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Legisladoras del FIT mendocino le piden al Gobierno provincial “que se cumpla lo prometido” y finalmente se aplique el protocolo para la interrupción legal del embarazo

Legisladoras del FIT mendocino le piden al Gobierno provincial “que se cumpla lo prometido” y finalmente se aplique el protocolo para la interrupción legal del embarazo

Legisladoras del FIT mendocino le piden al Gobierno provincial “que se cumpla lo prometido” y finalmente se aplique el protocolo para la interrupción legal del embarazo
febrero 08
20:29 2018

La senadora Noelia Barbeito, las legisladoras del FIT Macarena Escudero, Cecilia Soria, Mailé Rodriguez, Melisa Prado y las concejalas electas Jesica Bustos y Micaela Blanco Minoli solicitaron esta mañana de jueves 8 de febrero a la ministra de Salud de Mendoza, Nélida Elisabeth Crescitelli, que la provincia cuyana adhiera al protocolo del aborto no punible del Ministerio de Salud de la Nación.

Cabe destacar que las herramientas legales para aplicar dicho protocolo ya están listas, solo es necesario una decisión política que por ahora no se cumple. Es más, el Ministerio de Salud de la Nación actualizó la guía de atención de los abortos no punibles en el año 2015, en base a los fundamentos del fallo de la Corte Suprema de Justicia de marzo de 2012, que precisa los alcances del artículo 86 del Código Penal.

El documento se denominó “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo”, y fue publicado en la página web de la cartera sanitaria nacional el 11 de junio de 2015.

Entre sus principales ejes se destacan el encuadre de la interrupción legal del embarazo en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, como parte de los derechos humanos. De la misma manera, apunta a garantizar el acceso a esta intervención en el sistema de salud a las mujeres comprendidas en las causales de aborto no punible que incluyen, según el fallo F.A.L. de la Corte, el riesgo para la vida o la salud de la mujer, y los embarazos producto de una violación.

El texto del documento precisa, en tal sentido, que “el presente protocolo es de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino y debe ser puesto en práctica por todas las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas”.

Por el momento, sin embargo, a pesar de los lineamientos expresos contenidos en el fallo de la Corte Suprema, Mendoza no lo aplica… a pesar de las promesas del gobernador Alfredo Cornejo, de la ex ministra de Salud provincial, Claudia Najul y la funcionaria de la cartera que asumió recientemente, Nélida Elisabeth Crescitelli.

La senadora provincial del FIT mendocino, Noelia Barbeito señaló al respecto que “presentamos este pedido al Ministerio para que cumplan con lo que se habían comprometido. La adhesión al protocolo denominado “Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles” del Ministerio de Salud de la Nación, elaborado en 2010 y actualizado en 2015, es una necesidad urgente para que las mujeres que son víctimas de una violación tengan el derecho a interrumpir su embarazo de forma legal y segura en un hospital y no ser judicializadas o depender de la objeción de conciencia del médico. A pesar de estar legislado en el código penal desde 1921, las trabas para poder acceder al aborto no punible son enormes”.

Y continuó, “no puede ser que Mendoza sea noticia porque todavía es una de las pocas provincias que no adhiere a este protocolo. En la sociedad y los medios de comunicación incluso se está debatiendo la interrupción voluntaria de cualquier embarazo, pero acá ni siquiera se cumple con lo que establece la ley y la Corte Suprema. Se trata de un problema de salud pública, no podemos sostener más este anacronismo con la realidad y los derechos de las mujeres”.

Por su parte la diputada provincial Cecilia Soria explicó que, “les pedimos que dejen de mirar para otro lado. En la legislatura provincial también tenemos presentado hace varios años un proyecto para esta adhesión, pero ni cuando el peronismo era gobierno ni bajo la actual gestión radical hubo voluntad para debatirlo. Vamos a seguir reclamando por todas las vías posibles que se cumpla con esta demanda por la cual las mujeres nos venimos organizando y luchando desde hace mucho”.

Y agregó, “también reafirmamos nuestro planteo de fondo por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de formal legal, segura y gratuita; la distribución de anticonceptivos en todos los hospitales y centros de salud y la educación sexual en las escuelas. La interrupción del embarazo es una realidad en nuestro país. Por año en argentina se realizan mas de 500.000 abortos y mueren alrededor de 300 mujeres por las condiciones clandestinas e inseguras de los mismos. Tener una política de salud pública es una herramienta para que dejen de morir mujeres por abortos clandestinos. Según las estadísticas en los últimos años entre el 70%y 90% de las interrupciones voluntarias de embarazo se realizaron por fuera de los hospitales públicos o privados, solo teniendo en cuenta los casos registrados que son una minoría. La clandestinidad del aborto es la principal causa de mortalidad de las mujeres embarazadas en nuestro país, mientras que donde se ha obtenido este derecho la mortalidad ha bajado enormemente. Se trata de que las mujeres que deciden hacerlo, puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo de forma segura”.

Para finalizar Barbeito afirmó, “esta vulneración de derechos afecta principalmente a las mujeres trabajadoras y pobres que no cuentan con recursos para acceder de forma segura. La provincia de Mendoza, a pesar de que han pasado 8 años desde la elaboración de la “Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles” del Ministerio de Salud de la Nación, aún no cuenta con un sistema público de salud que lo esté aplicando”.

La posibilidad de interrumpir un embarazo bajo determinadas circunstancias, es una posibilidad que está contemplada desde 1921 en el Código Penal Argentino, sin embargo, las mujeres mendocinas no pueden acceder a este derecho. Las legisladoras presentaron una nota oficial en la mesa de entrada del Ministerio y señalaron que esperan que el gobierno le de respuesta positiva a este tema que cuenta con el aval mayoritario de la población y hasta se debate en los programas de televisión. Esperamos que Mendoza pueda ser noticia porque se avanzó en reconocer derechos y no por casos como el Próvolo.

 

El documento de las legisladoras del FIT que le acercaron a la ministra de Salud de Mendoza

 

Los puntos centrales de la medida de alcance nacional actualizada en el 2015

Dicha guía consta de 72 páginas y es una actualización del protocolo que el Ministerio de Salud de la Nación elaboró por primera vez en 2010, que por entonces generó una fuerte polémica.

La segunda edición, a cargo del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, se actualizó la información médica, bioética y legal.

Entre sus puntos más salientes, la guía actualizada remarca que los casos encuadrados como abortos no punibles no deben ser judicializados, y que no se requiere denuncia policial ni judicial, sino sólo una declaración jurada de la mujer, en línea con el fallo de la Corte.

“La interrupción debe ser practicada por el equipo de salud sin intervenciones adicionales innecesarias, sean médicas, administrativas o judiciales”, sostiene el documento.

Puntualiza, asimismo, que la interrupción legal del embarazo implica el acceso “a atención integral de calidad que asegure el respeto por la intimidad y la autonomía, la información clara y veraz, y el acceso a los adelantos tecnológicos e información científica actualizada”.

En la misma dirección, sostiene que “la decisión de la mujer es incuestionable y no debe ser sometida por parte de los profesionales de la salud a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas”.

Otra novedad es que en la causal de riesgo para la salud de la mujer, considera el concepto de salud integral, que incluye el aspecto físico, mental, emocional y social, en consonancia con la definición de la Organización Mundial de la Salud. Esto implica, según el documento, que también se debe tomar en cuenta la afectación de la salud mental y no sólo física.

En el mismo orden, la guía indica que el peligro para la salud “no exige configuración del daño sino posible ocurrencia”. Y advierte al respecto que “la información incompleta, inadecuada o la subestimación del riesgo pueden acarrear responsabilidades legales al profesional de salud interviniente”.

Otro punto destacado es el referido a la objeción de conciencia, que es el derecho de los profesionales de negarse a realizar interrupciones legales del embarazo. La guía precisa que se trata de un derecho individual y no institucional, por lo cual todos los efectores deben garantizar su realización en los casos que corresponde.

Además, advierte que para ampararse en ese derecho los profesionales deben notificarlo por escrito y en forma previa a las autoridades del efector.

No obstante, tienen obligación de informar a la mujer sobre su derecho a acceder a un aborto no punible si se constata la causal, y de derivarla a otro médico.

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Actualidad política, empresarial y social de la Región de Cuyo: Mendoza, San Juan y San Luis

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