestión a favor de los mendocinos y mendocinas con discapacidad.
El pasado 8 de mayo, el usurpador Sr. Gonzalez cumplió dos añitos al frente de un mandato ya vencido, quedando en una especie de «limbo» como funcionario público sin número de expediente… los cercanos aseguran que por esta celebración no hubo torta, ni alegóricos «ñoquis».
Sin dudas, el Sr. Gonzalez es un hombre que cae muy simpático, ya que resistió dos gobiernos: el de Alfredo Cornejo y permanece «firme como rulo de estatua» en el de Rody Suarez. Resistió a los llamados a concursos, a las renovaciones de autoridades, a los recortes que realizó el Estado provincial en el área de Discapacidad… lo que deja en evidencia el poco interés del gobierno provincial en la temática «discapacidad» y el rol que ocupa este «Defensor» que nadie sabe de su vida y de su «fantasmal» gestión.
Juan Carlos González ocupa el cargo de Defensor de las Personas con Discapacidad, desde el 8 de mayo del 2013, fecha en la que fue elegido por la decisión unánime de los legisladores de respetar el orden de mérito determinado por la Comisión Bicameral encargada del proceso de selección.
Según la Ley Provincial 8345, dura 5 años en sus funciones y entre las causales de cese se encuentra el vencimiento del mandato, que ocurrió hace 2 años.
En el año 2018 se realizó el proceso de selección por una Comisión Bicameral donde todas las fuerzas políticas estaban representadas, se evaluaron antecedentes, avales y se evaluó individualmente a cada postulante con una entrevista donde se planteó la resolución de casos.
En marzo de 2019 Se convocó la Asamblea para ratifique el resultado del proceso realizado con la designación efectiva de Germán Ejarque y Andrea Mohammad, por ocupar los primeros lugares en orden de mérito.
En una sesión atravesada por el escándalo, la Legislatura no alcanzó la mayoría especial y no avanzó en la designación del nuevo Defensor de Personas con Discapacidad, ya que el candidato con mayor puntaje (Ejarque) obtuvo la misma cantidad de votos que el candidato de Alfredo Cornejo (González) que obtuvo el tercer lugar en orden de méritos.
De la Asamblea Legislativa quisieron participar muchas personas con discapacidad y sus familias que pedían se respetase el orden de méritos y denunciaban que González no intervenía en las denuncias cuando quienes vulneran los derechos son funcionarios de su mismo signo partidario, pero el oficialismo ordenó cerrar el recinto.
Germán Ejarque, comentó que antes de la Asamblea representantes del radicalismo ofrecieron llegar a un acuerdo que incluyera a González pero que él lo rechazó al sostener que «Ocupar un lugar donde uno debe estar del lado de los vulnerados por un acuerdo político le quita seriedad y objetividad al organismo».
El entonces presidente del bloque radical en Diputados, César Biffi, declaró a la prensa que no habría otra convocatoria a Asamblea Legislativa de elección hasta que el Frente Cambia Mendoza no consiga los votos que garanticen la continuidad de «el amigo» González.
«Yo voté porque se respetara el orden de mérito porque si la comisión, en la que trabajan todos los partidos políticos, hace una selección en base a un puntaje se respete y no pongamos en tela de juicio si es partidario o no, porque estamos manchando un concurso público» declaró oportunamente el legislador de Protectora Mario Vadillo, quien en varias oportunidades pidió la renuncia de González por no cumplir sus funciones y presentó denuncias en la Oficina de Ética Pública.
En mayo de 2019 la Diputada Carina Segovia, pidió a la vicegobernadora Montero que dejara de abonar los haberes de González dada la condición de vencimiento de su mandato ya que no hay norma jurídica que fundamente su continuidad en el cargo y declaró que “No hay nada que sostenga que esta persona siga cobrando un sueldo por parte del Estado, según lo que dice la ley de Procedimiento Administrativo sería un usurpador del cargo. Nosotros sabemos que los actos están viciados de forma grosera cuando proceden de un usurpador”. Y enfatizó: “Lo dicen los especialistas del Derecho Administrativo, lo afirma la Ley. Por lo tanto creemos que la Legislatura debe cesar en el pago a este funcionario, es más pedimos vista que se le dé a Fiscalía de Estado y a la Oficina de Ética Pública porque habría que analizar si no corresponde que devuelva los haberes mal percibidos”.
En su momento Cornejo declamó que “Los ingresos al Estado dejarán de ser a dedo o por decisión política”, y luego el gobernador Suárez aseguró que “El ingreso por concursos será uno de los ejes fundamentales”, pero lamentablemente los reclamos de una sociedad que exige transparencia y el respeto de las instituciones no son escuchados cuando se quiere contar con la complicidad de los organismos de control.
Resulta inadmisible y atentatorio contra la institucionalidad de Mendoza es que no se cumplan con las leyes en la propia Legislatura ¿Podrá responder con transparencia y diálogo la gestión de Rody Suarez?
