El senador Alejandro Abraham propone «jugar» con cianuro y mercurio en la tierra del buen vino. El pueblo mendocino dice enfáticamente «NO toquen la Ley 7722» y marchan este martes a la Legislatura provincial

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Mientras que en Buenos Aires se muestra en este preciso momento el Valle de Uco, en el marco de la Feria Internacional de Turismo, como una región donde se cuida el ambiente natural y sus recursos, la alta calidad de sus productos orgánicos, su ejemplar producción vitivinícola de calidad internacional… en la provincia de Mendoza, puertas adentro, se habla del manejo de cianuro, mercurio, acido sulfúrico y otras sustancias de alta peligrosidad para «jugar» con el futuro productivo de la provincia y de la calidad de vida de sus habitantes.

Mientras la práctica del fracking ya está instalada en el sur de la provincia cuyana, sumando cada vez más pozos de potencial extracción, la discusión por la minería se reactivó en Mendoza, a partir de la «nueva» propuesta del senador de PJ-Unidad Ciudadana Alejandro Abraham que presentó un proyecto para modificar la ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería.

En diálogo con MDZ Radio, el senador peronista señaló que es «necesario hacer una ampliación de la matriz productiva». «La minería es como toda actividad, si se hace bien no contamina, y si se hace mal contamina», remarcó el legislador. También reconoció que una ampliación de la actividad «no sería una panacea» para Mendoza, pero crearía «puestos de trabajo y generaría ingresos».

Y agregó Abraham “Lo que no tenía la 7722, que lo incluimos acá, son mayores garantías económicas como establecer un seguro ante cuestiones ambientales. Lo que nosotros estamos poniendo ahora, es que además de ese seguro tiene que haber una constitución de  garantías reales para que cuando se den oportunidades de cierre de la mina, abandono de la mina que se dé la remediación de terrenos. La actual legislación no decía nada”.

“Por otro parte, los controles. Si se desarrolla un emprendimiento minero la 7722 no hace mención específica a cuáles van a ser los controles. En esta ley yo pongo tres controles uno por parte del Ejecutivo a través de la Policía Ambiental Minera, otro es esta Bicameral de seguimiento ambiental y como estos dos pueden ser sujetos de dudas por parte de la población establecemos un tercer control que es la participación ciudadana”, concluye el senador nacional de Unidad Ciudadana.

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Por su parte, en declaraciones para Radio Mitre Mendoza, el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, salió al cruce ante la propuesta del legislador señalando “Nos preocupa que se quieran eliminar controles en una industria como la minera metalífera, que requiere de un control exhaustivo para evitar que se contamine el agua tanto para el consumo humano como para riego y producción de alimentos. Nosotros, en aquel momento en que discutimos la 7722 en la Legislatura teníamos que remitirnos a ejemplos de las consecuencias en otros países por la actividad minera. Pero lamentablemente en estos años que han sucedido la sanción de la ley tenemos ejemplos muy cerca, como lo que ocurrió en Jachal no solo una vez, donde se ha vertido cianuro sobre las aguas del río.

“La 7722 es una ley que controla la actividad minera, no la prohíbe. Por eso la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en un fallo unánime ratificó la constitucionalidad y plena vigencia de la 7722″, concluye el jefe comunal.

Otro que se mostró en contra de esto es el ex concejal de San Carlos, Juani Jofré, que a su vez integra Unidad Ciudadana, el mismo espacio que Abraham.

«No quiero que se modifique la Ley. Con Abraham tenemos muchas coincidencias pero en este tema claramente no coincidimos. Mi postura está basada además en lo que piensan y opinaron nuestros compañeros en el plenario», dijo Jofré.

 

El pueblo le dice NO!

El proyecto de Alejandro Abraham no es el único que quiere llevarse puesto la ley 7722 y modificarla para poner más en juego la calidad de vida de los mendocinos. Otros de similares características han presentado por separado los legisladores provinciales peronistas Silvina Camiolo y José Antonio Agulles, con el mismo nefasto objetivo.

El movimiento Asamblea Popular por el Agua respondió enfáticamente ante la propuesta «Lxs senadores Agulles, Camiolo y Abraham pretenden vaciar el alcance de la ley 7722, restringiendo su ámbito de aplicación a las áreas urbanas y su periferia… Y eliminando el requisito de ratificación legislativa de las DOS para minería. El último artículo apunta directamente a derogar la Ley 7722. 11 años después, aún no entienden que LA LEY 7722 NO SE TOCA!!! Y que EL AGUA DE MENDOZA NO SE NEGOCIA!!!» proclama desde las redes sociales.

Mañana martes 2 de octubre a las 8.30 hs. habrá una movilización frente a la Legislatura provincial para reclamar que se frene esta modificación a la ley, en defensa del agua pura contra el fracking y contra el Código de Faltas de Cornejo que propone una «mordaza» contra la libertad de expresión.

 

El nefasto episodio del derrame de cianuro de la Barrick Gold en San Juan

Cada 13 de septiembre, se cumple un aniversario más de aquella madrugada fatídica en que se conoció la noticia del derrame de cianuro sobre los ríos de Jáchal desde Veladero, la mina de oro que explota Barrick Gold y Andina Minera del Sol. El grave accidente se produjo por un fallo en el circuito de transporte que causó un vertido de 1.072 metros cúbicos de solución cianurada.

El Gobierno de San Juan se había apresurado en informar que no hubo contaminación. El domingo 13 de septiembre de 2015, Jáchal, departamento situado al norte de la provincia de San Juan, colindante con La Rioja, se vio envuelto en suceso de pánico por la noticia que anunciaba un derrame de agua cianurada que provenía de la mina a cielo abierto Veladero. El derrame habría comenzado el 12 de septiembre y se extendió hasta el día domingo.

Por su parte, el ex intendente Barifusa, de la localidad Jáchal, dijo: “No hay manera que se haya contaminado el agua”. Asimismo, el exministro de Minería de San Juan, Saavedra, dijo: “No hay peligro para la salud humana”. Rápidamente, desde el Gobierno de San Juan y desde la empresa Barrick salieron a decir que la contaminación no llegaría al agua. Entre Gobierno y transnacional se respaldaron mutuamente para llevar tranquilidad a la población.

El pueblo organizó en la noche de aquel domingo una asamblea frente al municipio de Jáchal y el intendente Barifusa tuvo que dar la cara para calmar los ánimos. A las horas, la empresa emitía un comunicado oficial reconociendo el derrame y calificándolo de “incidente”. Sin embargo, en la Ley General de Medio Ambiente esa clase de pérdidas está tipificada como “daño ambiental”. Aún nadie aclaró si los litros de agua con cianuro que se volcaron desde el dique de cola también llevaban mercurio. El escape llegó al río Las Taguas que se une al río Jáchal, que surte de agua para riego de chacras y para bebedero de animales del pueblo de Jáchal.

Por la contaminación de las nacientes de los ríos de Iglesia y Jachal, la Asamblea Jáchal No Se Toca inició una demanda en el juzgado federal de Comodoro Py, donde la causa ha estado a cargo del Juez Sebastián Casanello.

La Justicia confirmó finalmente en julio de este año el procesamiento de dos exsecretarios de Estado y una subsecretaria por omisión de control en el caso del derrame de cianuro ocurrido en 2015 en la mina Veladero.

Lamentablemente en la zona se generaron tres subsiguientes derrames de solución cianurada que generaron la suspensión de la actividad de la megaminera Barrick.

¿Es necesario que Mendoza arriesgue sus recursos naturales y la vida de sus habitantes y el resto de los seres vivos?