Este martes, la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo que había declarado la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras Rurales y sostuvo que la asociación que promovió la demanda no tenía legitimación para llevar adelante ese planteo. El tribunal consideró que no estaba configurado un caso judicial porque no existía un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo que pudiera ser defendido mediante esa acción.
La causa había sido iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) contra el Poder Ejecutivo, con el objetivo de cuestionar el artículo del DNU 70/2023 que derogó la ley 26.737, que establecía el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. La Cámara Federal de La Plata había admitido la demanda, declarado la inconstitucionalidad del artículo y ordenado que el expediente fuera tramitado como proceso colectivo.
Al revisar esa decisión, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti señalaron que la Cámara había considerado a la soberanía nacional como un bien colectivo que podía ser protegido mediante una acción de este tipo. La Corte rechazó ese criterio y afirmó que “el encuadre de la pretensión de la actora realizado por la Cámara, al considerarla apta para sustentar un proceso que tiene por objeto la protección de derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos, carece de todo fundamento”.
«Mientras el pueblo gritó con fuerza que “La Patria no se vende”, la Corte entendió que no existe algo así como un bien jurídico soberanía, y rechazó nuestra demanda para evitar la derogación de la Ley de Tierras, que el presidente intentó a poco de asumir, mediante el Decreto 70/23», denunciaron los ex combatientes de La Plata tras la decisión judicial de la Corte en favor de Milei.
Rematar al país por chirolas
En la antesala de su viaje a la capital francesa para presidir el encuentro empresarial Argentina Week, el presidente Javier Milei brindó un extenso reportaje en dos partes al reconocido semanario galo Le Point. Con el despegue del avión presidencial programado para la noche de ayer martes 29 de septiembre, el jefe de Estado envió un mensaje directo al capital privado internacional, prometiendo seguridad jurídica y reglas claras para la inversión.
El mandatario enfatizó que la gestión nacional garantiza un respeto irrestricto por «el derecho de propiedad y la santidad de los contratos» como pilar del crecimiento económico.
«Vengan a llenarse los bolsillos. Las ganancias corporativas crearán empleos y prosperidad para los argentinos», convocó el Presidente durante el reportaje.
En un contexto económico marcado por la escasez de dólares y la necesidad imperiosa de validar en los hechos el discurso libertario, el presidente Javier Milei desembarcó en París para encabezar la segunda edición de la “Argentina Week”, un evento organizado junto a bancos y embajadas.
La gira oficial —que se extiende del miércoles 30 de septiembre al viernes 2 de octubre— busca vender los recursos naturales y las oportunidades del país ante inversores internacionales, pero lo hace tras bambalinas de una paradoja central: a pesar de haber abierto las puertas de par en par a los capitales extranjeros, las inversiones reales siguen sin llegar.
Según el comunicado de la Casa Rosada, el eje del encuentro en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) girará en torno a las “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión”, con paneles enfocados en la “transformación macroeconómica del país” y la “seguridad jurídica para el comercio”. Sin embargo, el despliegue en locaciones de lujo como el histórico Château de la Muette no logra tapar la realidad: el Ejecutivo no escatimó en gastos ni en delegación para intentar salvar el relato económico.
Mando completo y comitiva VIP: la “casta” en París
La comitiva que acompaña a Milei expone una fuerte centralización del poder político y económico. Viajaron los principales alfiles del Gabinete:
- Luis Caputo (Economía)
- Federico Sturzenegger (Desregulación)
- Mario Lugones (Salud)
- Juan Bautista Mahiques (Justicia)
- Karina Milei (Secretaría General de la Presidencia)
- Diego Santilli (Jefatura de Gabinete)
- Pablo Quirno (Cancillería)
A ellos se suman figuras clave del área financiera y de negocios del Estado, como el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; la secretaria de Energía, María Tettamanti; el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; y el titular de la Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional (PromArgentina), Diego Sucalesca.
Además de los foros con ejecutivos internacionales y la bilateral en el Palacio del Elíseo con el presidente francés Emmanuel Macron, la agenda contempla una premiación al mandatario por parte del Paris Economic Forum, rondas B2B de pesca en el Hotel Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel y encuentros clave con la Agencia Internacional de Energía (IEA).
La recompensa a la “gobernabilidad”
El dato político más sobresaliente del periplo francés es la presencia de 13 gobernadores. La nómina reúne a los jefes provinciales que, a través de los bloques parlamentarios que les responden en Diputados y el Senado, resultaron determinantes para garantizar la aprobación de las leyes clave del oficialismo y blindar las medidas del Ejecutivo:
- Jorge Macri (CABA)
- Rolando Figueroa (Neuquén)
- Gustavo Sáenz (Salta)
- Rogelio Frigerio (Entre Ríos)
- Alfredo Cornejo (Mendoza)
- Leandro Zdero (Chaco)
- Juan Pablo Valdés (Corrientes)
- Raúl Jalil (Catamarca)
- Alberto Weretilneck (Río Negro)
- Carlos Sadir (Jujuy)
- Marcelo Orrego (San Juan)
- Claudio Vidal (Santa Cruz)
- Ignacio Torres (Chubut)
En los hechos, el pasaje a la “Argentina Week” opera como la recompensa política a la colaboración legislativa. Quienes prestigiaron el marco normativo del Gobierno se subieron al avión a París para compartir mesa redonda con gigantes transnacionales como TotalEnergies, Glencore, Rio Tinto, Santander y Louis Dreyfus Company.
El regalito de Cornejo para los franceses
La reciente derogación de la Ley de Tierras en Argentina abre un peligroso canal de vulnerabilidad soberana en Mendoza, al otorgar una alarmante discrecionalidad al gobernador Alfredo Cornejo para disponer de los recursos estratégicos de la provincia.
Bajo la fachada de una supuesta apertura económica y atracción de inversiones, esta medida elimina los topes legales que protegían el territorio nacional, dejando el camino libre para que patrimonios invaluables —como las nacientes de agua, la riqueza minera y las tierras productivas de la cordillera— puedan ser transferidas sin restricciones a capitales extranjeros.
Al desmantelar estos límites históricos, la administración local no solo relega la defensa del suelo mendocino a las fluctuaciones del libre mercado, sino que también hipoteca el futuro ambiental y social de la región en favor de intereses corporativos globales, desprotegiendo los bienes comunes de los ciudadanos que juró defender.
Con la mesa servida pero sin inversores a la vista
El despliegue en Francia ocurre en un escenario donde la Argentina concedió prerrogativas históricas para tentar al capital transnacional. El propio comunicado oficial explicita que la gira busca vender “las oportunidades de inversión a partir del nuevo marco normativo vigente en la Argentina”.
Ese “nuevo marco normativo” no es otro que la puesta en marcha del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el allanamiento del camino judicial para derogar la Ley de Tierras —que eliminó los límites a la compra de campos y recursos estratégicos por parte de extranjeros—. Con estas medidas, el marco regulatorio argentino pasó a ser uno de los más permisivos y desregulados del mundo.
Sin embargo, los números de la economía real desmienten el entusiasmo oficial. Argentina continúa relegada en las mediciones regionales de Inversión Extranjera Directa (IED), ubicándose en los últimos puestos en comparación con el resto de las principales economías de América Latina.
A pesar de la promesa de estabilidad fiscal por tres décadas y la entrega de recursos clave en petróleo, gas, minería y biotecnología, los capitales no ingresan al ritmo prometido. Ante ese vacío, la expedición masiva a París se presenta como la apuesta a “todo o nada” para intentar oxigenar el relato económico ante el círculo rojo internacional.
