El 5 de junio de 2024, en el Día Mundial del Ambiente, la ministra Jimena Latorre anunció que las 25 hectáreas del Vivero Provincial de Perdriel, en Luján de Cuyo, se transformarían en un establecimiento modelo para la reforestación de Mendoza, con el objetivo de producir 40.000 árboles para 2028.
Dos años después, gran parte del predio se encuentra despejada y el propio Ministerio de Energía y Ambiente reconoce que abandonó aquel proyecto, que contrató trabajos de tala y extracción de árboles y que ahora busca desarrollar un emprendimiento con participación de productores privados.
La información surge de la respuesta oficial al pedido de informes presentado por el diputado provincial Lucas Ilardo y aprobado por la Cámara de Diputados mediante la Resolución 410/2026.
$29 millones para talar y retirar árboles
Esto decía la ministra hace algunos años. Hoy en la legislatura dijo que se retractaba y que ahí iba a ver en emprendimiento privado. Cómo si fuera una periodista no una funcionaria. "Me retracto, dijo. " Es funcionaria pública. Malgasto fondos públicos. Hizo un ARBORICIDIO. Es tremendo y un nivel de impunidad pocas veces visto. Iremos a la justicia aunque sea de ellos. Aunque estemos solos. Y acompañaremos a los vecinos que reclaman en Luján. También quiso responsabilizar al intendente @estebanallasino. Y manifestó que hace años estaba abandonado, cuando en su propio video se ve como estaba. Gobiernan hace 11 años. Impunidad total para los negocios.
— Lucas ilardo (@lucasilardo) October 16, 2026
El informe reconoce que la Subsecretaría de Ambiente adjudicó una contratación de $29.000.000 a Javier Alberto Castro, de MEEP Constructora, para realizar trabajos de relevamiento, tala, trozado, extracción, transporte y disposición de ejemplares forestales sobre una superficie de 12 hectáreas.
La contratación tramitó bajo el expediente EX-2025-02342836-GDEMZA-CCC y los trabajos, según la respuesta oficial, finalizaron en diciembre de 2025.
Sin embargo, el documento no precisa cuántos árboles fueron retirados, qué volumen de madera se extrajo ni cuál fue su destino final.
Un punto particularmente llamativo es que el Gobierno menciona la utilización de “convenios de compensación/disposición” para los restos forestales, pero no acompaña esos convenios ni identifica a sus beneficiarios.
Esto abre interrogantes sobre el destino y eventual aprovechamiento económico de la madera extraída de un predio provincial.
De vivero modelo a emprendimiento con privados
Otro de los datos relevantes es el cambio de destino anunciado para las 25 hectáreas. En 2024, Latorre había presentado un proyecto para recuperar la producción forestal, abastecer de árboles a los municipios y desarrollar actividades educativas.
Ahora, el informe reconoce que el Ejecutivo decidió reemplazar el vivero tradicional a gran escala por un polo socioproductivo en colaboración con productores privados y el sector educativo.
No obstante, la respuesta no identifica a los productores que participarían, las condiciones de utilización del terreno ni el acto administrativo que dispuso la modificación del proyecto original.
Demoliciones, obras y robos sin costos detallados
La documentación también reconoce la demolición de un inmueble antiguo, trabajos de infraestructura hídrica, intervenciones sobre la red eléctrica y la instalación de un portón y cámaras de seguridad que posteriormente fueron robados o vandalizados.
Aunque el pedido legislativo requería fechas, organismos responsables y recursos económicos destinados a cada intervención, la respuesta sólo informa expresamente los $29 millones correspondientes a los trabajos forestales, sin detallar el costo de las restantes actuaciones.
Además, frente al pedido de autorizaciones para la tala, el Ministerio identifica las resoluciones de licitación y adjudicación, pero no individualiza separadamente los permisos técnicos forestales que pudieran corresponder.
La respuesta oficial aporta información sobre trabajos y decisiones que hasta ahora no estaban suficientemente detallados. Pero también deja abiertas cuestiones sobre las autorizaciones, los controles, el manejo de la madera, los gastos realizados y el futuro de un predio de 25 hectáreas que continúa perteneciendo a la Provincia.
La documentación permite profundizar el control legislativo y determinar si las intervenciones se ajustaron a la normativa ambiental, administrativa y patrimonial vigente.
La pregunta que permanece abierta es qué ocurrió entre la promesa de recuperar un vivero para producir 40.000 árboles y la decisión de talar parte del predio y reemplazar aquel proyecto por otro con participación privada.
