Nuevo Estado con Viejas Mañas: Persecuta a los opositores a las ideas de Cornejo, nuevos imputados del caso «El Camion del Fracking» donde figuran el diputado Rueda, la concejal González y referentes del PJ

Actualidad

Si bien en su discurso del día martes, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se refirió al desarrollo de un «Nuevo Estado», inteligente y mucho más ágil, en cuanto a otras modalidades sigue siendo el mismo de siempre. Ya suman 19 las imputaciones por participar de un corte (parcial) de ruta el pasado 26 de abril en el centro de la localidad de San Carlos en protesta por el uso del fracking en la provincia y en donde paralizaron el paso de un camión que transportaba material vinculado a la fracturación hidráulica rumbo a los yacimientos de Malargüe. En una primera tanda de 11 imputados se involucraron a alumnos y docentes del Instituto Superior Vera Peñaloza. Ahora el juez federal Walter Bento, sumó a 8 manifestantes más, entre ellos figuran el diputado provincial Daniel Rueda (PJ), la concejal Paula González (PJ), Eduardo y Cristian Gottardini (referentes del partido local “Unidos por Tunuyán”), y Juan González (PJ). También están bajo investigación docentes y estudiantes por «entorpecimiento del tránsito», delito del art 194 del Código Penal, con otros vecinos por defender un medio ambiente sano en la provincia.

La persecución (judicial) a la oposición no es nuevo en la práctica cornejista. Ya lo hemos visto el año pasado cuando se notificó de la imputación del delito de entorpecer el transporte por tierra (art 194 del Código Penal de Onganía) a los legisladores del Frente de Izquierda Víctor da Vila, Héctor Fresina y Lautaro Jiménez, junto a los dirigentes obreros Raquel Blas, Guillermo Martínez Aguero, Jorge Chávez, entre otros. En aquella ocasión el «delito» del que se los acusa es la realización de una concentración, marcha y acto el día del paro general del 6 de abril, oportunidad en la que el gobernador Alfredo Cornejo (UCR-Cambiemos) desplegó un enorme operativo policial con la orden de desalojar la calle por la fuerza, algo que no se concretó gracias a la acción de los imputados.

En esta oportunidad, se repite el accionar del Poder Judicial provincial como «un instrumento» funcional a la gestión del gobierno de Cornejo, en esta «cacería de brujas» de quiénes se manifiestan contra su voluntad.

Es sabido que cientos de personas ya han marchado en diversos rincones de Mendoza en contra del decreto del gobernador Alfredo Cornejo que reglamenta la implementación del fracking en la provincia. Se han desarrollado numerosas asambleas en la ciudad de Mendoza, General Alvear, Tunuyán, San Carlos, Malargüe, San Rafael, Tupungato, entre tantos otros.

La semana pasada, el último incidente generó una gran furia por parte del gobernador Cornejo, donde un grupo de manifestantes cortó este jueves la ruta 40 a la altura de San Carlos, en la provincia de Mendoza, para impedir el paso de camiones que, según aseguraron, llevaban material para realizar fracking en la ciudad de Malargüe.

La reacción de la gente fue rápida y al poco tiempo unas 200 personas se concentraron en el lugar y detuvieron el paso de los camiones mediante un corte sobre ruta 40. Sin embargo, el tránsito no fue interrumpido de forma total. Gendarmería y policía estuvieron presentes, amenazando durante horas con reprimir la protesta para cumplir la orden de desalojo emitida por el Juez Federal Walter Bento.

Al día siguiente, al buen estilo dictatorial, un grupo de gendarmes se presentó en el Instituto de Educación Superior (IES) Vera Peñaloza, donde estudian y trabajan muchos de los estudiantes y docentes que participaron de dicha manifestación popular, para llevarse los datos del regente que se encontraba a cargo del establecimiento.

Finalmente el juez federal Walter Bento imputó, en su primer accionar, a 11 personas por el delito de no permitir el tránsito fluido en una ruta nacional. Este viernes pasado, de esas 11 personas, dos fueron indagadas y ambas son estudiantes del instituto terciario Vera Peñaloza.

Hoy se da a conocer nuevas imputaciones contra ocho manifestantes de la localidad de Tunuyán, que el pasado jueves 26 de abril salieron a la calle a expresar su rechazo a la implementación de fracking en la provincia. Entre los citados a indagatoria se encuentra también el Diputado Provincial del PJ Daniel Rueda, la concejal de su misma fuerza política Paula González, Eduardo y Cristian Gottardini (referentes del partido local “Unidos por Tunuyán”), y Juan González (PJ). La judicialización de la protesta y, en particular, de la oposición, fue denunciado por la legisladora del PTS en el Frente de Izquierda Macarena Escudero.

Facundo Vergara es el abogado de uno de los imputados. Luego de conocer la causa dijo a La Izquierda Diario, «se ha realizado una imputación a ocho ciudadanos que se han ido a manifestar a la Plaza de Tunuyán el pasado jueves 26. Se les imputa el delito que está en el Artículo 194 del Código Penal, que es obstruir caminos terrestres o rutas, en este caso se trata de la Ruta Nacional 40. Con esto, se vulnera el derecho a la libertad de expresión y el derecho de libertad de reunión que está contenido en la Constitución Nacional y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Agrega «Esto es muy grave porque encierra otros fines más oscuros, fines económicos y políticos, y se están usando esta figuras penales para tratar de amedrentar a los manifestantes. Cuando hay un festejo en la Plaza de Tunuyán porque gana River, Boca o Argentina y cortan la ruta, nadie se queja y no pasa nada. Ahora parece que ha venido alguna orden «de arriba» y han ordenado imputar a todas estas personas».

«Cuando llegué a la Oficina Fiscal a mi cliente le estaban librando una orden de detención, por suerte pudimos parar esa acción pero esto explica también la gravedad. Todo ha sido por orden de la Oficina Fiscal de Tunuyán, estamos analizando plantear una excepción por falta de jurisdicción, al tratarse de una ruta nacional», afirma.

Y concluye «La gente del pueblo se ha quedado muy conmocionada al enterarse de esto. Que por manifestarse libremente y en forma pacífica se los llamé a rendir cuentas en la justicia, es un atropello total a todos los derechos consagrados en la Constitución».

Juan Pablo Martínez es docente en Tunuyán y también trabaja en comercio. Es uno de los ocho imputados y después de conocer los cargos manifestó, «el pasado jueves fuimos con mucha gente del pueblo a manifestarnos en contra del fracking. Lo que está sucediendo ahora es que atentan contra nuestra libertad de expresión, sin lugar a dudas. Somos ocho las personas imputadas, seguramente fuimos elegidos a dedo, porque había más de 300 personas manifestando. Esto es una decisión política, imputar a las personas que nos queremos manifestar libremente. Yo creo que esto atenta, no solo contra mi libertad de expresión, sino contra toda nuestra democracia».