Negre reclamó cambios en la ley de pagos a holdouts y recordó que Rodríguez Saá no declaró el default

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El Senado continuaba debatiendo el proyecto de Ley impulsado por el Poder Ejecutivo para el pago a los holdouts, que incluye la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y que autoriza la emisión de deuda por 12.500 millones de dólares. El bloque de los puntanos dejaron en claro su punto de vista sobre el debate, la senadora nacional, Liliana Negre de Alonso (Peronismo Federal) señaló  “Estoy convencida que no es una ley de normalización de la deuda pública y que sólo ha ingresado el 53,87%  de los bonistas que no ingresaron al canje. Pero además, no están incluidos en esta reestructuración los bonistas que optaron por la ley, jueces y juzgados argentinos, tienen sentencia firme y están diferidos por el art 41 de la Ley de Presupuesto que no ha sido modificada en la presente ley. No hay normalización por un principio fundamental, que sostenemos y respecto del cual vamos a proponer la reforma, y es que no puede haber normalización de la deuda pública si no hay modificación del título 3° de la Ley de Administración Financiera respecto a la norma de contracción de la deuda pública”.

La puntana agregó “Con el senador Rodríguez Saá, vamos a proponer modificar el art 7, del Título 3° de la ley 24156 estableciendo que las entidades de la administración nacional centralizada y descentralizada, las empresas y sociedades del Estado y todo ente público o privado con participación estatal mayoritaria no podrán realizar operaciones del crédito público de ninguna naturaleza ni reestructurar deuda pública sin previa autorización por Ley especial del Congreso de la Nación sancionada al efecto. Y en igual sentido no podrá haber prórroga de la jurisdicción soberana sin previa autorización por Ley especial del Congreso sancionada al efecto”.

“Hay dos sentencias incumplidas, íntimamente vinculadas. Griesa está investido de jurisdicción sobre la Argentina porque nosotros en el Decreto 1735, que después fue ratificado por ley, prorrogamos la jurisdicción y  voluntariamente nos sometimos a la jurisdicción y leyes de dicho Estado. El cumplimiento de la sentencias son un acto debido por quienes estamos condenados a dicho cumplimiento”, afirmó la senadora Negre.

“El 23 de diciembre de 2001 estábamos en una nueva Asamblea Legislativa eligiendo un nuevo presidente frente a la renuncia del presidente De la Rúa. En ese momento el presidente Adolfo Rodríguez Saá no dijo que declaraba el default, porque además no usamos palabras extranjeras. Dijo que iba a declarar la suspensión de pagos: “la deuda externa se ha venido pagando sin cumplirse con el requisito constitucional que dice que es atributo del Congreso arreglar el pago de la deuda interior o exterior de la Nación. Vamos a tomar el toro por las astas, vamos a hablar de deuda externa. En primer lugar anuncio que el Estado Argentino suspenderá el pago de la deuda externa: esto no significa el repudio de la deuda externa, no significa una actitud fundamentalista, por el contrario, se trata del primer acto de gobierno que tiene carácter racional para darle al tema de la deuda externa el tratamiento correcto. Nuestro gobierno abre las puertas a esta Congreso para tomar conocimiento de todos los expedientes y los actos administrativos que estén vinculados con la deuda externa argentina, incluido este período gubernamental. La transparencia se hace y no se proclama”, agregó.

“La determinación del 23 de diciembre de 2001 fue por encontrarnos con un juez federal que dijo que había 477 casos que eran espurios y que no se podían pagar, que las acciones personales están imprescriptibles porque todavía vive alguna de esas personas que contrajeron esa deuda. Deuda, dinero que nunca entró al país pero que la pagamos todos los Argentinos. Pero en segundo lugar se nos exigía pagar la deuda externa con la situación que vivíamos en diciembre de 2001. El riesgo país: 5501. La inflación/deflación 0,1%. PBI promedio anual: -4% por la contracción de la economía. Indigencia: 13,6%. Pobreza: 38,3%. Desempleo: 18,3% de la población económicamente activa. Y la deuda externa era de 144.453.000 de dólares, de esa deuda externa el 57% correspondía a bonos y títulos públicos; 37% a organismos internacionales; 5% a acreedores oficiales; y el restante por ciento a bancos acreedores, comerciales y proveedores. En esa situación, donde frente a nosotros nuestros hermanos argentinos caían muertos como moscas por la situación terminal de la República Argentina ¿querían que se pagara la deuda externa? ¿Qué es lo que correspondía? Y que frente a una sentencia de un juez federal de la nación que decía que había 477 casos que no se debían pagar, no se suspendiera el pago de la deuda para poder separar la deuda y además reestructurarla. No fue default. No dijo (Rodríguez Saá) que se iba  a pagar. Dijo que iba a suspender para que decida el Congreso”.

“Desde acá le pido nuevamente al Procurador del Tesoro Nacional, la contracción de esta deuda, que si bien penalmente no es castigable porque está prescripta, si es una deuda nula de nulidad absoluta por el viejo Código Civil y por el nuevo Código Civil, no confirmable e imprescriptible, nuestras autoridades tiene la obligación de instruir para que se inicien las acciones de daños reparadores y que vuelva al Estado Argentino el dinero de todos que salió ilegalmente del país”, concluyó la legisladora.

Se espera que el debate continúe hasta la medianoche, ya que la lista de oradores superaba el medio centenar de legisladores.