El diputado provincial del PRO, Álvaro Martínez, presentó un proyecto para crear el protocolo de prevención, erradicación y sanción de la violencia política hacia las mujeres en cualquier ámbito que se desempeñe.
Según un estudio realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género en la Argentina, 8 de cada 10 mujeres encuestadas afirman haber vivido situaciones de violencia de género a lo largo de sus carreras políticas. A raíz de los múltiples pedidos y necesidades de impulsar políticas de igualdad de género y, acorde al contexto histórico transitado, el legislador del PRO, Álvaro Martínez, presentó el proyecto de ley para crear el protocolo que prevenga, erradique y sancione la violencia política hacia las mujeres en cualquier ámbito político dentro de la Provincia de Mendoza. “Se propicia el pleno ejercicio de las mujeres de sus derechos políticos y persigue la eliminación de toda forma de discriminación hacia las mujeres”, dicen las disposiciones generales del proyecto.
De esta manera, el protocolo será aplicado a los miembros del Poder Ejecutivo Provincial, todos los Ministros/as y Funcionarios/as Públicos Provinciales al igual que a los Concejales, Diputados/as y Senadores/as Provinciales; entendiendo por violencia política “cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros, que basada en su género, cause daño o sufrimiento, a una o varias mujeres, y que tenga por objeto o resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos”.
“Necesitamos profundizar la legislación que pone en equidad a mujeres y hombres. Entendemos que las promesas y palabras no alcanzan sino hay acciones concretas. Hemos avanzado muchísimo con la ley de paridad pero tenemos que establecer los mejores mecanismos para llevar adelante todas las políticas que garanticen la igualdad y el pleno ejercicio de la mujer en su vida diaria. La violencia política hacia las mujeres es una de las tantas injusticias que sigue practicándose y, en la mayoría de los casos, quedando impune”, aseguró el diputado Martínez, quien agregó: “Con el protocolo estamos dando forma a la prevención, sanción y erradicación de la violencia política en todos los ámbitos provinciales”.
Con esta medida, se sancionará por ejemplo: “agresiones de cualquier naturaleza, física, verbal, sexual que, sin constituir un delito, afecte la integridad física de una o varias mujeres con objeto y/o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos; Proponer invitaciones no deseadas de naturaleza sexual para influir en las aspiraciones políticas de la mujer y/o en el ambiente donde la mujer desarrolla su actividad política y/o pública; Amenazar o intimidar de cualquier forma o especie a una, o varias mujeres, y/o a sus familias que tengan por objeto y/o resultado anular o menoscabar sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o función que ejercen o postulan; Difamar, calumniar, injuriar o cualquier expresión que denigre a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas y/o públicas con base en estereotipos, entre otras”.
