En una histórica jornada para la provincia de Mendoza, donde sin aparato político, choripanes, movida mediática, se movilizó espontáneamente miles de ciudadanos con el claro objetivo de defender los recursos naturales de su lugar, el preciado y escaso agua y el futuro de sus hijos, en una caravana de más de 10 kilómetros de largo que nació desde las entrañas de la Mendoza profunda y llegó esta mañana a Casa de Gobierno para exigirle al gobernador que de marcha atrás con la modificación de la Ley 7722 y no permita el ingreso del cianuro y el ácido sulfúrico a la práctica megaminera de la provincia.
No obstante, el gobierno hace oídos sordos ante la masiva pueblada y, por el momento, no dará marcha atrás con las reformas a la Ley 7722, y sigue en marcha su proceso de promulgación, según indicó Humberto Mingorance, secretario de Ambiente, al mediodía de este lunes. El funcionario remarcó que se llegó a la habilitación del cianuro por un pacto entre el oficialismo y el PJ.
La soberbia de la casta política sigue firme, incluso tratándolos a los manifestantes de «ignorantes» por no entender «el desarrollo de la matriz productiva» de la actividad megaminera y «los beneficios» que traerá la habilitación del ingreso del cianuro y el ácido sulfúrico a la provincia…
En ese marco, el diputado provincial de Protectora y uno de los legisladores que votaron en contra al lobby megaminero que propone la reforma de la Ley 7722, Mario Vadillo, le envió una carta al gobernador Rodolfo Suarez, con el fin de vetar la modificación a esta ley que protege al agua y evita la entrega de los recursos naturales a las multinacionales. Compartimos su redacción con los lectores biencuyanos:
CARTA ABIERTA AL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA RODOLFO SUAREZ
MARIO NICOLAS VADILLO; argentino, defensor del agua y de la ley 7722; diputado de la provincia de Mendoza; por medio de la presente, respetuosamente me dirijo a ud. por mi derecho y como representante de los mendocinos y mendocinas que son fervientes defensores de nuestro recurso tan preciado y escaso: el agua.
Que por la presento solicito al sr. Gobernador, el VETO inmediato de la ley modificatoria de la ley 7722, de acuerdo a las facultades otorgadas por la constitución provincial art.102.
Que ya habiéndome expedido en las respectivas comisiones conjuntas legislativas y en la sesión del dia viernes 20/12/2019, habiendo dado los fundamentos respectivos y mi oposición al proyecto presentado por el ejecutivo, que sienta por tierra la ley 7722, permitiendo el uso de sustancias toxicas en las actividades mineras, sacando al poder legislativo de la ratificación que debía tener, no dando participación alguna a la ciudadanía en general, sino solo creando beneficios para toda aquella actividad contaminante.
Que se repite hasta el hartazgo que la licencia social la tiene el gobernador con el 53% de los votos, quien abiertamente se mostró en campaña a favor de la minería, pero todos sabemos y a los hechos me repito que la licencia social para la minería no la tiene, porque el pueblo asi lo está demostrando, manifestándose de forma pacífica en distintos puntos de la provincia, durante días, llegando al nudo vial que da ingreso a la Ciudad Capital el dia lunes 23/12/2019, luego de haber recorrido cientos de kilómetros a pie, en bicicleta, motos, autos, camiones…todos con un mismo objetivo: dar a conocer el rechazo a la aprobación de la modificación de la ley 7722, que ahora pasará a llamarse la “Ley Cianuro”.
Que dicha modificación sienta por tierra principios ambientales fundamentales como lo son: el de no regresividad, progresividad y gradualidad, principio precautorio, todos recogidos por la ley general de ambiente Nº 25675, ley provincial 5961, así como nuestra carta magna en su art. 41 C.N., y demás tratados internacionales en la materia de protección y de garantía del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
El Estado tiene la obligación de ir aumentando los niveles de protección de los derechos humanos, sin adoptar medidas políticas ni aprobar normas jurídicas que lo empeoren, restrinjan o anulen, sin justificación razonable y proporcionada.
Se debe velar por la progresiva intensificación y extensión de derechos fundamentales, evitando regulaciones regresivas que quiten o restrinjan esos derechos
Con el principio de progresividad debe evitar la anulación de derechos fundamentales a las personas, la protección del Estado a un ambiente sano no puede nunca disminuir, y menos aún en justificaciones absurdas de buscar ingresos, empleo, ampliar la matriz productiva de la provincia; que de modo alguno se encuentra garantizado.
Que asimismo es impensable, que ante 10 años de sequía y emergencia hídrica que padece la provincia, hoy pueda pensarse en darle “visto bueno” al favorecimiento de la industria minera contaminante, sin priorizar la protección de los recursos hídricos, llevando a cabo las obras e inversiones, para poder terminar con dicha situación crítica.
Que en caso de promulgar dicha ley, se iniciarán las correspondientes acciones judiciales, a fin de que se declare a la misma INCONSTITUCIONAL, solicitando que de MANERA PRECAUTORIA se prohíba el inicio de cualquier tipo de actividad minera, hasta tanto sea resuelto el fondo de la cuestión por nuestra Excma. Suprema Corte de Justicia, quien ya con suma inteligencia y criterio se había pronunciado por la constitucionalidad de la ley 7722.
El Estado provincial, hoy a su mando, debe brindar respeto y garantía al derecho humano a un ambiente sano, obligación que es creciente y gradual y progresiva en procura de mejores y más adecuadas instancias de protección y exigible en todos los estadios de su desarrollo.
Que la “ley cianuro” viene a dar vía libre a la minería en nuestra provincia, la que no garantiza de modo alguno, ingresos exorbitantes al erario provincial, no hay números actuales ni concretos de cuanto empleo generan, sumado a los beneficios empresariales que hacen de nuestra provincia un blanco fácil para estrujar nuestros recursos, contaminarlos, dejar pasivos ambientales, ocasionando daños ambientales masivos e irreparables.
Hasta que no exista un control irrestricto de las actividades mineras; que hasta el día viernes pasado era la original 7722, que ponía un fuerte freno, era el escudo protector de nuestros recursos naturales; no puede permitirse la promulgación de la ley, no puede hipotecar el futuro del agua de Mendoza…NO DEBE..los ciudadanos de Mendoza estamos demostrando que es la “licencia social” y ésta ley no la tiene.
