Un hecho lamentable sufrió en estos días la Mendoza «agrietada» por el debate de la reforma de la Ley 7722 y la elección de una nueva matriz productiva para el desarrollo de la provincia. Tal es el caso del acto vandálico que padeció recientemente la diputada provincial Hebe Casado del PRO (Cambia Mendoza), quien también se desempeña profesionalmente como médica especialista en inmunología.
La legisladora fue víctima de la intolerancia ya que en este fin de semana, le escribieron el frente y la vereda del policonsultorio que comparte junto a otros profesionales de la salud en calle 9 de Julio de San Rafael, con pintadas vinculadas al debate minero de los últimos días del 2019.
La legisladora rompió el silencio y, a pedido de BienCuyano, desarrolló una columna de opinión sobre estos lamentables hechos de un sector de la sociedad mendocina intolerante y que no respeta la diferente opinión del otro.
«Debemos institucionalizar el debate»
La participación política de esa cantidad de gente que se manifestó en contra de la 7722, nació bajo el calor del fervor, el entusiasmo, la convicción y la pasión que caracteriza a cualquier sociedad que deslegitima a la clase política en general.
Sin embargo, el sustento científico, no caló realmente hondo en la mayoría de los reclamos. El basamento más firme era poder tener una excusa justa para degradar a los dirigentes políticos del momento, y por supuesto, actuar frente al miedo inculcado con respecto a un inminente e inmediato envenenamiento mediante importantes dosis de cianuro y ácido sulfúrico en nuestro recurso vital, el agua.
De repente, la nueva forma de manifestarse, parece ser digna de acalorados cánticos y brazos en alto, pero por supuesto está exenta de debates racionales en ambientes adecuados para el diálogo y la disidencia realmente democrática. La participación democrática apareció en este caso, bajo su versión tribunera.
¿En qué consiste la versión tribunera? Primero, en estar enojado, si es mucho, mejor. Segundo, difundir el miedo y ese enojo. Tercero, no dar lugar a la institucionalización de la discusión que se da en la calle.
Con el primer requisito cumplieron con creces, supieron arrojar proyectiles hacia la casa de gobierno, manifestaron explícitos insultos y amenazas a todo tipo de persona que se pudiera relacionar de alguna manera con la clase política y por supuesto, no dejaron esgrimir argumento que buscara apaciguar la ola de fervor anti reforma.
Con el segundo, indudablemente se cumplió, quién no escuchó algún comentario en esta semana que haga referencia al envenenamiento que produciría el cianuro, o a las intenciones frívolas del gobierno provincial con respecto a romper con el cuidado del medioambiente con el afán de cerrar negocios personales.
El tercero, es que le otorga mayor gravedad al asunto, cuando las discusiones se dan fuera de los ámbitos democráticos, se deslegitima (aún más) la democracia.
¿En qué consiste institucionalizar el debate? en no fomentar el miedo antes que el intercambio argumental. Sólo de esa manera podemos reclamarle a nuestra clase política que atienda las necesidades de la ciudadanía, sólo si no nos entregamos a un fervor sin fundamentos coherentes, con nulidad de argumentación científica, y por supuesto con metodologías de visibilización que entorpecen el desenvolvimiento normal, transparente y civilizado de la discusión.
Escribo esto, no desde el conocimiento teórico que pueda adquirirse mediante el funcionamiento de las instituciones, ni de lo recomendado académicamente para poder vivir en una sociedad civilizada, tolerante y democrática, sino ya desde el conocimiento de causa: por el hecho de no haberse logrado una institucionalización madura de los debates, tuve que padecer pintadas de ambientalistas en el consultorio donde ejerzo mi profesión como médica. Me parece no sólo absurdo e innecesario, sino también primitivo tener que aguantar manifestaciones violentas en carne propia por el solo hecho de pensar distinto. Será difícil de explicar mediante palabras lo que se siente cuando nadie de los manifestantes aún me rebate los argumentos con alguna especie de sustento científico.
La derogación de la ley que se vivió, fue producto de un avasallamiento de la reconocida nacionalmente “institucionalidad mendocina”. Puede que para muchos haya sido un “triunfo del pueblo”, yo iría a preguntarles a los miles de desocupados que viven en Malargüe, a los técnicos especializados por años que se formaron en nuestros terciarios y universidades que estaban listos para salir a defender el agua en los procedimientos de exploración y explotación minera, a la cantidad innumerable de pymes que habrían podido revertir estos ocho años de recesión económica, a todos ellos, les iría a preguntar si se sienten parte de ese pueblo, o si simplemente fueron silenciado por quienes esta vez, supieron imponerse.
Para finalizar, quiero agradecer a todas las personas que se acercaron a solidarizarse conmigo, tanto a las tienen posturas similares como disidentes, sirvieron de fortaleza para atravesar la turbulencia política de las últimas semanas, y para construir esperanzas sobre la posibilidad de encontrar una mejor manera de resolver nuestras disidencias, tal vez democráticamente al menos.
Dra. Hebe Silvina Casado – Diputada Provincial
