Aranguren en la Audiencia Pública
En las sedes del interior en las que también se realizaron audiencias se observó un escaso nivel de participación y las exposiciones -conectadas vía teleconferencia con la Ciudad de Buenos Aires- se dieron en un ambiente tranquilo que sólo fue quebrado por incidentes en Neuquén -donde se suspendió la audiencia- y pequeños disturbios en Córdoba.
Aranguren, tras considerar “distorsionado, desigual, injusto y arcaico” el actual esquema tarifario para el gas, justificó la propuesta oficial en la necesidad de “dar señales adecuadas al uso responsable, promover la producción y el empleo local y reducir las importaciones”, advirtió que “el 40% de la población no tiene aún acceso a las redes de gas natural”, rechazó la “injusta distribución de subsidios a nivel federal”, y remarcó la importancia de la tarifa social, orientada a “proteger a los más vulnerables”, que alcanza a un millón y medio de hogares.
Como argumento más gráfico, Aranguren precisó que “para los consumos más bajos la tarifa será de 107 pesos antes de impuestos, cuando el gas en garrafas demanda 299 pesos mensuales”.
Luego de los 20 minutos que duró la exposición del ministro, las tres horas siguientes de audiencia transcurrieron entre los argumentos de responsables de las carteras de Energía provinciales y los principales productores del país (YPF y Total Austral), transportadoras y distribuidoras, consultoras y entidades empresarias del sector, todos coincidentes con la posición del Ejecutivo nacional.
Los operadores del sector también aprovecharon para descargar una batería de presentaciones sobre los efectos de una insuficiente actualización y fuertes subas de costos en casi dos decenios, lo que, según aseguraron, les provocó déficits operativos y pérdidas acumulativas no compensadas por asistencias y subsidios.
Las exposiciones de la mañana fluyeron con normalidad, pese a breves interrupciones ante reclamos por demoras en el ingreso de asistentes y griteríos de algunos asistentes, que apuntaron de manera directa con insultos a Aranguren y motivaron el llamado al orden de los moderadores de la audiencia.
En tanto, los defensores del Pueblo de todo el país coincidieron en reclamar al gobierno nacional la conformación de una tarifa social única y automática para todos los servicios públicos, atar los aumentos a la evolución de los salarios, junto con la necesidad de contar con la plena vigencia de las leyes de entidades de bien público y clubes de barrio, y que se reconozca el acceso a los servicios energéticos como «derechos humanos».
“Defendemos el derecho de una tarifa social única y automática, porque la descripción que hace el gobierno es mirando a las empresas como inversoras, pero el Estado tiene otro rol que es mirar a las personas que están en unas situación más desfavorable ya sea de los sectores bajos, medios, comerciantes, pymes e industrias”, planteó el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, argumento respaldado por sus pares provinciales y municipales.
Luego de los Defensores del Pueblo fue el turno de las asociaciones de usuarios y consumidores, que criticaron el nuevo cuadro tarifario, en especial el valor fijado a boca de pozo que implica una «dolarización» de la tarifa, y reclamaron que los trámites para acceder a la tarifa social sean menos engorrosos.
«Tenemos que discutir la tarifa del valor de gas en boca de pozo, en el transporte y la distribución, pero esta audiencia no está enmarcada en eso sino que analiza los precios de 2015 y 2016 para tomar esa caracterización para un precio que no se refiere a ningún precio real», disparó el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, y se preguntó «cuál es el valor con el cual el ministro se sienta en la mesa de negociación para defender a los usuarios. Ese es el tema central».
Fuera de la Usina del Arte, la actividad no fue menor, e incluyó desde denuncias por exlcusión de inscriptos a la suspensión de la audiencia virtual en Neuquén por incidentes entre trabajadores estatales y la policía.
En Córdoba, el abogado Horacio Viqueira, uno de los letrados amparistas que logró medidas cautelares en contra del aumento de las tarifas del gas y la legisladora provincial del (PTS-FIT), Laura Vilches, presentaron esta mañana recursos para que se «suspenda la audiencia» y se declare nulo el proceso, al sostener que se «cercenaron derechos constitucionales» por haber sido excluidos del listado de expositores.
Frente a estas quejas, la senadora nacional (Cambiemos-Córdoba), Laura Rodríguez Machado, aclaró que «todos los inscriptos tendrán la posibilidad de exponer» y explicó que el Enargas «hizo una selección de la totalidad de los expositores para que un grupo exponga de manera oral y otros por escrito».
En medio de un importante operativo de seguridad, en las calles aledañas a la Usina de Arte, dirigentes políticos y sindicales kirchneristas, y de otras extracciones opositoras encabezaron movilizaciones en rechazo del ajuste de las tarifas y a la política económica del gobierno.
Los líderes sindicales Héctor Amichetti (gráficos), Pablo Micheli y Hugo Yasky (CTA) y Sergio Palazzo (bancarios); los titulares del PJ provincial, Fernando Espinoza, y de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, marcharon junto a otros dirigentes y militantes gremiales y de organizaciones sociales desde la intersección de avenida Brasil y Azopardo hacia la Usina del Arte.
La audiencia, que comenzó poco después de las 9, continuaba pasada las 21 con la exposición de los «expertos sectoriales», con lo que las exposiciones finalizarían alrededor de la medianoche con unas 15 horas de exposiciones.
En base a la lista de oradores dada a conocer por el Enargas, el sábado, a las 9, el representante del Sindicato Argentino de Prensa será el primer expositor de la jornada, al que se sumarán luego otros representantes gremiales y después llegará el turno de los legisladores nacionales.
La audiencia continuará el domingo, también a partir de las 9, y los expositores de la última jornada serán en su mayoría usuarios que se anotaron de manera individual para participar del debate.
