Por Rafael Moyano
Hay barrios del Gran Mendoza donde los tiros ya no hacen salir a la gente a mirar. La hacen entrar. Las madres llaman a los chicos desde la puerta sin preguntar qué pasó, porque más o menos ya lo saben, y cierran. Cualquiera que haya caminado esos barrios de noche conoce ese gesto.
Leonel Santino Ortiz tenía 7 años y estaba adentro de su casa, en Villa Junín, Las Heras, la noche del 14 de septiembre, cuando un grupo de hombres le tiró más de cuarenta tiros a la vivienda. Uno le dio en la pierna y no llegó a tiempo. La principal hipótesis de los investigadores es que los atacantes habían ido a buscar a sus hermanos mayores. La causa está en manos de la Fiscalía de Homicidios.
No fue un hecho suelto. Dos semanas antes, el 31 de agosto, un nene de 11 años había recibido un balazo en el hombro en medio de un tiroteo en el barrio La Gloria, en Godoy Cruz; lo llevaron al Notti y se recuperó. Y la última semana de septiembre fue pesada. El jueves 24, a un hombre de 33 años lo balearon cuando salía de su casa, cerca de Bandera de los Andes al 2100, en Guaymallén: un disparo en el tórax y quedó internado en grave estado. Al día siguiente apareció Rodolfo Miguel Mora, de 58 años, muerto de un balazo en un descampado de Maipú. Ese fin de semana, en Las Heras, Carlos Gómez recibió cuatro disparos y quedó en terapia intensiva, y su familia denunció amenazas. En Rodeo de la Cruz, la Policía aprehendió a “El Angelito”, a quien vecinos y comerciantes señalaban como presunto autor de distintos hechos de los últimos meses.
No hace falta exagerar nada de esto. Los hechos ya son suficientemente graves.
Escribo con bronca, no lo voy a disimular. Y la bronca no viene de haber tenido razón, sino de haberlo dicho hace tres años sin que sirviera de mucho.
En marzo de 2023, cuando el ministro de Seguridad era Raúl Levrino, escribí que el Gobierno salía a despegarse del narcotráfico mientras el procurador Alejandro Gullé planteaba otra mirada. Hice una lista de casos que rozaban a la mafia narco, recordé que en la provincia seguía habiendo seis personas desaparecidas y cerré con la frase que se repetía desde el oficialismo: que acá no había bandas. En septiembre de ese año, después del ataque a la fiscal Claudia Ríos, volví sobre lo mismo y le tomé prestada una línea a Fito Páez: Rosario siempre estuvo cerca.
Lo planteamos también en la Bicameral de Seguridad, en el Concejo de Guaymallén y en la Legislatura. De esa etapa me quedó grabada una reunión de la Bicameral con el Ministerio a la que fueron vecinos del barrio Vialidad de Guaymallén y la familia Salzmann. Cuando la conversación se puso incómoda, los funcionarios levantaron la reunión y se fueron, y los vecinos volvieron a su casa sin una respuesta. La que sí llegó después fue por los medios: que no exageráramos, que esto no era Rosario.
Hoy ya no hace falta discutir si Mendoza es Rosario. Hace falta discutir qué está pasando en Mendoza, y para eso también hay que mirar los números.
El Gobierno tiene su respuesta preparada, y conviene escucharla antes de discutirla. Según el Sistema Nacional de Información Criminal, Mendoza cerró 2025 con 65 víctimas de homicidios dolosos, frente a 71 en 2024. Es una baja, y no tengo problema en reconocerla. La ministra Mercedes Rus habla además de una tasa de esclarecimiento de homicidios del 87 por ciento, y el Gobierno informó que en 2025 destinó más de 22.000 millones de pesos a bienes de capital para seguridad: 344 policías nuevos, 226 vehículos, 3.000 chalecos antibalas, armas y tecnología. Hay policías que trabajan, investigaciones que avanzan, detenidos y herramientas nuevas, y sería injusto decir que no se hace nada.
Pero justamente por eso hay una pregunta que no podemos esquivar: ¿quién controla esos 22.000 millones?
No pregunto quién controla contablemente al Estado provincial; ese control existe y le corresponde, entre otros, al Tribunal de Cuentas. Pregunto dónde está la información pública, independiente y fácil de contrastar que permita saber cuánto de esa plata se ejecutó de verdad, en qué se gastó, a qué departamentos llegó, cuánto fue a prevención, cuánto a investigación, cuánto a tecnología y equipamiento y, sobre todo, qué resultados produjo. Una cosa es anunciar una inversión y otra muy distinta es poder medir lo que hizo.
Y ahí tenemos un problema. La Bicameral de Seguridad, que es la herramienta que tiene la Legislatura para seguir esa política, prácticamente no funcionó en 2023, no se volvió a conformar en 2025 y estuvo más de un año paralizada, hasta que se reactivó este septiembre. En sus primeras reuniones, lo primero que planteó fue la necesidad de contar con información, estadísticas e indicadores. O sea que todavía estamos discutiendo cómo reunir los datos para controlar una política que nos toca la vida a todos. Durante todo ese tiempo, lo único que tuvimos fue la palabra del Ministerio sobre su propio trabajo.
Por eso no me alcanza con saber cuántos patrulleros se compraron si no sé dónde están, cuánto tiempo pasan en la calle y qué zonas cubren. No me alcanza con saber cuántos chalecos se entregaron, sobre todo después de años en que la Provincia tuvo que salir a reponer stock vencido. No me alcanza con lo presupuestado si no sé lo ejecutado. Y el 87 por ciento de esclarecimiento me dice poco si no sé cómo se calcula, sobre qué período y qué se entiende exactamente por esclarecer.
Los números provinciales pueden mejorar y, al mismo tiempo, algunos barrios pueden estar viviendo una violencia cada vez más expuesta y más cerca de los vecinos. A una madre de Villa Junín no le cambia la vida una tasa provincial. Que el homicidio se esclarezca está muy bien, pero a ella no le devuelve al hijo. Por eso no me alcanza con el promedio: hay que mirar dónde se concentra el problema.
También hay que mirar qué pasa con quienes tienen que enfrentar esto todos los días. La Policía de Mendoza tiene hoy alrededor de 9.200 efectivos, y hace más de una década que no logra superar el techo de los nueve o diez mil, aunque la provincia creció, porque mientras entran camadas nuevas otros piden la baja, cansados de sueldos que no alcanzan y de las horas de recargo. Los aumentos llegan por decreto, porque los policías no tienen gremio que los represente: el último, un 4 por ciento para noviembre, se oficializó hace pocos días. No es casualidad que en estas semanas se me hayan acercado esposas de policías a pedirme que intercediera ante el Gobierno por la situación de sus maridos.
Hay un dato que me duele especialmente. En los primeros ocho meses de este año cuatro policías se quitaron la vida en Mendoza, y en 2025 habían sido cinco. La propia ministra reconoció que muchos efectivos no piden ayuda por miedo a perder los servicios extraordinarios con los que completan el sueldo. Pensemos lo que eso significa: hombres y mujeres que andan armados, agotados, y que no se animan a decir que no dan más porque necesitan esas horas para llegar a fin de mes. Que ahora exista un programa de salud mental es una buena noticia. Que haya hecho falta llegar a estos números para tenerlo dice mucho de cómo se venía cuidando a los que nos cuidan.
No digo esto para responsabilizar al policía de la esquina. Al contrario: el policía de la esquina también es alguien a quien tenemos que cuidar. No podemos pedirle a una fuerza provincial que enfrente sola un fenómeno que tiene dinero, organización, armas y vínculos que exceden las fronteras de la provincia.
Tampoco creo que la salida pase por los allanamientos y la demolición de aguantaderos con cámaras y funcionarios en primera fila. Un allanamiento sirve cuando forma parte de una investigación que llega hasta quien pone la plata, organiza, distribuye y lava. Cuando se convierte solamente en una foto, sirve para el noticiero de esa noche. En los barrios todos saben lo que pasa cuando se desarma un kiosco: al tiempo aparece otro, a un par de cuadras, con otra gente. Se cae la pared, pero lo que lo sostenía sigue en pie.
Desde lo de Leonel me persigue una pregunta, y no es sobre él. Él estaba en su casa, donde tenía que estar. Pienso en el otro chico, el que termina del otro lado.
Hace una semana ese chico tuvo cara. La noche del miércoles 23, frente al shopping de Guaymallén, un pibe de 13 años fue señalado por un presunto robo a un repartidor. Un grupo de deliverys lo siguió, lo hizo bajar de un colectivo y lo tuvo en el piso; logró zafarse, salió corriendo, quiso cruzar el Acceso Este y lo atropelló un auto. Qué hizo y qué no hizo lo va a decir la Justicia. Pero en esa escena perdimos todos. Perdió el trabajador al que le habían robado. Perdieron los repartidores que salieron a perseguirlo porque sienten que, si ellos no hacen algo, nadie va a responder. Perdió un chico de 13 años que terminó en terapia intensiva. Y perdió también el hombre que manejaba ese auto, que se encontró de golpe con una escena que probablemente no olvide nunca. Una sociedad que llega a ese punto tiene un problema mucho más profundo que un episodio policial.
¿Dónde estaba ese chico cuando tenía diez años? ¿Tenía un club, una escuela que lo retuviera, una parroquia, un profe de fútbol, algún adulto que le preguntara cómo andaba? No digo que la pobreza explique el delito, ni que un chico que crece en un barrio vulnerable esté destinado a delinquir. Digo algo más simple: si el Estado no está, alguien ocupa ese lugar. Y el que lo ocupa puede ofrecer plata rápida, pertenencia, protección y una identidad.
Por eso, más que pedir una estrategia integral, prefiero decir qué haría.
Empezaría por saber dónde estamos parados. Armaría un mapa provincial de violencia armada y narcomenudeo que cruce los llamados al 911, las denuncias, las causas judiciales, los heridos de bala, las armas secuestradas, los homicidios y los puntos de venta identificados, y lo publicaría cada tres meses, barrio por barrio. No para estigmatizar a nadie, sino para saber dónde está el problema y poder medir si la política funciona. Hoy cada organismo tiene un pedazo de esa información y nadie la ve completa.
Con ese mapa en la mano, buscaría que la Provincia, los municipios, las fuerzas federales y las dos justicias, la provincial y la federal, trabajen sobre objetivos concretos y con responsables identificados.
Después hay que estar donde el problema ocurre. En los barrios más golpeados no alcanza con que el patrullero entre y se vaya: hace falta iluminación, espacios públicos recuperados, clubes abiertos, escuelas que funcionen, centros de salud presentes, parroquias y organizaciones con recursos para trabajar, y equipos sociales que se queden en el territorio. Eso necesita plata con nombre propio. Yo propondría crear por ley un Fondo Provincial de Prevención Territorial, con partida específica, objetivos definidos y control público. Si el Estado puede informar más de 22.000 millones en equipamiento, también puede discutir cuánto va a poner en los próximos tres años para que un chico no termine del otro lado del arma. No como gasto social aparte de la seguridad, sino como parte de la política de seguridad.
Para que todo eso no quede en programas sueltos, crearía un Ministerio de Bienestar Comunitario. No hablo de volver al viejo Ministerio de Desarrollo Social. Mendoza lo perdió como cartera propia en 2015, cuando se fusionó con Salud, y desde 2023 sus áreas quedaron repartidas entre Salud, la Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Gobierno; así, nadie en el Estado tiene a su cargo la mirada completa sobre una familia o un barrio. Pero tampoco se trata de reconstruir una ventanilla de asistencia. Lo que propongo es otra cosa: un ministerio con la prevención como eje, con programas direccionados a los lugares y a los chicos que ese mapa señale, y con un objetivo claro, el fortalecimiento de la comunidad: el club, la parroquia, la organización del barrio, la familia. La seguridad empieza mucho antes de que llegue el patrullero, y alguien tiene que hacerse cargo de ese antes.
Y pediría que la Bicameral de Seguridad deje de aparecer y desaparecer según la coyuntura, que funcione todo el año y que el Ministerio rinda cuentas ahí cada seis meses con algo más que la cantidad de patrulleros comprados o cámaras instaladas. Quiero saber cuántos homicidios hubo y cuántas personas terminaron heridas por armas de fuego. Quiero saber cuántas armas se sacaron de la calle y cuántos puntos de venta se desarmaron y volvieron a aparecer. Quiero saber cuánto tarda de verdad un patrullero cuando alguien llama al 911. Y quiero saber cuántos policías tenemos hoy, cuántos entraron, cuántos se fueron y por qué. Sobre todo, cuánto dinero se ejecutó: no cuánto se anunció, sino cuánto se gastó, en qué, dónde terminó y qué resultado dio. La discusión de fondo no es si Mendoza gasta mucho o poco en seguridad. Es qué consigue con lo que gasta y quién lo controla.
Ya sé que alguno va a decir que esto es oposición, que es aprovechar una tragedia. No me interesa repartir culpas partidarias; me interesa que se asuman responsabilidades. Y la primera responsabilidad de un gobierno es no achicar lo que pasa, ni echándole la culpa a la mala suerte ni escondiéndolo detrás de una campaña de comunicación. Una política pública no se evalúa por lo que anuncia, sino por sus resultados y por la transparencia con que los muestra. Si hoy hay más gente diciendo lo que veníamos planteando hace años, bienvenida sea. Solo que en seguridad llegar tarde se paga con vidas.
Esta noche, en algún barrio del Gran Mendoza, una madre va a volver a llamar a los chicos para adentro. Me gustaría que dentro de un tiempo ese gesto se perdiera, como se pierden las costumbres que ya no hacen falta. Para eso hay que empezar ahora. No hay más tiempo que perder.
